A la par de los perfiles militares o policiales, seis de las 32 entidades de la República tienen hoy a personajes políticos al frente de sus secretarías de seguridad, cinco de los cuales fueron designados por gobernadores que asumieron sus cargos tras ser electos a mediados del año pasado.
Las psicóloga Marcela Muñoz en Campeche, el exconsejero electoral Maximino Hernández en Tlaxcala, la exalcaldesa María del Río en Sonora, el ingeniero Gilberto Loya en Chihuahua y el exdirigente priista Aldo Fasci en Nuevo León, asumieron sus secretarías con distintos grados de experiencia en el área. Sumándose a la politóloga Sonia Villareal en Coahuila.
Por ejemplo, Aldo Fasci, exdirigente del PRI en Monterrey, fue designado secretario de Seguridad por Samuel García tras colaborar en el Gabinete de Seguridad de Jaime Rodríguez, “El Bronco”. Mientras que Gilberto Loya y Marcela Muñoz acompañaron a Maru Campos y Layda Sansores cuando fueron alcaldesas de Chihuahua y Álvaro Obregón.
Sobre esto, Gabriela Nava, analista de inteligencia por el Centro de Estudios Hemisféricos William J. Perry, comenta a Reporte Índigo algunos de los riesgos de encargar la seguridad pública a perfiles de índole político o, incluso, a otros más afines a las tareas de procuración de justicia correspondientes a la Fiscalías.
“La seguridad pública demanda un nivel de conocimiento operativo muy amplio, porque es una función distinta que persigue objetivos, no diferentes, sino desde otra vertiente. Cuando ponen un político o abogado en un cargo eminentemente operativo, puede incurrir en algunas falencias en ese ámbito y de ahí pueden derivar abusos a derechos humanos u operativos fallidos”.
En ese sentido, considera que “un ejemplo claro es lo que pasa a nivel federal, la secretaria es una mujer con experiencia en lo político, no tiene nada que ver con seguridad pública y ahí está claramente su trabajo, lo sigue haciendo la Sedena. Ella es una figura política nada más, no ejerce como secretaria de Seguridad en el estricto sentido”.
