La eficiencia de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL), a cargo de Jorge Galván, prácticamente desapareció en un mes.
La Unidad de Investigación de este órgano había comenzado muy activa los primeros días de julio. Su titular, Eduardo Garza Ruiz, se presentó el martes 7 en la Fiscalía Anticorrupción estatal para interponer dos denuncias por supuestas anomalías en obra pública en la fiscalización de 2018 de Escobedo, municipio que gobierna la alcaldesa Clara Luz Flores.
El funcionario de la ASENL también presentó otra denuncia penal por irregularidades en materia de fondos para obra pública en la cuenta de 2018 del municipio de Zuazua, por un monto de medio millón de pesos. La responsabilidad recae en el exalcalde, Hernán Chapa, y en el edil actual, Pedro Martínez, quienes habrían pagado las obras que no fueron ejecutadas.
Ha pasado casi un mes y el auditor ha permanecido callado para combatir la corrupción fiscalizando cuentas públicas de otros municipios, a pesar de que diputados de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) le entregaron una serie de irregularidades. Se trata de una lista de 15 cuentas públicas con montos no solventados de presidentes municipales de todos los partidos, fiscalización que se mantuvo en la “congeladora” por lo menos desde que acabó este mes.
El coordinador de MC, Luis Donaldo Colosio Riojas, dijo que las cuentas presentadas suman un posible daño al erario de 285 millones de pesos, es por eso que los legisladores de su grupo parlamentario acudieron a la auditoría para que, como órgano fiscalizador del Congreso local, comience una investigación.
Los municipios de Escobedo y Zuazua han sido denunciados a pesar de que hay otros que tienen observaciones
“Estamos aquí para presentar estas cuentas, porque no quisiéramos pensar que la auditoría se esté utilizando de manera para convenir los intereses de grupos políticos, esa no es la función de la auditoría, esa es una prostitución de las funciones. Por eso venimos hoy, a que se nos explique qué se va a hacer con el resto de los municipios que han tenido peores observaciones (que Escobedo y Zuazua), a lo largo de dos años hemos tratado de que no se quede sólo en palabras y que no se sancione”, cuestionó Colosio Riojas.
Ciudadanía pide cuentas a ASENL
En 2015, Jorge Galván González fue nombrado por diputados del Congreso como titular de la Auditoría Superior del Estado, órgano que fiscaliza los recursos públicos de municipios, Gobierno estatal y órganos descentralizados.
Pero su gestión ha dado nulos resultados, señala la organización ciudadana Coalición Anticorrupción, la cual considera que este órgano se maneja por conveniencia de las autoridades. Por ejemplo, ha logrado la autorización de los legisladores para aumentar la nómina de su personal.
A la Coalición Anticorrupción la integran ciudadanos y organismos de la sociedad civil en Nuevo León, como el Consejo Cívico, cuyo presidente es Javier Navarro-Velasco.
“Exigimos al auditor general del estado que demuestre a la ciudadanía que su trabajo está siendo efectivo para acabar con la corrupción y la impunidad, por lo que pedimos un reporte completo sobre el estatus de las investigaciones iniciadas en su gestión”, señala la organización en un comunicado fechado el 27 de julio.
La Coalición Anticorrupción también considera que la Auditoría Superior debería fiscalizar los gastos COVID-19 en tiempo real.
“En el contexto de emergencia sanitaria en que vivimos, la ciudadanía organizada percibe una falta de liderazgo e iniciativa para fiscalizar las compras públicas de los municipios y el estado a través del esquema de asignación directa, precisamente porque otra de sus facultades es hacer revisiones en tiempo real del gasto público”, sostiene la organización.
Las instituciones que integran esta coalición buscan que el Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León (SEANL) sea eficaz. En ese sentido, el titular de la Auditoría Superior del Estado, Jorge Galván, es integrante del Comité Coordinador.
