Aprueban Morena y aliados Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia; oposición impugnará
Pese a los reclamos de la oposición, las y los diputados de la cuarta transformación lograron la aprobación de esta ley
Yvonne ReyesCon el voto en contra de los diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, el grupo parlamentario de Morena con el apoyo de sus aliados del PVEM y del PT aprobaron la madrugada de este jueves la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
En la primera sesión de la 65 legislatura que se prolongó por varias horas, la oposición anunció que presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar para atrás dicha reforma que será utilizada como un instrumento de persecución política y de venganza en contra de los adversarios del Gobierno federal.
Al inicio de su discusión, los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadanos presentaron mociones suspensivas para que el dictamen no se sometiera a votación, toda vez que fue procesado en comisiones en la pasada 64 legislatura, además de que está plagado de una serie de inconsistencias.
Sin embargo, Morena y sus aliados tuvieron los votos suficientes para concretar esta ley secundaria para la cual sólo se necesitaba de una mayoría simple.
#ÚltimaHora Con 273 votos en pro, 220 en contra y 0 abstenciones, es aprobado, en lo general, proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. pic.twitter.com/t3dKhqFniZ
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 2, 2021
El dictamen de la Comisión de Gobernación plantea la reglamentación para la destitución del presidente de la república, en caso de que además de traición a la patria, cometa algún delito de corrupción, de carácter electoral o de los que ameritan prisión preventiva oficiosa.
La propuesta de reforma contempla modificar la actual normativa que permitió al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca mantener su inmunidad a través del congreso de Tamaulipas, ya que el retiro de la inmunidad constitucional se comunicaría a las legislaturas estatales para que acaten lo decretado por la Cámara de Diputados.
Durante el prolongado debate, Lidia García Anaya, de Morena, indicó que la impunidad es la mayor amenaza que pone en riesgo la solidez del Estado de derecho mexicano, por lo que con esta ley ya no habrá excusas, pues dotará de mayor certeza, claridad y congruencia a los procedimientos para llevar ante la justicia a quienes se les acuse y comprueben actos ilícitos desde el servicio público.
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La panista Annia Sarahí Gómez Cárdenas sostuvo que el dictamen no está cerca de solucionar la corrupción, sino que es un instrumento de poder y venganza. “No podemos permitir que el acuerdo entre algunas cúpulas de poder se anteponga a la voluntad popular de millones de ciudadanos que tienen el derecho de elegir a sus representantes”.
Debemos garantizar la autonomía a los estados, sin importar el partido o ideología en turno, y que no sean sometidos a las decisiones del poder federal. Esta ley retoma figuras procesales antiguas que ya no tienen cabida en el sistema de justicia mexicano. “Tiene un espíritu de venganza en contra de los estados que no se han dejado intimidar por el centralismo que tanto daño ha hecho.
Ana Lilia Herrera Alzando, del PRI, manifestó que el juicio político debe ser una garantía del sistema constitucional para sancionar a los servidores públicos que incumplan con sus responsabilidades, “pero no podemos avalar un proyecto que responde a presiones políticas, porque en la premura está el riesgo de afectar la gobernabilidad de nuestro país.
“Sean responsables, tengan tantita dignidad y respeto por la autonomía de este poder legislativo”, señaló la priista mexiquense.
Sin embargo, Sonia Mendoza Díaz, del PVEM, indicó que la labor legislativa no puede ser postergada para expedir una ley que tiene un objetivo fundamental: atender la exigencia de la ciudadanía de sancionar a servidores públicos que hagan mal uso de sus funciones o facultades.
