Este mismo jueves en que rendía protesta como gobernador constitucional de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, sujetos fuertemente armados ingresaron por la noche a una finca de la colonia Loma Linda, en los márgenes de Guadalajara, para asesinar a cinco jóvenes en lo que se presenta como el primer multihomicidio del sexenio alfarista que recién comienza.
De acuerdo con la información que han difundido las autoridades, tres de los jóvenes asesinados al parecer con rifles AK-47, comúnmente llamados “cuernos de chivo”, tenían
apenas entre 20 y 25 años, mientras que los dos restantes se presume que eran menores de edad.
El multihomicidio se cometió en una casa al cruce de las calles Agua Caliente y Agua del Río, en la colonia citada que se encuentra en los alrededores del Cerro del Cuatro, una zona de alta
marginalidad que comparten tanto el municipio de Guadalajara –donde se dio el ataque- como el de Tlaquepaque.
El gobierno de Alfaro Ramírez en Jalisco comenzó precisamente sumido en un profundo diferendo con el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con respecto a las facultades en materia de seguridad pública asignadas al superdelegado federal en el estado, Carlos Lomelí Bolaños.
La negativa por parte de Alfaro Ramírez a reconocerle atribuciones al superdelegado federal en seguridad pública, condujo a que ni él ni alguno de sus representantes acudieran a la Mesa de Seguridad Estatal que instaló desde el 2 de diciembre Lomelí Bolaños en Jalisco, a pesar de que a la misma sí se sumaron los miembros de instituciones federales como el Ejército Mexicano, la Marina-Armada, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR).
Ayer, por ejemplo, poco después de haber rendido protesta como gobernador del Estado, Alfaro Ramírez instaló el Consejo Estatal de Seguridad Pública sin integrar ni invitar siquiera al
superdelegado federal, Lomelí Bolaños.
Sobre esto declaró el mandatario jalisciense: “Instalamos formalmente el Consejo Estatal de Seguridad en los términos que marca la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Jalisco, a partir del acuerdo que tomamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto al respeto a esta instancia definida en nuestras leyes”.
Sobre la incógnita de si el superdelegado federal, Lomelí Bolaños, será sumado a dicho Consejo Estatal de Seguridad, el equipo de Alfaro Ramírez emitió un comunicado en el que precisa que “en caso de que el Gobierno federal asigne un representante para las mesas de seguridad, será el Consejo quien vote para la integración de quien sea designado”.
También se reconoce que “existen algunos detalles pendientes en el tema de logística y coordinación entre los municipios, el Gobierno del Estado y la Federación, que se platicarán
con el Secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo (Montaño), con quien mantendrá una reunión la próxima semana (el gobernador)”.
Precisamente el día de ayer, Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, incluyó a Jalisco entre los estados que son “focos rojos” en materia de violencia, junto a Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla.