Integrantes de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobaron la ley de amnistía en favor de jóvenes que fueron detenidos al participar en marchas y manifestaciones en la capital del país del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2015.
De acuerdo con la decisión de los asambleístas, la medida beneficiará a más de 500 personas, de las cuales tres siguen en la cárcel, sin embargo, la amnistía no alcanza para quienes se encuentran imputados por delitos patrimoniales en bienes de dominio público o privado.
El margen de tiempo considerado con policías locales coincide con las manifestaciones realizadas el 1 de diciembre de 2012, durante la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto.
Ese día, diversos colectivos, entre éstos el colectivo #YoSoy132, participaron en acciones de protesta.
En San Lázaro, manifestantes se enfrentaron a elementos de la Policía Federal, a quienes activistas acusan de haber respondido disparando balas de goma, hiriendo a un hombre que falleció el 25 de enero de 2015.
En el Centro Histórico de la capital del país, los principales daños se registraron en la Alameda Central, el Hemiciclo a Juárez, y en comercios cercanos a avenida Juárez.
Sectores de la sociedad condenaron los hechos, acusaron que en las movilizaciones ciudadanos hubo infiltrados, y exigieron la liberación de todos los detenidos.
En la Asamblea Legislativa, este 24 de abril de 2018, se realizaron dos sesiones, debido a que la primera se suspendió por falta de quórum, cuando diputados de Morena abandonaron el salón de plenos porque presuntamente se excluyó el tema de la orden del día.
Más tarde, por unanimidad, se aprobó la ley que extingue la pretensión punitiva para los manifestantes detenidos.
Al presentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, la diputada Beatriz Olivares detalló que 512 personas fueron detenidas entre 2012 y 2015, de las cuales 96 aún enfrentan proceso penal.
De esta manera, dijo, quedarán libres de la acción penal quienes fueron acusados por los delitos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad, rebelión, motín, sabotaje, sedición y delitos subsecuentes por su participación o presencia en esos eventos masivos durante el periodo señalado.
La ley, que aún deberá ser decretada por el Jefe de Gobierno, establece que los jueces deberán sobreseer los juicios en contra de los acusados por esos motivos y dejar en libertad a quienes aún permanecen recluidos por los mismos.
De la misma manera, se cancelarán las órdenes de aprehensión pendientes y se borrarán los antecedentes penales de los acusados.
Ante familiares y abogados de los acusados, de los cuales la mayoría enfrenta proceso penal en libertad, la legisladora explicó que quedarán excluidos de los beneficios de la legislación de amnistía a quienes se les imputan delitos patrimoniales en bienes de dominio público o privado.
Detalló que para efectos de la ley los detenidos de manera arbitraria durante manifestaciones, marchas, protestas u otra movilizaciones para reclamo social son consideradas víctimas que han sufrido daño o menoscabo físico, económico, mental, emocional por ese motivo.
Con información de Notimex***
