El asesinato de Francis Anel Bueno Sánchez, diputada local de Colima, es el caso más reciente de la violencia política contra las mujeres.
El crimen es un ejemplo de por qué es urgente que todos los estados introduzcan en su legislación la modalidad de violencia política en razón de género que ya se aprobó a nivel federal.
Anel Bueno fue hallada en una fosa clandestina el pasado 2 de junio, un mes antes fue secuestrada mientras participaba en una campaña de sanitización por la epidemia del virus del SARS-CoV-2.
Su caso se catalogó como el primer feminicidio político, aunque antes de este suceso ocurrieron más, asegura Nancy Castañeda, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Políticos Electorales.
“Aquí lo grave es todo el procedimiento que hubo con ella siendo una mujer en la política, por ello es un feminicidio político, porque ella estaba ejerciendo su derecho y la raptaron en medio de una sanitización en una localidad de su municipio”, explica Castañeda.
El feminicidio político de Anel Bueno exhibe una de las principales deudas para el proceso electoral del 2021: que las mujeres puedan ejercer su derecho a la participación política en igualdad de condiciones que los hombres en todo el país.
En abril pasado, se aprobaron y promulgaron reformas a 8 leyes en materia de violencia política en razón de género en el Congreso de la Unión. El gran pendiente ahora es lograr esta armonización legislativa en todos los estados del país antes de que inicie el proceso electoral del próximo año.
No queremos que se esté sancionando a todo el mundo, administrativa ni penalmente a los políticos, sino justamente generar condiciones para que las mujeres puedan hacer política en igualdad de condiciones que los hombres
“La intención no es que haya más denuncias de violencia política, sino que sea un incentivo para que no se cometa y sepan que estamos hablando en serio”, explica la diputada federal Martha Tagle.
Debido a que existe una disposición constitucional de que no se pueden hacer reformas a ordenamientos electorales 90 días antes de que inicien los procesos para las elecciones, legisladoras de todos los partidos hacen un llamado a todos los congresos estatales a que armonicen su legislación en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
A la fecha, 12 estados ya modificaron sus leyes y aún está pendiente la homologación en 20 entidades del país.
De esos 20, hay cuatro que no realizaron la propuesta en tiempo y forma; y aunque no están imposibilitados para hacer valer las reformas, simplemente éstas no aplicarían para el proceso inmediato, señala Tagle.
“En aquellos estados donde no se reformó en tiempo y forma van a tener que aplicarse los lineamientos que el INE emita por ahí de septiembre, que es cuando inicia el proceso electoral”, explica la legisladora.
La diputada federal Lorena Villavicencio dice que para evitar violencia política, los partidos no deben intervenir en el derecho de reelección porque es siempre un mecanismo de control, que inhibe el ejercicio libre de quienes tienen un cargo de representación popular.
“Es muy importante hacer una gran campaña desde el Congreso de la Unión para difundir qué implica la violencia política y medios para sancionarla. La violencia política se da en el ejercicio de funciones públicas y de representación popular, no solo en campañas.
“La misoginia habita en muchos hombres y es una conducta que se exacerba con el poder. Por eso debe estar acompañada de la paridad en los espacios de decisión. El poder debe feminizarse para erradicar la violencia política”, afirma.
Participación sin violencia política
Entre las entidades donde se logró la armonización están Oaxaca, Sonora, Guanajuato, Campeche, Querétaro, Michoacán y Colima.
Activistas señalan que Oaxaca es la entidad con más avances en materia de paridad, ya que recientemente se aprobó que quienes sean deudores alimentarios o hayan sido sentenciados por violencia familiar no podrán aspirar a candidaturas para ocupar cargos de elección familiar.
“Oaxaca ya hizo historia, ya se legisló pero fueron más para allá de lo que pide el federal, en Oaxaca no va a ser candidato ningún deudor alimenticio y eso es un logro histórico.
“En Jalisco lo queremos meter pero no tenemos ningún registro de deudores alimenticios, primero por lo que tenemos que ir es por crear esa lista de deudores para poderlos meter”, expone Nancy Castañeda, quien también es integrante de la Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria.
Alto costo político
La violencia política es todo acto de omisión o no omisión que impide ejercer o no ejercer su derecho humano a la participación política, explica Nancy Castañeda.
Con la reforma sobre violencia política esperamos que más mujeres jóvenes levanten la mano para poder participar ya sin el miedo de que el costo vaya a ser muy alto para ellas
En el caso de las mujeres, dice, participar en la política implica un alto costo que muchas veces se toma como algo normal cuando no lo es.
“Les han vendido que es el costo que te vayan a dar menos dinero, que llegues ahí porque seas la amiga de alguien o que es normal que las acosen”, menciona.
Nancy explica que un estudio sobre violencia política en Jalisco muestra que la mayoría de las participantes la vivieron, pero no eran conscientes de que eras víctimas de esta.
“Entonces no levantaban queja ni denuncia, luego descubrimos mientras les estábamos platicando qué es violencia política, que la mayoría la vivió. Y no sabían en ese momento el trato diferenciado que les hacían, les vendieron que el costo de ser mujer en la política era eso”, añade.
