"El PRI se burla de las necesidades de la población más desprotegida y representa una violación a la ley electoral ya que está prohibido condicionar los programas sociales a la afiliación partidista"
La guerra comenzó. Se trata de la lucha territorial –entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Revolucionario Institucional (PRI)– por la capital, de cara al proceso electoral de 2015.
A pesar de que todavía faltan más de dos años para la renovación de las 16 jefaturas delegacionales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), los partidos tienen en puerta su primera batalla.
Se trata de la elección de los nuevos Comités Vecinales y Consejos de los Pueblos Originarios que, en teoría, son órganos de representación ciudadana, pero en la práctica, solo una maquinaria electoral. En tres meses, el Instituto Electoral del DF llevará a cabo el proceso de renovación de los representantes vecinales y los partidos ya se disputan su control.
La modalidad con que los amarillos y tricolores buscan captar los servicios de los líderes de cada una de las colonias es mediante el uso faccioso de los programas sociales.
Por eso, la guerra comenzó con una serie de acusaciones, denuncias de índole penal y quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre el PRD y la delegación Gustavo A. Madero y el PRI-DF.
Los primeros aseguran que la –ya cuestionada– titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, utiliza la Cruzada Nacional contra el Hambre y el programa oportunidades con fines electorales en territorio chilango.
Mientras, los segundos afirman que no hay pruebas de ello, y que quienes sí usan de forma indebida los programas sociales del GDF y las delegaciones son los perredistas.
Por esa razón, la elección de los mil 815 Comités Vecinales y Consejos de los Pueblos Originarios será sumamente compleja. Tanto que quien resulte ganador tendrá prácticamente garantizado un triunfo electoral en 2015.
Pruebas contra Robles
La experredista Rosario Robles vuelve a estar en el ojo del huracán. Como si no bastara la lluvia de criticas y denuncias del PAN y del PRD por el caso Veracruz, vuelve a ser vapuleada, pero en el DF.
Las nuevas quejas del partido del Sol Azteca se dan dentro de la segunda delegación más poblada del Distrito Federal: la Gustavo A. Madero, donde se supone, estaban detenidos (por revisión) los programas sociales del gobierno federal.
Resulta que los priistas José Fernando Mercado (diputado local del tricolor), el vocero capitalino, Rafael Luciano, y el coordinador jurídico, Mario Becerril, presentaron una denuncia ante la PGR por el presunto secuestro de brigadistas de la Cruzada Nacional contra el Hambre el pasado 3 de mayo por entorpecer el programa en las delegaciones GAM, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Tlalpan.
Días antes, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, había declarado ante los medios de comunicación que este proyecto federal iba ser revisado de manera conjunta con los delegados, antes de aplicarse.
Por eso los diputados del PRD, afines al ex delegado en GAM, Víctor Hugo Lobo, denunciaron que este acuerdo no se respetó y que el PRI comenzó a operar sus programas sociales con fines electorales.
Como parte de su estrategia, los perredistas acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para documentar con fotografías y grabaciones cómo los brigadistas del PRI están condicionando la Cruzada Nacional contra el Hambre a los habitantes de las cuatro delegaciones.
En diversas entrevistas, el diputado local del PRD, Alberto Martínez Urincho dijo que esto es “una burla en contra de las necesidades de la población más desprotegida y representa una violación a la ley electoral ya que está prohibido condicionar los programas sociales a la afiliación partidista”.
Lo preocupante para los líderes del Sol Azteca está en que los titulares de las demarcaciones no han sido incluidos en el programa a pesar de que son quienes cuentan con la experiencia para el manejo de los programas sociales.
Después, los priistas presentaron una denuncia contra la delegada en Gustavo A. Madero, Nora Arias, por el presunto delito de uso indebido de apoyos sociales, incluido el programa “65 y más”.
En respuesta, la titular de la demarcación declaró que es “ignorante, inmadura y torpe la denuncia que presentaron en su contra los diputados del PRI, pues desconocen que el delito de peculado se aplica en contra de los funcionarios que tienen la custodia de los programas sociales federales”. Y amagó con presentar otra denuncia por daño moral.
El revire tricolor
El dirigente del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, tomó la batuta de la defensa de la Cruzada Nacional contra el Hambre y retó a los perredistas a presentar pruebas contundentes de sus acusaciones.
“El PRD cree que tiene exclusividad para implementar programas sociales que en realidad son clientelares y asistencialistas, porque sólo los usan para comprar conciencias y votos”, dijo.
De acuerdo con el tricolor, a diferencia de la política social del gobierno de la ciudad, la Cruzada Nacional Contra el Hambre es un programa con metas y alcances claros, sustentados en un estudio del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) y la Sedesol.
“Rechazamos categóricamente la mitomanía por parte del gobierno de la ciudad y de cuatro jefes delegacionales, que desde la semana pasada han amenazado que si no es a través de ellos no puede haber Cruzada Nacional contra el Hambre en el Distrito Federal”.
Incluso, Gutiérrez de la Torre acusó a los jefes delegacionales de padecer esquizofrenia, ya que sin haber un periodo cercano de elecciones están temerosos de perder sus parcelas electorales.
“Hoy ya están desgarrándose las vestiduras a poco más de dos años de la elección constitucional. El temor más grande de los perredistas que hoy son jefes delegacionales, y que, seguramente, querrán ser diputados locales o federales en 2015, es perder sus bastiones electorales. La única preocupación de estos jefes delegacionales debe ser promover servicios públicos eficientes que contribuyan al bienestar de los ciudadanos”, aseguró.
“Lamento que los perredistas pidan claridad respecto a los programas sociales cuando hasta el día de hoy no he escuchado a ningún gobernante del sol azteca decir que va a transparentar los programas sociales de las delegaciones políticas, ni a ninguna secretaría del gobierno de la ciudad decir quiénes son los beneficiarios de las becas para jóvenes y madres solteras, y tampoco sabemos donde están los 250 comedores populares que instrumentó el gobierno local en la administración pasada, quién los está financiando y a quienes se está atendiendo”.
Mientras las acusaciones y denuncias suben de tono, la elección vecinal se sigue acercando y la oferta de apoyos sociales son variadas para los capitalinos a cambio de votos.
