A través de un documento, artistas, curadores, actores e historiadores hicieron un llamado a la ciudadanía y a la comunidad cultural por respeto a las instituciones y en contra de la austeridad cultural, la precarización y el clientelismo y, así, “impulsar candidaturas de ciudadanos que sean miembros del sector cultural y que se comprometan a representar la voz de los productores culturales frente a la maquinaria del Estado”.
Esto con el fin de vencer el escepticismo del sector cultural, el cual, detallan, es uno de los campos más afectados de este periodo, en donde se ha “imperado la concentración de presupuestos para los proyectos presidenciales y el debilitamiento de las instituciones y programas a cargo de la conservación del patrimonio cultural y el apoyo a la creación”, agregan.
Asimismo, se pronuncian que no han habido contrapesos políticos y que la Secretaría de Cultura “se ha revelado como una colaboracionista activa en el desmantelamiento del sector cultural y en el intento abierto de desmovilizar las voces críticas”.
En el documento, firmado por los artistas, Carlos Amorales, Gabriel Rosas Alemán, Eugenia Martínez, Yoshua Okón; el curador Cuahtémoc Medina; los actores Daniel Giménez Cacho, Blanca Guerra y la activista Lorena Wolffer, entre otros, agregaron que “los representantes del poder legislativo han fallado en el rol de limitar el abuso ejecutivo, incluso, cuando la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados intentó plantear al gobierno una redistribución mínima de los recursos del presupuesto de 2021, el cual, acabó claudicando ante el mandato del ejecutivo”.
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Ante este escenario, agregan, es una situación grave, pues el daño que las políticas del gobierno producirán en la cultura mexicana y el patrimonio cultural de la nación “amenaza con volverse irreversible. Por encima de las simpatías partidarias, es urgente que el sector cultural tenga una representación política efectiva, que lleve las demandas y el cambio urgente a la política al poder legislativo y los medios”.
Demandan que es imprescindible que, al menos, en la Cámara de Diputados haya representantes que trabajen directamente para hacer visible la voz y la presión moral y política del sector.
CULTURA: LA URGENCIA DE REPRESENTACIÓN
Lxs abajo firmantes llamamos a artistas, intelectuales … y trabajadorxs de la cultura, a apoyar la candidatura ciudadana de la artista y activista Tamara Ibarra, para llevar a la Cámara una representación del sector cultural… pic.twitter.com/ZifEccs7Lq— Cuauhtémoc Medina (@cuauhmedina) June 5, 2021
En el documento titulado “Cultura: La urgencia de representación”, ante la necesidad de vencer el escepticismo del sector cultural ante la política de representación, exigen cuatro puntos de emergencia.
Piden se detenga la austeridad a la que han sido sometidas las instituciones culturales y, así, asegurar su función como actores fundamentales en la preservación del patrimonio cultural físico e inmaterial, así como los presupuestos de cultura deben restablecerse al nivel previo a la actual administración, para dar continuidad a los proyectos del sector y preservar el patrimonio.
El segundo, “adiós al clientelismo”, ver la necesidad de crear una política efectiva de apoyo a los productores culturales y artísticos, desligada a las políticas clientelares de la Presidencia de la República, independientemente del partido que ocupa las posiciones actuales.
En un tercer punto demandan su rechazo a la precariedad y que instituciones como la Secretaría de Cultura den una inmediata regulación de los puestos de trabajo de las y los trabajadores que de modo ilegal se cubren por medio de los honorarios (capítulo 3000) y que han configurado una política de precariedad estructural que impide concebir una práctica de gestión cultural como un proyecto profesional de vida.
Por último, piden un respeto a las instituciones de cultura mexicanas al “dejar de ser concebidas como parte de la decoración y servicio cortesano de la presidencia”, añaden. Además, piden que deben crearse bases de autonomía en la gestión de las instituciones culturales, que incluyan la definición de periodos de gestión en sus direcciones desligadas de la temporalidad sexenal, así como “equipos basados en la profesionalización, que liberen a las instituciones del concepto de servir a las personas y partidos que ostentan el poder político”, concluyen.
