Hay 52 muertes, dos casineros que huyeron, un Juez de Distrito acusado de secuestro y delincuencia organizada, pero la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría de Nuevo León son simples testigos presenciales.
Y es que hoy en Nuevo León el socio de un centro de apuestas acusa penalmente de secuestro y delincuencia organizada a un juez federal que fue suspendido.
Pero el expediente del juzgador, el de Luis Armando Jerezano Treviño, permanece congelado en los archivos del Consejo de la Judicatura Federal, no hay resolución.
Tampoco hay movimiento en la fiscalía de Nuevo León donde el socio del casino La Fortuna, Pedro Arturo Cardona, presentó la querella.
Misma denuncia en que acusó al ex alcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas, Manuel Balderas, de pertenecer a un grupo del crimen organizado y de participar en su secuestro.
Además, aquí en Nuevo León abren más casinos que en cualquier estado del país, hay unos 60, pero la mitad opera sin autorización de la Secretaría de Gobernación.
Y en Monterrey viven 52 familias enlutadas por el ataque de hace 11 meses al casino Royale.
Sin embargo, a pesar de toda esta colección de delitos e irregularidades, continúa el desorden en la regulación de los casinos y la impunidad.
En la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos sigue el desmantelamiento de esa dependencia.
También se mantiene la opacidad en el sitio de internet de la Secretaría de Gobernación.
Hay siete vacantes en la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de esa secretaría, incluyendo el cargo máximo de ese órgano encargado de normar los centros de apuestas.
También, localmente la delegación de la PGR y la Procuraduría del Estado de Nuevo León fueron incapaces de detener y presentar al propietario del casino Royale, Raúl Rocha Cantú.
Esto, aunque desde abril le fueron giradas dos órdenes de aprehensión.
Lo mismo ocurrió con el empresario del casino Red, Sergio Gil García, que huyó luego de que supuestamente había sido extorsionado por el hermano del alcalde, pero ni siquiera se presentó a ratificar su acusación.
Aquí no pasa nada.
Ni ante la violación a sus propias normas por parte de la Secretaría de Gobernación, ni en el evidente rompimiento del estado de Derecho que debieran salvaguardar las Procuradurías General de la República y la de Nuevo León.
Operativos superficiales
La Secretaría de Gobernación realizó el martes pasado un operativo en tres casinos de la ciudad: Poker City, Crystal Palace y Hollywood de avenida Constitución.
Pero no pasó nada. El 50 por ciento de unos 60 casinos en Monterrey continúa operando con suspensiones y amparos del Poder Judicial.
Los operativos se efectuaron luego de que Reporte Indigo dio a conocer la acusación de uno de los socios del casino La Fortuna, contra el Juez de Distrito suspendido Luis Armando Jerezano Treviño.
Se trata del casinero Pedro Arturo Cardona Calderón, quien presentó una denuncia penal en el Consejo de la Judicatura Federal y también en la Procuraduría de Nuevo León.
Querella que se mantiene sin diligencias.
Esto, aunque hay video y fotografías del operativo que presuntamente encabezó Jerezano Treviño para, junto con un grupo de hombres, despojar de las acciones del casino a Cardona Calderón.
Y a esto hay que agregar la acusación de que Jerezano Treviño pertenece a un grupo de la delincuencia organizada.
En un audio que presentó como prueba el denunciante ante las autoridades se escucha a quien es señalado como el Juez suspendido decir: “Yo por eso ya pertenezco a un grupo”.
En la denuncia también se acompañan fotografías y se señala al ex alcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas, Manuel Balderas Ramírez, como el hombre que dirigió el operativo para sacar de sus oficinas al socio del casino.
Y luego para conducirlo bajo amenazas a la Notaría Pública Número 35, de Ricardo Efraín Vargas, para obligarlo a firmar la transmisión de las acciones.
Operación que no surtió efecto, porque faltaron las firmas de otros socios del casino.
Y frente a todo esto, la Secretaría de Gobernación hizo las tres visitas a los casinos, pero sin un avance en cuanto al descontrol de la regulación de los centros de apuestas.
Siete vacantes en juegos y sorteos
El ataque que enlutó a 52 familias de Monterrey no fue suficiente para que la Secretaría de Gobernación cumpliera con su Reglamento de Juegos y Sorteos.
Además, una prueba concluyente del abandono en que tiene la Secretaría de Gobernación a su órgano emisor y fiscalizador de autorizaciones, es el desmantelamiento de esa dependencia.
La Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos tiene siete vacantes.
Esto, incluyendo la Dirección General Adjunta, lo que implica un organismo acéfalo.
Por otro lado, el sitio de Gobernación en internet es realmente una simple apariencia.
No hay transparencia en la información de sus permisos.
Casi a un año del ataque al casino Royale, cuando el presidente Felipe Calderón empeñó su palabra de llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones de la tragedia, Gobernación no cumple con el ordenamiento de exhibir su información.
No existen datos actualizados de la empresa que ofreció su permiso para la apertura del casino Royale: Atracciones y Emociones Vallarta.
Los estados de cuenta de esa compañía son de hace cuatro años y en el sitio hay innumerables links rotos, que sólo llevan a ninguna parte.
Esto, aunque el Artículo 1 del Capítulo III del Reglamento de Juegos y Sorteos indica que Gobernación mantendrá actualizado su sitio de internet con los estados contables de los permisionarios.
Incluso, con actualizaciones trimestrales.
Procuradurías ineficaces
La PGR y la Procuraduría del Estado no pudieron en 11 meses presentar a Raúl Rocha Cantú, socio de CYMSA Corporation S.A. de C.V., operadora del casino Royale.
Rocha Cantú huyó de la ciudad luego del ataque de Los Zetas que incendiaron el centro de apuestas y provocaron la muerte de 52 personas el 25 de agosto de 2011.
Luego, en septiembre Rocha Cantú declaró en el extranjero. Tiene dos órdenes de aprehensión en su contra pero mantenía dos casas de apuestas abiertas sin problema.
Rocha Cantú reabrió en enero dos casinos y solamente cambió sus nombres.
Al casino Fantastic lo rebautizó como Malibú y al Palazzo, de Guadalupe, como Riviera.
Hasta que ambos establecimientos fueron clausurados el 12 de enero en operativos mixtos encabezados por la Secretaría de Gobernación con apoyo de las autoridades estatales y municipales.
El Malibú, que se localiza sobre la avenida Manuel L. Barragán, está registrado como propiedad de CYMSA Corporation, S.A. de C.V., empresa donde es socio Rocha Cantú.
También es socio de Producciones Móviles, S.A. de C.V., que aparece como operadora de casinos.
En abril fueron giradas las órdenes de aprehensión contra Rocha Cantú.
La primera del juez Quinto de Distrito en Materia Penal, Jesús Salvador Fraustro Macareno, en contra de Rocha y sus socios de las empresas Corporativo Ibérico, Video Game Parts y Producciones Móviles, operadores del casino Riviera, antes Palazzo.
De Producciones Móviles, la orden de detención fue contra el accionista y administrador Adrián Álvarez Martínez, la accionista y apoderada María Yolanda Félix Lizárraga y los representantes legales Enrique Camacho Arvizu y Juan Juárez Santiago.
También contra del representante legal Lino Armando Vázquez Mata y los miembros del consejo directivo: Eduardo Treviño Silva y José de Jesús Gómez Alanís.
Además de que estas órdenes no han sido ejecutadas, por otro lado está el socio del casino Red.
Se trata de Sergio Gil García, que filtró videos al periódico El Norte donde supuestamente era extorsionado por el hermano del alcalde Fernando Larrazabal para que su centro de apuestas continuara abierto.
La Procuraduría de Nuevo León abrió una investigación.
Sin embargo, Gil nunca se presentó ante la fiscalía de la Procuraduría que llevaba la averiguación e incluso todavía hoy no aparece, mientras continúa con sus negocios de casas de juego.
Finalmente se dictó un inejercicio y Jonás Larrazabal, hermano del alcalde, salió libre bajo el argumento de que había acudido al casino Red de Gil, solo para vender quesos de Oaxaca.
Y en Monterrey continúa la apertura de casas de juego impunemente, sigue el descontrol de la Secretaría de Gobernación, la falta de eficacia de la PGR y de la Procuraduría de Nuevo León.
También sigue el congelamiento del expediente del Juez de Distrito suspendido Luis Armando
Jerezano Treviño, así como las denuncias penales en su contra.
Aquí no pasa nada.
