El Gobierno de Jalisco intenta contener la violencia contra las mujeres con la puesta en marcha de dos nuevos Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), los cuales se sumarán a los que ya operan en Guadalajara y en Puerto Vallarta.
El pasado 30 de enero pasado se publicaron en el Periódico Oficial de Jalisco los decretos de creación de dos CJM en los municipios de Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, expedidos por el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez.
“El Poder Ejecutivo del estado, atendiendo a la problemática existente en el Estado de Jalisco en materia de violencia contra las mujeres, estima necesario contar con un CJM en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por lo que por medio del presente tengo a bien decretar su creación”, dice el documento relativo a ese municipio, pero lo mismo puede leerse en el que hace referencia a Tonalá.
En la entidad existen dos alertas de género: una decretada por la Federación y otra por el Gobierno estatal
Los CJM son instalaciones que concentran en un mismo lugar los distintos servicios que requieren las mujeres que son víctimas de violencia, por lo que cuentan con personal de áreas como salud, Fiscalía del estado y del Poder Judicial, entre otros, en un modelo de atención que ha sido impulsado por el Gobierno federal desde el sexenio 2006-2012.
Durante el gobierno del exmandatario Aristóteles Sandoval Díaz, Jalisco abrió sus primeros dos Centros de Justicia, uno en el municipio de Guadalajara, en febrero de 2015, y otro en Puerto Vallarta, en noviembre de 2018. Sin embargo, el ubicado en la capital del estado pronto comenzó a dar señales de saturación.
Con este decreto de creación de los CJM en Tlajomulco y Tonalá, ahora el Gobierno de Jalisco está en condiciones de acudir a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), y solicitar acceso a los subsidios que administra en esa materia, pues uno de los requisitos exigidos para ello es la “copia simple del instrumento jurídico por medio del cual se crea el CJM en la entidad federativa”.
No obstante, la entrada en operación de los nuevos CJM aún luce cuesta arriba, pues es necesario que el Gobierno de Jalisco edifique antes sus inmuebles, los cuales deben seguir los lineamientos arquitectónicos establecidos por la Conavim. El de Guadalajara, por ejemplo, costó 82 millones de pesos.
“La construcción del CJM en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se realizará de conformidad con el Convenio de Coordinación y Anexo técnico que suscriba el Gobierno del estado de Jalisco y la Conavim y con base en los Criterios de Operación para acceder a los subsidios destinados a la creación o fortalecimiento de los CJM para el ejercicio fiscal 2020 y posteriores”, señalan los acuerdos de creación en un artículo transitorio segundo donde se hace referencia al aspecto de la infraestructura.
Alerta sin resultados
Recientemente, tanto el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, como la Conavim, cuestionaron la labor del Gobierno de Jalisco y sus dependencias, en la implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), activa desde el 20 de noviembre de 2018.
El Observatorio, que incluyó en sus cuestionamientos al orden federal y municipal, destacó los pocos resultados que ha traído la Alerta federal para Jalisco, ya que hay otra de carácter estatal expedida desde 2016.
A 436 días de emitida, no existen avances en la implementación de las medidas dictadas, ni transparencia sobre las medidas implementadas, tampoco existen indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan medir los avances y obstáculos para cumplimentarlas; mucho menos, acciones eficaces para garantizar el cese de la violencia feminicida en el estado
El Observatorio denunció el incumplimiento de los acuerdos que fueron tomados por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) el 15 de octubre de 2019, siendo este el órgano responsable de dar seguimiento a las medidas de la alerta.
A la Conavim le exige, entre otros puntos, que “impulse y haga públicos los indicadores para la evaluación del cumplimiento de las medidas dictadas” por la alerta, en específico para salvaguardar la vida e integridad física de las jaliscienses.
Mientras que al Gobierno de Jalisco y los municipios les urge que “haga públicas las acciones que ha realizado para la implementación de las recomendaciones realizadas a las autoridades estatales, en el marco de la AVG; así como la transparencia de los recursos”.
Al día siguiente, la Conavim de Candelaria Ochoa Ávalos respondió que son el Gobierno de Jalisco y los ayuntamientos los responsables de implementar la alerta. “Es a la entidad federativa a quien corresponde, en conjunto con los municipios, realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a dichas medidas y disminuir la violencia que se ejerce contra niñas y mujeres en la entidad”.
Y reveló también que en junio de 2019, la Secretaría de Igualdad Sustantiva para las Mujeres y Hombres de Jalisco, en manos de Fela Pelayo López, le remitió el Programa de Trabajo de la alerta, pero este no ha sido corregido a pesar de que fue observado “al menos en tres ocasiones, ha sido observado sin que a la fecha esta comisión cuente con un documento que subsane los comentarios realizados”.
El problema, señala la Conavim, es que sin dicho programa no es posible generar indicadores de cumplimiento.
“Sin un programa integral que permita que la AVGM-Jalisco tenga un seguimiento puntual y responsabilidades claras de las autoridades estatales, municipales y la fiscalía, no pueden medirse los avances que se debería cumplir en el documento en mención”.
Centros de Justicia: Programa prioritario
Los Centros de Justicia para Mujeres que el Gobierno de Jalisco pretende instalar en Tlajomulco y Tonalá, fueron clasificados desde el año 2011 dentro de los Programas con Prioridad Nacional por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que participan el presidente de la República y los gobernadores.
