La violencia contra la prensa y periodistas en México ha levantado alarmas en la administración de Joe Bien, que ha ido escalando sus posicionamientos respecto a su preocupación. En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó estos comentarios para reforzar sus críticas sobre un supuesto “intervencionismo” a través de algunos medios de comunicación.
Mientras el Gobierno de Joe Biden reclama por los derechos de los periodistas en México, el partido de AMLO impulsa una reforma para que las ONG que reciban financiamiento extranjero no puedan realizar ‘actividades golpistas’ como litigios estratégicos o cabildeos legislativos
El pasado jueves 24 de febrero fue asesinado Jorge Camero en Empalme, Sonora, es el séptimo comunicador en México en los primeros dos meses de 2022 tras los casos de Margarito Martínez, Lourdes Maldonado y Marcos Ernesto Islas en Baja California; el abogado Roberto Toledo en Michoacán; José Luis Gamboa en Veracruz y Heber López en Oaxaca.
Si bien la embajada estadounidense en México, encabezada por Ken Salazar, había condenado los asesinatos de enero e inicios de febrero, la semana previa a la muerte de Camero estuvo marcado un reforzamiento en la postura de Washington respecto a la urgencia de garantizar la libertad de expresión y proteger la labor periodística.
A raíz de la confrontación directa entre el presidente López Obrador con varios comunicadores y medios, el secretario asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y Anthony Blinken, secretario de Estado de Joe Biden, manifestaron la preocupación del Gobierno, postura reafirmada por Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca.
Para analizar estos posicionamientos de la administración Biden, Reporte Índigo consultó a la doctora Arlene Ramírez, fundadora y directora ejecutiva de la consultoría Brandketing, quien comenta que, lejos de una acción intervencionista, las autoridades estadounidenses actúan conforme a los marcos legales tanto nacional como internacional.
“Esto que estamos viendo es una respuesta, digamos, natural a dos contextos. Por un lado, la ley interna laboral, la ley de protección a la libertad de expresión a través de la cual la Casa Blanca está obligada a tomar una postura tajante respecto a los medios que, incluso fuera de su país, están siendo atacados”
En ese sentido, recuerda que el expresidente Donald Trump fue cuestionado por adoptar un discurso similar de señalamientos en contra de los medios de “fake news”. En tanto que Biden y su gabinete han optado por una estrategia más mesurada en este tema, a medida que se ha vuelto más sensible en la sociedad estadounidense, generando una mayor polarización.
Además de esto, recuerda que, en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá de libre comercio y asistido por el derecho internacional, el Gobierno de Biden se pronuncia respecto a situaciones que pudieran poner en riesgo el desarrollo de sus inversionistas y el flujo de mercancías por el contexto político-social que vive nuestro país.
“Lo que se ve hoy en día en México respecto al tema de libertad de expresión y a esta aparente persecución política desde las cúpulas del poder o desde el crimen organizado hacia la prensa son alertas graves de la falta de un Estado de Derecho, de gobernabilidad y de gobernanza. En los tratados internacionales, aunque sean de inversión, el tema de gobernanza es fundamental”
El primer mandatario, sin embargo, mantuvo su postura e, incluso, reclamó que organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fundada por el empresario Claudio X. González, considerado por AMLO como un opositor, reciba financiamiento del Gobierno estadounidense. Esto lo ha calificado como intervencionismo y hasta golpismo.
Leyes ‘antigolpistas’
Tras los reclamos de López Obrador, la diputada federal morenista Celeste Ascencio Ortega presentó una iniciativa para impedir que Organizaciones No Gubernamentales que reciban financiamiento extranjero realicen cabildeo legislativo o litigio estratégico, al catalogar estas acciones como “golpistas” y contrarias al interés nacional.
En tanto que, en la respuesta oficial que el canciller Marcelo Ebrard envió a su homólogo estadounidense, aseguró que el Gobierno mexicano no solo vela por la seguridad de la prensa y la libertad de expresión, sino que reviró diciendo que los periodistas fueron asesinados con armas ilegalmente traficadas desde EU, un tema que han denunciado repetidamente.
Tomando como ejemplo discursos similares que se han observado y escuchado en otras latitudes del planeta, la también académica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey explica que los gobiernos tienden a recurrir a acciones de esta índole para tratar de reforzar discursos que se han ido desgastando.
“El Gobierno recurre a esta retórica para reforzar algo que está fragmentado, su discurso que ya no se cree. Una parte muy importante del trasfondo de todo esto es la ruptura del discurso oficial contra la corrupción, el tráfico de influencias y el conflicto de intereses. Hoy sabemos que es un Gobierno humano, como cualquier otro, que es susceptible a eso”, expone.
En ese sentido, también advierte que, más que un intervencionismo por parte de actores extranjeros, México se podría hacer acreedor a sanciones por incumplir tratados internacionales como la Carta de las Naciones Unidas o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que obligan al Estado a garantizar todo ejercicio de la libertad.
“No es intervencionismo, es que más bien nosotros hemos firmado una gran cantidad de instrumentos comerciales, financieros, de derechos humanos y en el marco del derecho internacional. En la organización jerárquica de la ley en México, todavía, pone a los tratados internacionales en una cobertura de cumplimiento a la par de la Constitución”.
El Gobierno estadounidense de Joe Biden ha puesto el dedo en el renglón acerca de la problemática que enfrentan los periodistas en México ante el escenario adverso para ejercer la profesión
Ramírez concluye que “la democracia, las instituciones y la gobernabilidad, se construyen a partir de las libertades. Si no podemos garantizar el derecho a la expresión en la prensa, tampoco garantizar el derecho a la expresión en absolutamente ningún otro frente. Tenemos que entender que la educación en derechos humanos tiene que permear a nuevas generaciones”.
