Las cárceles del Sistema Penitenciario capitalino tienen una gran deuda pendiente: evitar las muertes violentas de las personas privadas de la libertad que están bajo su custodia.
Entre el 2016 y el 2018, al menos siete internos fueron asesinados en centros penitenciarios locales, de acuerdo con información de la recomendación 03/20 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX).
Tres de las víctimas fueron agredidas por otras personas reclusas en zonas muy concurridas como las áreas de visita familiar y el campo de futbol; mientras que cuatro lo fueron en los pasillos contiguos a los dormitorios.
Además, seis de los ataques ocurrieron a plena luz del día y uno en la noche; y la mayoría se realizaron con armas punzocortantes, aunque estos objetos están prohibidos en estos lugares.
Los reportes también revelan que dos de las víctimas habían ingerido alcohol y drogas. “La observación no se hace para prejuzgar a las víctimas, sino para señalar la omisión al deber de cuidado de las y los servidores públicos”, dice la recomendación.
Agrega que al no existir control sobre el consumo de este tipo de sustancias, se contribuye a que exista un ambiente hostil entre las propias personas que ahí se encuentran.
“Las acciones que causaron la muerte de las personas privadas de la libertad derivan de omisiones de las autoridades penitenciarias en la falta de control de los objetos prohibidos; omisiones en la respuesta a riñas al interior de los centros penitenciarios; en la falta de personal.
“Así como de recursos tecnológicos que ayuden a la vigilancia de la población y en la falta de atención a situaciones previas de conflicto particulares entre personas privadas de la libertad”, concluye.
Sin embargo, explica que el cumplimiento de las obligaciones referentes a la guardia y custodia de las autoridades penitenciarias no solo responde a la voluntad y al actuar de estas, sino de una situación mas compleja, como las causas estructurales y a las modificaciones del Sistema de Justicia Penal.
Por ejemplo, los centros penitenciarios carecen de recursos suficientes y de personal capacitado; además, la sobrepoblación y el hacinamiento provocan situaciones de tensión y violencia cotidiana.
Y aunque en el caso de la Ciudad de México se han logrado avances no ha sido suficiente. Mientras sigan las modificaciones al Sistema de Justicia Penal con una lógica punitivista, la población seguirá creciendo.
Problema sin erradicar en Sistema Penitenciario de CDMX
Este problema no es nuevo. En el 2015 se emitió la recomendación 18/2015 por 40 casos que acumulaban 46 víctimas que derivaron de riñas, pleitos y ajustes de cuentas entre personas privadas de la libertad.
Según la CDHCDMX, esta situación evidencia no solo una omisión en el deber de cuidado por parte de personal y custodia, sino la violencia generalizada que existe en los centros penitenciarios. Además de una falta de control en los objetos prohibidos.
En relación al derecho a la vida de las personas privadas de libertad, la obligación del Estado de garantizar este derecho es aún mayor, dado que se ‘encuentra en una posición especial de garante’ de las personas bajo su custodia, por lo que debe asegurar condiciones mínimas de compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención
También menciona que las autoridades del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México están obligadas al cuidado y preservación de la vida e integridad de las personas privadas de la libertad que se encuentran bajo su cuidado y custodia.
Debido a que en 3 de los 7 casos de asesinato había antecedentes de conflictos anteriores entre las personas agredidas, la Comisión señala la obligación de la investigar todos los reportes de agresiones o maltrato físico.
La Subsecretaría del Sistema Penitenciario también ha sido omisa en realizar un adecuado control de objetos y sustancias prohibidos en las prisiones, ya que el Reglamento de los Centros de Reclusión del Distrito Federal prohíbe la introducción, uso, consumo, posesión o comercio de bebidas alcohólicas, estupefacientes y psicotrópicos.
Así como de sustancias tóxicas, armas, explosivos y, en general, instrumentos cuyo uso pueda resultar contrario a la reinserción social y/o pongan en riesgo la seguridad que se encuentre en el Centro de Reclusión, se lee.
“La omisión de supervisar el acceso de objetos y sustancias prohibidas en los Centros de Reclusión constituye una omisión del Estado para garantizar el derecho a la vida, por lo cual, deberá llevar a cabo todas las acciones para su identificación y poder evitar su uso indebido”, menciona.
A la cabeza
Más del 50 por ciento de las recomendaciones que ha emitido la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México en este 2020 son para la Subsecretaría del Sistema Penitenciario local.
De las siete recomendaciones emitidas, cuatro son para esta dependencia por casos de muerte por violencia y de tortura como forma de castigo en los centros penitenciarios
