"En la práctica, se observa que el arraigo no da muchos resultados"
Como alternativa, el Código Penal permite a los policías investigadores la intervención de comunicaciones privadas
Los compromisos del Estado mexicano en materia de derechos humanos ponen en aprietos a estados como Jalisco, en donde sigue en operación la figura del arraigo para la investigación de delitos del fuero común.
Una medida precautoria contenida en el Código Penal Federal y Estatal cuya finalidad es evitar que el detenido evada la Ley.
Pero en el proceso de aislamiento, muchos detenidos son víctimas de tortura (véase, El rostro de la tortura en Jalisco).
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas alertó en el 2012 que en México la tortura era una práctica sistemática y que el arraigo debía desaparecer.
Hasta septiembre del 2013 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) tiene registradas cinco quejas por tortura; en 2012 la cifra de todo el año fue de 10 quejas.
Y aunque parece que los casos van en descenso, el delito sigue presente en las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al respecto, el diputado panista Víctor Manuel Sánchez, ponente de la iniciativa que busca eliminar la figura legal del Código Penal y de procedimientos penales, refiere que el arraigo es “un fracaso”.
En su visión las instancias de investigación sólo actúan de “manera reactiva”.
“Lo que ocurre es que detienen y luego tratan de investigar y eso no solo es una violación a los derechos humanos, sino que va contra los principios más fundamentales de democracia.
“Las estrategias de investigación en todo el país, y no se diga en nuestro estado, han fracasado, porque si vemos los resultados reales es absurdo”.
El diputado detalla que solo se resuelve el uno por ciento de los casos que tienen las procuradurías en el país.
Para Sánchez, “las instituciones no están preparadas para investigar y detener”, en la realidad el procedimiento es al revés.
El diputado señala que figuras como el arraigo “han permitido que nuestro sistema sea completamente ineficaz. Y ha permitido que las instituciones de procuración de justicia los usen porque no buscan otro tipo de estrategia.
“Yo no he visto que se detenga a un capo y que en esa operación se haya detenido a 200 ó 500 personas relacionadas con ese asunto. A lo más hay un enfrentamiento en el que se detiene al capo tal vez, lo privan de la vida y a lo mejor algunos de los que estaban en ese lugar.
“En la práctica, se observa que el arraigo no da muchos resultados. Cuando en la detención se dice que la personas están involucras con tales ilícitos, después no vemos que en arraigo resulte algo nuevo. Eso implica que el arraigo no tiene ninguna razón de ser porque al final de cuentas no se utiliza para poder llevar una investigación a profundidad”.
El legislador considera que la actuación de las policías y la fiscalía se limita a “goles de suerte”.
“Se detiene a una persona con arma de fuego y esa persona y esa arma de fuego resulta que en los antecedentes criminales aparece que tuvo relación con otros casos criminales y de ahí se depreden el hilo de otras investigaciones”.
Cuestionado sobre los índices de tortura y su relación directa en casos en donde el detenido fue puesto en arraigo, el diputado refiere que eso “ya no se puede permitir en una nueva concepción de justicia y vemos que hay desafortunadamente en nuestro estado.
“Por más que se diga que no existe, sigue habiendo ese método y al final no se puede investigar a punta de garrotazos. Tendríamos que buscar que las investigaciones sean científicas y entonces tendríamos un sistema de justicia más eficaz”.
Nuevos métodos nuevos problemas
Pero eliminar al arraigo sometería a la Fiscalía a una severa crisis, pues en los 40 días después de la detención se arma la averiguación previa en la que se integran todo tipo de historias que permiten al agente investigador emitir un criterio.
Sin otras herramientas de investigación, el diputado Víctor Manuel Sánchez, quien tuvo una larga trayectoria dentro de la extinta Procuraduría General de Justicia, señala que la Ley permite nuevas formas de investigación, que implican el uso de tecnología y el espionaje:
“Nosotros hemos planteado en el nuevo Código de Procedimientos Penales el tema de los juicios orales y sobre todo el tema de establecer la justicia alternativa como dos ejes fundamentales. Pero la misma ley ya contempla la intervención de comunicaciones privadas autorizadas por un juez”.
El legislador panista explica que esa modalidad se aplicaría en casos de delincuencia organizada.
Para ello la FGE debe trabajar en la capacitación de sus cuerpos de investigación en temas de tecnología.
Al ser cuestionado el diputado sobre los nuevos problemas que acarrearía el uso de tecnología en la investigación, el diputado reconoció que sí existe mucha “reticencia” en las instituciones para aplicarlo.
Y es que hoy en día el espionaje es un asunto que ha causado problemas diplomáticos en el mundo, debido a que se contrapone el derecho a la privacidad con las estrategias de seguridad,
No obstante consideró que se debe utilizar porque ya está inscrito en la Constitución de Jalisco “y esta herramienta no se utiliza”.
El diputado se dijo consciente de que al abolir el arraigo el asunto topará en la negociación de presupuesto y quizá reciba el mismo destino que el paquete de reformas al código de procedimientos penales que fueron vetadas por el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien alegó falta de presupuesto.
Sin voluntad para modernizar a la justicia
Los avances en la modernización del sistema de justicia en Jalisco son pocos.
Jalisco es uno de los estados más atrasados en la aplicación del nuevo sistema penal que ahora integraría juicios orales.
Sin embargo el paquete de reformas que daba luz verde al proyecto fue vetado por el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval.
“Es una falta de voluntad del gobernador, se dice que Jalisco está avanzado en muchos aspectos, pero en esto nosotros ya vimos que el gobernador no tiene voluntad para avanzar en los juicios orales, cosa que nos preocupa”.
El antecedente marca la pauta de lo que posiblemente sucederá de abolirse la figura del arraigo, critica el diputado Víctor Manuel Sánchez.
“Nos extraña y vemos que hay falta de voluntad del gobernador de llevar adelante esta reforma, aún cuando los diputados ya dimos completa muestra de que sí queremos avanzar”.
Más de 150 expertos participaron en los foros que organizó el Congreso del Estado a propósito de la reforma judicial y cuyas voces quedaron integradas en el paquete de leyes que daría vida a proyectos como los juicios orales.
Explica el diputado que fueron los priistas los que decidieron que el proyecto arrancara con programa piloto en un solo partido judicial. En este caso optaron por Chapala, que integra otros municipios, como Jocotepec, Acatlán de Juárez y Jocotepec.
El veto del Ejecutivo no advirtió una sola observación al fondo, ni a las formas del paquete que envió el Congreso, simplemente se dijo que no había presupuesto para el próximo año. Y los juicios orales quedaron postergados hasta el 2015.
