Asegura que subsanó observaciones de auditoría
La candidata del PRI a la alcaldía de Santa Catarina, Irma Adriana Garza, niega que el presidente del Congreso estatal, su esposo Jorge Santiago Alanís, haya negociado para que la cuenta pública 2003-2006 de su gestión no haya sido dictaminada.
“(Alanís) se tendría que abstener de votar en el momento de que se determine si es favorable o desfavorable”, dice la priista.
Mayra González
La candidata del PRI a la alcaldía de Santa Catarina, Irma Adriana Garza, niega que el presidente del Congreso estatal, su esposo Jorge Santiago Alanís, haya negociado para que la cuenta pública 2003-2006 de su gestión no haya sido dictaminada.
“(Alanís) se tendría que abstener de votar en el momento de que se determine si es favorable o desfavorable”, dice la priista.
Reporte Índigo publicó este viernes que Garza quiere ser alcaldesa del municipio por segunda ocasión, pero en la cuenta pública de su anterior adminsitración hay observaciones de la entonces Constaduría Mayor de Hacienda.
Cuenta que aún no han sido dictaminada por el Congreso del Estado.
Una de las supuestas irregularidades fue un excedente de 17 millones 163 mil pesos en el presupuesto de 2006, y que no fue aprobado ni justificado por el Cabildo.
Ayer, la candidata dijo que ese excedente proviene de las adefas –adeudos de ejercicios fiscales anteriores- de 2005, para pagos de autorizaciones de ese año.
“No hay un sobregiro, se trata de un recurso que para el año fiscal 2006 ya tenía la administración, son adeudos que se tenían, adeudos fiscales de ejercicios anteriores”.
La candidata asegura que ese sobregiro no tenía que ser votado por el Cabildo, porque provenía de un presupuesto anteriormente aprobado.
“(Los excedentes) ya estaban totalmente autorizados tanto por el Cabildo, como estaba dentro del formato que pasaba como una adefa para el 2006”, señala.
Cuenta que el órgano fiscalizador empezó a enviarle las observaciones en 2007, y que no fue hasta diciembre de 2008 que respondió a todas las irregularidades, que sumaban alrededor de 35 millones de pesos.
La candidata informa que todas las observaciones han sido subsanadas, a excepción de una que asciende a más de 3 millones de pesos por concepto de ingresos y egresos.
“Nosotros enviamos otra documentación y de la cual, hasta el momento, no he tenido respuesta”, asegura.
La candidata exige que el Congreso del Estado trabaje con una agenda estratégica para minimizar el rezago legislativo.
“Estamos hablando que es mi cuenta pública de 2006, pero hay cinco ejercicios posteriores que tampoco se han calificado ni se han autorizado”, enfatiza la candidata.