Arma sin filo

Aunque las solicitudes de juicio político se presentan en la Cámara de Diputados con gran alboroto, lo cierto es que ninguna ha prosperado.

Se han convertido en un instrumento de ajuste de cuentas o de amenaza entre grupos de poder.

La petición más reciente de los senadores del PAN por llevar a juicio político a Javier Duarte, gobernador de Veracruz, volvió a encender el debate sobre la efectividad de la medida.

Pero históricamente se sabe que este recurso se ha vuelto más mediático que efectivo contra los servidores públicos a quienes se les acusa de cometer algún delito.

Hasta octubre del 2015, la Cámara de Diputados había recibido 288 solicitudes de juicio político que tiene pendientes de procesar.

Entre ellas, destacan las más recientes: contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte –además de otra que se sumó esta semana, a petición de los senadores del PAN-; y contra Jesús Murillo Karam, el exprocurador general de la República, por el caso de los normalistas de Ayotzinapa.

Destino diferente ha tenido el juicio de procedencia, mejor conocido como desafuero, que se aplica a servidores públicos a los que se pretende quitar la protección constitucional –el fuero-.

Los juicios políticos y de procedencia son distintos, de acuerdo al texto de la Constitución Política.

En México, son cuatro los juicios de desafuero que se han concretado. Todos los procedimientos fueron aplicados a personas adversarias del poder en su momento.

Así, la figura de los juicios políticos pasó de ser una alternativa de rendición de cuentas a una forma de cobrar facturas a los adversarios o a los rebeldes.

Juicio político vs desafuero

Aunque parecieran tener el mismo fin, el juicio político y el de desafuero son dos figuras distintas establecidas en la Constitución Política.

El juicio político, regulado en el artículo 110 de la Carta Magna, establece que un servidor público puede ser juzgado por el Congreso de la Unión si comete violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales, así como el manejo indebido de fondos y recursos federales.

“Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”, expone el texto constitucional.

Se trata, pues, de un castigo político otorgado al servidor que cometió la falta. No hay mayor pena que esa.

El juicio político puede aplicarse a senadores y diputados al Congreso de la Unión; ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consejeros de la Judicatura Federal; secretarios de Despacho; el Procurador General de la República; y magistrados de Circuito y jueces de Distrito.

También a los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral; magistrados del Tribunal Electoral; los integrantes de los órganos constitucionales autónomos; directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

A nivel local, a los gobernadores, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales o, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales; así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía.

El juicio de procedencia –o desafuero-, en cambio, se aplica a los servidores públicos que están protegidos por el fuero y que son acusados de algún delito por el que se les sigue un procedimiento penal.

A través de un juicio de procedencia, el Congreso despoja al servidor público del fuero, y con ello ya se pueden seguir las investigaciones penales del caso.

Esto no aplica para demandas del orden civil; solo en lo penal.                      

Para Francisco Burgoa, constitucionalista y académico de la UNAM, la figura del juicio político es obsoleta y está mal planteada en la Constitución, pues no permite castigar a los infractores con penas reales y se trata solo de un juicio que llevan a cabo sus pares políticos.

“La figura está muy mal diseñada, es obsoleta; solo se convierte en un elemento de escándalo mediático, en donde se hace mucho ruido diciendo que habrá una demanda contra alguien, pero es imposible que pueda proceder.

“Mi opinión es de que, con independencia de solicitar un juicio político que no va a proceder, cualquier ciudadano puede reunir las pruebas que se estimen para presentar también una denuncia por los posibles delitos que puedan existir y se haga una auditoría para que se verifique y se haga la investigación”, consideró Burgoa.

Se acumulan expedientes

Al ser un recurso altamente mediático, todas las fuerzas políticas han utilizado la solicitud de juicio político como una manera de atacar a algún adversario político o denunciar la comisión de algún delito, sin acudir a las autoridades judiciales.

De acuerdo con datos de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, ésta tiene pendiente el desahogo de más de 290 solicitudes de juicio político que se han presentado tan solo en los últimos años.

Durante la 60 Legislatura (2006-2009) se recibieron 128 solicitudes de juicio político; en la 61 (2009-2012) el número decreció y se presentaron 95 solicitudes. En la anterior Legislatura (2012-2015), se recibieron 64.

Ya en la actual Legislatura (63), al menos se han presentado dos solicitudes de juicio político. Una contra Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, por las supuestas fallas en la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa; y otra contra Javier Duarte, gobernador de Veracruz, por el presunto desvío de más de 15 mil millones de pesos.

Omar Ortega Álvarez, diputado por el PRD, ha criticado que las solicitudes de juicio político no pasen ni siquiera a trámite, pues una vez que llegan a la Cámara de Diputados, la secretaría general es la encargada de turnar los asuntos a las comisiones legislativas que estudiarán el caso, cosa que no ha sucedido.

“Derivado de un juicio de amparo promovido por un ciudadano en contra de la Cámara de Diputados por su negativa a dar trámite a su solicitud de juicio político en contra del exgobernador de Chiapas, Juan Sabines, la Cámara fue emplazada a cumplir con la orden del juez, situación que no ha sido resuelta, con lo que se coloca a este órgano legislativo en una situación de desacato.

“La orden del juez no logró que la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicio Político fuera instalada en la Legislatura pasada. En esta legislatura debemos desterrar esa inercia de negligencia y de opacidad que ha imperado durante los últimos años”, acusó Ortega en un punto de acuerdo.

Las solicitudes de juicio político han sido presentadas contra infinidad de personajes: desde el presidente Enrique Peña Nieto, solicitado por una organización social que lo acusó de “poner en manos de extranjeros” la riqueza petrolera con la reforma energética, hasta el expresidente Vicente Fox, presentada por diputados de izquierda, por supuestas violaciones legales que propiciaron la corrupción en su sexenio

Prefieren renunciar

En México, ningún funcionario ha sido llevado a la máxima tribuna como parte de un juicio político, antes de eso han pedido licencia a su cargo

Para comenzar un juicio político, la Cámara de Diputados debe iniciar con la sustanciación del caso y tener una audiencia con el inculpado. Después, pasará el caso al Senado, que se erigirá como Jurado de sentencia para dictar la sanción correspondiente.

Esto nunca ha ocurrido en el país. Ningún funcionario ha sido llevado a la máxima tribuna como parte de un juicio político.

Más bien, quienes han enfrentado una crisis profunda de gobierno y no soportan más la presión política o se convirtieron en una carga para sus partidos o para el Gobierno federal, han optado por pedir licencia a sus cargos.

Han evitado el escarnio público de un juicio político.

Sucedió así con Ángel Aguirre Rivero, quien apenas un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas renunció a la gubernatura de Guerrero en octubre del 2014.

En junio del 2014, Fausto Vallejo pidió licencia como gobernador de Michoacán, argumentando cuestiones de salud, pero en medio de la peor crisis de inseguridad y de surgimiento de las autodefensas en la entidad.

Otro mandatario que pidió licencia fue Sócrates Rizzo, gobernador de Nuevo León, quien dejó el cargo en 1996, en medio de una crisis por actos de corrupción en su administración.

Está también el caso de Jorge Carrillo Olea, quien pidió licencia tras la amenaza de que se le seguiría un juicio político por su omisión en actos de secuestro y homicidio, en 1998.

Por la matanza de Aguas Blancas, Rubén Figueroa Alcocer tuvo que pedir licencia al cargo en 1996, cuando se dijo que sería acusado por el multihomicidio de campesinos en esa región de Guerrero.

En el caso de los juicios de procedencia para retirar el fuero constitucional a servidores públicos, sí ha habido resultados en cuatro ocasiones.

El primer caso fue el del exsenador Jorge Díaz Serrano, a quien se le desaforó en 1983 por supuestamente cometer un fraude mientras era director de Pemex, en el gobierno de José López Portillo.

Luego de su desafuero, fue detenido y enviado a prisión; salió cinco años después, pues no se pudieron comprobar las acusaciones.

El segundo caso ocurrió en el 2004. Fue René Bejarano, ex diputado local de la ALDF, a quien se le seguía un proceso penal por el delito de lavado de dinero. Fue aprehendido, pero luego absuelto y liberado.

A él le siguió Andrés Manuel López Obrador, quien en el 2005 era jefe de gobierno del Distrito Federal. Era acusado de violar una orden judicial de suspensión de una calle. Fue desaforado en abril de ese año.

Sin embargo, la movilización social de apoyo hacia el tabasqueño provocó que se retiraran los cargos en su contra. Todo apuntaba a que Vicente Fox, entonces presidente de la República, intentaba “eliminarlo” de la carrera por la Presidencia.

El cuarto caso y más reciente fue el de Julio César Godoy Toscano, diputado del PRD a quien se le acusó de tener vínculos con grupos del crimen organizado en Michoacán.

A diferencia de los otros tres hombres, Godoy no se presentó a la sesión de su desafuero. Las autoridades no pudieron aprehenderlo, por lo que continúa siendo prófugo de la justicia.

En el mundo, otra historia

Contrario a lo que sucede en México, en otros países los políticos enfrentan a la justicia, son procesados y algunas veces, hasta cesados

Contrario a lo que sucede en México, en otras partes del mundo el juicio político sí es un elemento efectivo para la rendición de cuentas.

Uno de los casos más recientes es el iniciado contra Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, cuyo procedimiento fue iniciado por la Oposición por el supuesto uso de recursos públicos del petróleo en su campaña política.

Aunque el caso no se ha concretado, tampoco se ha cerrado la puerta a que la presidenta brasileña sea juzgada por esa falta.

En Paraguay, en el 2012, el Congreso de ese país decidió realizar un juicio político contra el entonces presidente Fernando Lugo, que derivó en su destitución.

Lugo fue acusado por su responsabilidad política por los enfrentamientos entre campesinos y policías, que dejó un saldo de 17 personas muertas, y que ocurrió apenas unos días antes.

En Guatemala, al presidente Otto Pérez Molina le fue retirada la inmunidad por el Congreso de ese país, para que la Justicia pudiera procesarlo por cargos de asociación ilícita, cohecho, defraudación aduanera y corrupción.

Dos días después, Pérez Molina renunció al cargo y después fue aprehendido. Actualmente está preso en la cárcel de Matamoros, en Guatemala.

En Argentina, Aníbal Ibarra fue destituido de su cargo como jefe de Gobierno de Buenos Aires, en el 2006, por un mal desempeño en la función pública durante la llamada “tragedia de Cromañon”.

Dicha tragedia fue un incendio, en diciembre del 2004, ocurrido en un establecimiento llamado “República Cromañon”, donde una banda de rock daba un concierto. Ahí murieron 194 personas y hubo más de mil 400 heridos.

Y otro de los casos que por poco se concreta, pero que pudo solventarse, fue el del “impeachment” –como se nombra a la responsabilidad política por alguna falta- que casi le aplica el Congreso de Estados Unidos a Bill Clinton, cuando era presidente de ese país.

Corría el año de 1998 y había estallado el escándalo de su relación con Mónica Lewinsky.

En una declaración judicial, Clinton afirmó que no había tenido relaciones sexuales con la joven; pero por el vestido con una mancha de semen, se determinó que el testimonio presidencial había sido falso.

De inmediato, todos los republicanos y algunos demócratas en el Congreso, consideraron que Clinton había cometido perjurio, y que tratar de influenciar el testimonio de Lewinsky podía considerarse como obstrucción de la justicia.

Por estos cargos, el Senado comenzó un juicio político que duró 21 días. Al final, la mayoría de senadores votaron por absolver al presidente, quien permaneció en el cargo.