Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de la “Ley de Geolocalización”.
Esta ley faculta a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las procuradurías locales a exigir a las compañías de telecomunicaciones la ubicación exacta de un teléfono celular.
Esto, supuestamente, se haría solo en estrictos casos de crímenes como secuestro, extorsión, narcotráfico y amenazas.
La ley, aprobada por el Congreso en 2012 cuando se reformaron el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Telecomunicaciones, generó controversia y confusión.
El debate sobre la seguridad y la privacidad permearon la opinión pública internacional.
La aprobación de esta ley despertó preocupaciones por parte de organizaciones no gubernamentales e instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien la declaró inconstitucional y la impugnó.
Fue así que el caso llegó al pleno de la SCJN.
Ahí, los ministros fueron claros al explicar que la PGR no está facultada para intervenir las llamadas o los mensajes de un teléfono celular si un juez no lo autoriza previamente.
Los ministros que votaron a favor argumentaron que la constitucionalidad de la ley se basa en la intrínseca necesidad que representa esta herramienta de investigación y de prevención delictiva.
Por su parte, quienes votaron en contra del dictamen consideraron que la ley es violatoria de los derechos humanos.
Espionaje sobre ruedas
Coincidentemente con el tema, en Estados Unidos, la revista Time publicó un artículo en el que enlista las cuatro formas en las que empresas privadas podría prestarse para espiar a civiles.
Uno de los casos que tiene que ver con la geolocalización es el del sector automotriz.
La publicación resalta los sistemas de posicionamiento global (GPS) con los que cuentan los automóviles, los cuales también tienen herramientas para conectar a un teléfono con el auto.
El vicepresidente de mercadotecnia de la compañía Ford, Jim Farley, se vio obligado a disculparse luego de decir que en otras compañías la información “dura” -como la ubicación de cada auto- era compartida con el gobierno de Estados Unidos.
