"Había gente que no se conocía en la marcha, que nosotros no los ubicábamos, que iban cubiertos desde el principio y aventaron algunas piedras"
Son muchas la voces al interior del movimiento #yosoy132 que indican que, durante la marcha convocada el sábado primero de diciembre, hubo infiltrados que ocasionaron los daños en las instalaciones del PRI y de Televisa Guadalajara.
Iban adelante del contingente, encapuchados, incluso invitando a los demás a taparse la cara, según mencionan algunos de los activistas.
En el comunicado de prensa que lanzó el colectivo se advierte que las “personas no identificas arrojaron abierta y ostensiblemente piedras a la misma ante la mirada impávida y cómplice de elementos de la policía municipal”.
“Había gente que no se conocía en la marcha que nosotros no los ubicábamos que iban cubiertos desde el principio y aventaron algunas piedras”, apuntó Gabriel Aguilar Marín, activista.
Y es que según los integrantes del movimiento, a los policías no les bastó con la golpiza a 45 personas y las violaciones de derechos humanos que según denuncian se cometieron en la marcha del pasado sábado primero de diciembre.
Porque el gobierno de Guadalajara, el PRI y Televisa buscaron hasta las últimas consecuencias encarcelar a los detenidos.
Tres denuncias penales fueron presentadas por daños a las cosas y vandalismo, según indicó el procurador del Estado, Tomás Coronado Olmos.
Solo se pudo consignar un delito, los demás salieron con fianza por considerarse delitos menores.
“Pandillerismo, daños a las cosas, resistencia a terceros”, fueron algunos de los delitos que se buscó imputar.
Pero ninguno de los detenidos está implicado en el daño a los edificios de Televisa y el PRI, según indicó la abogada de los jóvenes, Alejandra Cartagena, quien estuvo presente en todas las declaraciones.
Las denuncias penales complicaron la salida de los jóvenes, que ahora tendrán que sujetarse a un proceso penal ordinario ante un juez y en donde buscarán comprobar su inocencia.
A diferencia de los jóvenes detenidos –que tardaron 24 horas, después de la detención, para rendir su declaración -, los representantes de Televisa recibieron todas las atenciones de la procuraduría .
Los abogados de la televisora declararon a puerta cerrada, según información del personal de la PGJE.
Privaron del acceso a todos lo que se encontraba en la oficina, a diferencia de los jóvenes que declararon en presencia de todos.
Además, la empresa valúo los daños a su edificio por 33 mil pesos.
La cifra no es equiparable a los daños que la procuraduría le impuso a los jóvenes por 81 mil pesos, incluidos el daño al edifico del PRI y las seis patrullas averiadas.
De lado del PRI, los abogados de dicho partido permanecieron en la Procuraduría durante todas las declaraciones de los jóvenes detenidos.
De lado del 132 se registraron más de 45 lesionados. Habrá señalamientos en contra de los responsables. El colectivo informó que tiene en su poder videos y fotos de los policías que agredieron a los manifestantes.
Pavel, el chivo expiatorio
“¡Es la impotencia! Pavel es un chico estudiante, no es excelente, pero hizo dos carreras, sociología y licenciado en informática, estaba ahorrando para comprar sus libros, no pudo porque se los llevaron”, reclama con coraje Luis Ocampo, el padre del detenido Pavel Ocampo Núñez.
“No me han dejado verlo, no he podido, desde la mañana me dieron este pase”, comenta el hombre mientras sostiene un documento que no sirve de nada.
Luis Ocampo, de no más de 50 años, exige la libertad de sus dos hijos, Ulises y Pavel. Treinteañeros, de la Ciudad de México que radican en Guadalajara. Los dos fueron detenidos en la marcha del sábado.
Pavel grabó en su celular más de 5 minutos de las agresiones en contra de los manifestantes. Hacer uso de su aparato le valió la detención.
Ahora a Pavel se le acusa de robar dos radios de telecomunicación de la policía de Guadalajara, pero existen fuertes inconsistencias, ya que otras versiones apuntan a el presunto robo de un solo aparato.
Incluso uno de los radios apareció en el transcurso del día, pero la acusación se sostiene con el otro radio que no aparece, pero del que tampoco se tienen certeza que desapareció.
Pavel será consignado a un juez por robo. Es empleado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, tiene un sueldo de mil 500 pesos a la quincena.
La autoridad tuvo que liberar a ocho de los detenidos por falta de pruebas, entre ellas a Marisol Montesuit Chávez, psicóloga egresada del ITESO que fue detenida por defender a una joven que era atacada por la policía.
La acompañaban a la marcha tres mujeres y una menor de tres años. Fue la primera en salir liberada.
La fianza colectiva fue de 81 mil pesos, más mil pesos de liberación de cada uno sumaron 105 mil pesos. Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y familiares aportaron el monto.
Ahora tendrán que acudir cada semana al ministerio público a firmar en tanto un juez determina si tuvieron o no responsabilidad.
Sin embargo las dudas crecen, pues las denuncias penales interpuestas por Televisa, El PRI y el Ayuntamiento de Guadalajara se integrarán a un expediente del que tendrán que defenderse los recién liberados.
Entre ellos, Mario Cano Domínguez, de 18 años. Estudiante de la Escuela de Restauración de Occidente. Su padre, originario de la Ciudad de México, considera que ya no hay condiciones para que su hijo permanezca en la cuidad.
También Sergio Jiménez de Alba, de 21 años, fue detenido y liberado con fianza. Es profesionista en áreas administrativas. Amanda Barragán Ávila, 26 años, ama de casa.
Patricia Galán Maldonado, estudiante de química, y Evelyn Herrera Fernández, de 18 años, estudiante de ciencias sociales. Esta última, una de las más lesionadas.
Se actuó conforme a la Ley: PGJE
El Procurador Tomás Coronado reconoció que los detenidos fueron puestos a disposición de la procuraduría hasta las 3 de la mañana, cuando habían sido detenidos a las 6 de la tarde, es decir, 9 horas después.
Justificó la tardanza aludiendo a que “son protocolos de la policía” y cuando es un asunto colectivo pues se tarda más.
“Nosotros no estamos inventando delitos, estamos investigando los delitos”, afirmó el procurador ante los señalamientos y delitos que se le imputaron a algunos de los jóvenes, como Pavel.
Aseguró que en todo momento estuvo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), sin embargo se sabe que el personal de esa dependencia solo se presentó la madrugada de la detención y volvió hasta la tarde del domingo, cuando iniciaron la declaraciones de los detenidos.
En el transcurso del mediodía del domingo, familiares de una de las detenidas fueron a la CEDHJ a exigir garantías para los detenidos que no habían recibido agua, además de medicina para un chica con asma y reclamaron la incomunicación de los detenidos por 15 horas.
Roberto Briseño, uno de los visitadores de la CEHDJ, ofreció un trato déspota.
Incluso les reclamó que asistieron a la marcha:“ustedes saben a lo que se arriesgan cuando van a esas marchas, ustedes van en son de paz, pero son carne de cañón”.
Un historial represor
La represión policiaca del pasado sábado primero de diciembre recordó a la del gobierno de Francisco Ramírez Acuña el 28 de mayo de 2004.
Se actuó del mismo modo: sin coordinación, agarrando parejo y sembrando pruebas contra 27 detenidos que no tenían relación con los desmanes a las afueras de las instalaciones del PRI Jalisco y de Televisa.
Las decenas de denuncias por tortura luego de aquella marcha del 2004 en el marco de la Tercera Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, marcaron la administración de Ramírez Acuña como una de las más autoritarias y represoras.
Al igual que en aquel entonces, en la detención arbitraria de manifestantes del fin de semana pasado participaron elementos de la Policía de Guadalajara y de la Policía Estatal.
También en ambos casos se buscó a toda costa que los visitantes a los eventos internacionales no se enteraran de lo que afuera estaba sucediendo.
La gente que estuvo en el interior de las instalaciones de la Expo Guadalajara en la Feria Internacional del Libro, refiere que no les dejaron salir del recinto.
También existen coincidencias en la actuación de policías municipales y estatales que es importante destacar en otras marchas o manifestaciones.
El 23 de octubre del 2007 un grupo de 70 ciclistas realizó una intervención artística en las calles de Guadalajara.
Al igual que en la marcha del pasado sábado, en la intervención artística con pintura de agua en las calles de la Perla Tapatía, los manifestantes fueron custodiados por la policía durante su trayecto.
En aquella marcha del 2007 hasta contaban con un permiso municipal.
Aún así, no fue hasta el final de la protesta que los policías acorralaron a un grupo de manifestantes y con lujo de violencia los llevaron detenidos.
Al igual que los detenidos del sábado, los ciclistas estuvieron incomunicados e incluso a las afueras de la Procuraduría del Estado durante horas, porque no se sabía qué hacer con ellos.
Resalta que en tres diferentes casos de manifestaciones, la autoridad de seguridad jalisciense actuó igual: acorralando y persiguiendo parejo, sin resguardar realmente de disturbios a las marchas.
