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El arraigo es una figura usada por las autoridades ministeriales en México para pedir a un juez la prolongación de la detención de un sospechoso luego del periodo legal, mientras la investigación sigue su curso
Durante el sexenio pasado, cerca de 8 mil personas fueron arraigadas y de esas, solo 464 fueron liberados, según la PGR.
En respuesta a una solicitud de acceso a la información, la Procuraduría General de la República (PGR) destacó que ese periodo coincide con la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa y con los primeros cuatro meses de Enrique Peña Nieto.
En total fueron 7 mil 984 arraigos entre diciembre de 2006 y marzo de 2013, según la PGR.
Mediante un comunicado, la PGR detalló que los casos de arraigo están relacionados con delitos de alta incidencia como delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas, tráfico de indocumentados, posesión de vehículos robados.
La mayor parte de los arraigos -unos 560- tuvieron lugar en Baja California, seguida de Sonora con 411 y de Hidalgo con 110, detalló la dependencia federal.
El resto de entidades registraron cifras de dos dígitos: Sinaloa (97), Aguascalientes (91), Tamaulipas (84), Jalisco (84), Nuevo León (76), Oaxaca (73) y Chihuahua (72).
Tras la petición de información de un particular, la PGR respondió que 10 mil 573 habían sido arraigadas en el mismo periodo, con base en datos de la Dirección General Adjunta de los Centros Federales de Arraigo de la Policía Federal Ministerial.
Analizan abolir esta figura
El arraigo es una figura usada por las autoridades ministeriales en México para pedir a un juez la prolongación de la detención de un sospechoso luego del periodo legal, mientras la investigación sigue su curso.
La figura es válida por 40 días y solo en casos de investigación por delincuencia organizada, según una reforma realizada en 2008.
Sin embargo, el Gobierno Federal y el Congreso analizan la acotación del arraigo debido a que fomenta violaciones a derechos humanos como la tortura, además de que debilita la obligación investigadora de las instituciones.
La figura fue abolida en mayo pasado en el Distrito Federal.
En noviembre de 2012, expertos del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas pidieron al gobierno mexicano abolir la figura del arraigo luego de revisar varios casos judiciales en México, como los presos de Atenco, Ayotzinapa y Villas de Salvárcar.
