Por la disputa de más de 800 hectáreas de suelo agrícola, dos comunidades indígenas de Chiapas se encuentran confrontadas a muerte; en pleno corazón de los Altos de Chiapas, en el bastión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ya son 814 personas las que se han visto obligadas al desplazamiento para conservar su vida.
Vecinos de la comunidad de Majumpepentik, del municipio de Chenalhó, dejaron su localidad luego que habitantes de Chalchihuitán les incendiaron sus viviendas y les dispararon ráfagas de armas de fuego, con la intención de que desistan al reclamo de la propiedad de terrenos agrícolas que ancestralmente han venido ocupando.
Aun cuando este último desplazamiento ya involucra a 814 habitantes de Majumpepentik, el número de afectados sigue aumentando.
A causa de ello y empujadas por el miedo, las familias se han visto en la necesidad de establecerse en un campamento improvisado, dentro de la localidad Fracción Polhó, en donde mujeres, niños y ancianos encaran las inclemencias del tiempo resguardados en precarias viviendas construidas con plásticos, láminas y cartón.
De este hecho tiene pleno conocimiento el Gobierno estatal, pero a la fecha no ha dado ninguna respuesta de atención humanitaria y de seguridad a las personas que se mantienen prácticamente escondidas en la espesura de la sierra, pese a que el último oficio de petición de ayuda fue remitido por los representantes de los desplazados desde el pasado 30 de octubre.
Vecinos de la comunidad de Majumpepentik, dejaron su localidad luego que habitantes de Chalchihuitán les incendiaron sus viviendas y les dispararan ráfagas de armas de fuego
En el documento, del que Reporte Indigo posee una copia, firmado por los agentes Manuel Pérez Ruiz y Miguel Gutiérrez Pérez, se solicita al Gobierno estatal la reinstalación “de manera inmediata” de los destacamentos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército, a fin de que “refuercen las medidas precautorias y cautelares en la zona en controversia”.
Pero a dicha petición el Gobierno estatal no ha dado respuesta, lo que ha propiciado que continúen los actos de intimidación sobre los desplazados.
Desde el 18 de octubre pasado en la zona en conflicto también cerraron la clínica de salud, el jardín de niños, la primaria, la telesecundaria y el telebachillerato, convirtiendo al poblado de Majumpepentik en una zona despoblada, donde los actos de rapiña ya se han hecho presentes.
Los desplazados hacia el interior de la sierra carecen de todo, explicó el agente rural Manuel Pérez Ruiz, máxima autoridad civil en la zona, quien informó que al menos 37 adultos mayores, tres mujeres embarazadas y 23 niños se encuentran enfermos.
Subsisten con granos básicos
En el campamento de desplazados no hay hambruna, pero es poco lo que hay para comer. La totalidad de los jefes de familias dejaron sus tierras de labor y en muchos casos también perdieron el poco ganado y aves de traspatio, principalmente borregos y gallinas, que era con los que subsistían.
Con maíz donado por la Iglesia Católica local y algunos sacos de café que furtivamente han podido sustraer de sus viviendas abandonadas, es lo único con lo que el grupo de desplazados han podido subsistir. A veces, con el ingreso que logran algunos de los desplazados que siguen trabajando fuera del municipio, pueden hacerse de pan.
No racionan los alimentos, comen tres veces al día, pero sólo les alcanza para unas cuantas tortillas y una olla de café por persona.
“Siempre hace falta un pedazo de carne o un caldo de gallina, principalmente para las mujeres embarazadas, los ancianos y los niños”, explicó Francisco Pérez, otro de los líderes de la comunidad.
Los desplazados no cuentan con ningún tipo de asistencia alimentaria. Se ha insistido en pedir ayuda oficial, pero ésta no llega. Nadie quiere subir hacia lo más alto de los Altos de Chiapas, por el riesgo que existe de los grupos armados que vigilan los caminos de acceso.
La única tienda de abarrotes que funciona en la comunidad de Fracción Polhó está por agotar sus víveres.
“Se nos está acabando lo que tenemos para comer, y no vemos la forma de cómo le vamos a hacer si sigue el bloqueo de los caminos. Por eso urge que llegue la policía y el Ejército a la zona; pero no vemos para cuándo… Los chalchihutenses tienen el control de los caminos y hasta la policía les tiene miedo”, explica Francisco Pérez, mientras baraja en sus manos un legajo de peticiones hechas al Gobierno estatal solicitando vigilancia para la zona.
Una tierra sin ley
La zona limítrofe de los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán es una tierra sin ley, así lo reconocen los pobladores desplazados hacia el interior de la sierra de Los Altos. Desde el 18 de octubre, cuando fueron atacados los comuneros de Majumpepentik, no hay autoridad armada en los caminos de acceso.
Los dos campamentos de la Policía Sectorial (cuerpo integrado por la policía estatal y la municipal de Chenalhó), desde donde se brindaba seguridad a los vecinos de esta región, han quedado abandonados. Los primeros disparos de los comuneros de Chalchihuitán hicieron que los cuerpos de seguridad se retiraran de la zona.
“Seguro lo hicieron para evitar ser desarmados como ya ocurrió en el 2015”, explicó Francisco Pérez, quien recordó que en agosto de ese año los comuneros de Chalchihuitán lograron desarmar a 46 policías estatales y municipales. “Se quedaron con sus armas, con las mismas que hoy nos están disparando”.
La evidencia de los disparos a distancia contra los desplazados está marcada en las ventanas y en las fachadas de algunas viviendas, en la pared principal de la iglesia evangélica, así como en los techos de lámina de las muchas de las improvisadas casas.
De nada han servido las peticiones de ayuda que se ha hecho por escrito a la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con sede en San Cristóbal de las Casas, al Congreso Local de Chiapas ni al secretario general de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda.
Conflicto añejo
Aun cuando las amenazas de muerte y violencia sobre los habitantes de Majumpepentik han venido en aumento, el conflicto no es nuevo:
[table id=64 /]
Zapatistas, en silencio
La disputa por las 800 hectáreas de suelo agrícola de Chenalhó, de las que las dos comunidades indígenas tzotziles se dicen legítimas propietarias, se desarrolla en pleno corazón de la zona rebelde de Chiapas, en donde la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es preponderante, pero esa organización se ha mantenido al margen del conflicto.
De acuerdo a Francisco Pérez, los desplazados ya han solicitado la intervención de los representantes del EZLN en la zona, pero esta solicitud de ayuda no ha recibido ninguna respuesta positiva toda vez que la mayoría de los desplazados de Chenalhó no comulgan con los ideales sociales del movimiento armado indígena.
“Hemos mandando mensajes con algunas personas pidiendo que los rebeldes (EZLN) intervengan pero no ha habido ninguna respuesta, porque la mayoría de los comunitarios de Chalchihuitán sí son simpatizantes y militantes del movimiento.
“De momento el Congreso Nacional Indígena (CNI) está más preocupado por la campaña política de la candidata Marichuy, en lugar de ver por los problemas que los de su propia raza están teniendo por culpa de la Reforma Agraria”, dijo Francisco Pérez.
Los desplazados han solicitado la intervención de los representantes del EZLN, pero no han recibido respuesta positiva ya que la mayoría de los relegados de Chenalhó no comulgan con los ideales sociales del movimiento armado indígena
Cabe recordar que los conflictos de violencia que se han generado por la propiedad del suelo en esta parte de los Altos de Chiapas, no son nuevos, pues desde hace 45 años, cuando aquí se instituyó la Reforma Agraria, San Pablo Chalchihuitán obtuvo su Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC) en beneficio de mil 787 campesinos a los que se les entregaron 17 mil 948 hectáreas, de las que al menos 800 eran propiedad de comuneros de Chenalhó.
Ante esa situación, desde el 2005 los comuneros de Chenalhó se inconformaron, interpusieron la demanda de juicio 181/2005, la que se encuentra vigente en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez, de la que aún no existe sentencia y que desde el 2014 ha ocasionado que la disputa por el suelo agrícola detone en actos de violencia, con desplazamientos poblacionales.
“No ha habido ninguna respuesta (del EZLN), porque la mayoría de los comunitarios de Chalchihuitán sí son simpatizantes y militantes del movimiento”
Un llamado de paz
Ante el conflicto que amenaza con escalar a niveles de sangre entre los pueblos de Chalchihuitán y Chenalhó, la única voz oficial que se ha alzado en reclamo de una solución pacífica al conflicto es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C., institución que ha seguido de cerca el desarrollo de hechos y que los ha considerado como “emergentes”.
En su postura oficial, esta organización no gubernamental ha alertado de manera formal a las autoridades sobre la situación que refiere a constantes disparos de armas, que han sumido en el terror a la población de desplazados, los que tiene que afrontar la posibilidad de una escalada mayor de violencia.
Por esa razón ha hecho un llamado público a la autoridad.
“Se implementen de manera urgente las medidas cautelares necesarias y pertinentes a fin de respetar, garantizar y proteger la vida e integridad de las familias de Chalchihuitán y Chenalhó”.
El organismo también solicita proteger a las cientos de familias que han huido de la violencia generalizada y que están en total vulnerabilidad al aplicarse los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas.
“Se garantice el libre tránsito y la paz social en las comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, priorizando el diálogo entre las partes bajo el respeto esencial de los derechos humanos”, exige.
