El Senado aprobó la Ley General de Comunicación Social, bautizada como la #LeyChayote, con lo que queda legalizado el modelo de propaganda gubernamental en que la Secretaría de Gobernación tendrá el control sobre el gasto y su destino para las labores de comunicación gubernamental.
Anoche, los senadores del tricolor y el Verde impusieron su voto para aprobar la minuta que les fue enviada de la Cámara de Diputados desde la semana pasada, a pesar de que en las comisiones en que se trató no hubo acuerdo para tener un dictamen.
La aprobación de la nueva Ley se concretó con 60 votos a favor, 46 votos en contra y 1 abstención.
Los senadores de Oposición intentaron frenar la aprobación de esta Ley porque, además, no cumple con el cometido de regular la propaganda oficial tal como fue ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El máximo tribunal ordenó al Congreso de la Unión aprobar a más tardar el 30 de abril una ley secundaria que regule el artículo 134 de la Constitución Política.
En la Cámara de Diputados, el PRI emitió un dictamen basado únicamente en una iniciativa presentada por sus legisladores, sin tomar en cuenta otras propuestas legislativas y de la sociedad civil.
Según dispone la nueva Ley, la Secretaría de Gobernación tendrá el control del padrón nacional de medios de comunicación, así como del otorgamiento de contratos de campañas de comunicación social.
Se establece que será la Secretaría de Gobernación la que administre los tiempos oficiales, a menos de que se trate de los periodos electorales, donde es el INE quien lleva la batuta.
La Ley señala que los “Entes Públicos Federales” deben realizar un Programa Anual de Comunicación Social y podrán destinar dinero público para la compra de “tiempos comerciales” siempre y cuando no haya tiempos oficiales disponibles.
En conjunto, estas disposiciones solo legalizan lo que ya se lleva a cabo en materia de comunicación, según expertos en transparencia y organizaciones de la sociedad civil, con lo que se legaliza el gasto innecesario y excesivo en campañas de propaganda, así como el control de los medios de comunicación mediante la compra de publicidad oficial.
Se le llama “chayote” a la práctica de pagar en efectivo, en especie o con favores, la publicación de información favorable a determinado ente o gobierno.
Los senadores acusaron que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha gastado 36 mil millones de pesos en actividades de publicidad oficial.
‘Se legaliza el chayote’
Los senadores del PAN, el PT, el PRD y algunos sin partido, como la senadora Martha Tagle, buscaron detener la aprobación de esta Ley, pues consideraron que perpetúa las malas prácticas que ya se llevan a cabo en las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación.
“Estamos aquí pasando a la historia como los chayoteros más grandes del país. Se va a aprobar la Ley Chayote; así la ha denominado la sociedad civil organizada. Y lo peligroso de la Ley Chayote es que justamente legaliza la práctica perversa del chayote. Esta práctica de embutir a periodistas y medios de comunicación para evitar que te peguen. El típico ‘pago para que no me peguen’; pero antes no estaba en la ley.
“Ahora, con esta Ley —que quede claro, fue impulsada por el PRI y el Verde en la Cámara de Diputados—, el chayote se va a convertir en Ley; en Ley para buscar o pretender controlar medios de comunicación”, lamentó Martha Tagle, senadora sin partido.
“¿Acaso el difundir los logros de gobierno, las acciones de gobierno, es un tema de carácter educativo, de orientación social, informativo? Es literalmente tirar el dinero a la basura de los contribuyentes (…) Y eso sucede para todos los partidos políticos; a lo mejor lo aprendimos del PRI, pero está en los gobiernos del PAN y del PRD y de todos los signos políticos.
“Los contribuyentes pagan impuestos para recibir obras, servicios, no para que el gobierno se los gaste presumiendo un buen gobierno”, lanzó Héctor Larios, senador por el PAN.
“Lo que pretenden hoy el PRI y sus aliados es que se apruebe aquí, con una mayoría que ya tienen, un proyecto que legaliza el mercado negro de propaganda politica disfrazada de información, y que en la actualidad se presenta de forma de noticias, flashes informativos, infomerciales, entrevistas, programas de revista, editoriales, reportajes, etcétera”, acusó Angélica de la Peña, senadora por el PRD.
“Esta página legislativa es de vergüenza nacional, es la página de la ignominia en la historia de México. Nosotros nos oponemos a la simulación”, sentenció Dolores Padierna, senadora de la bancada del PT-Morena.
“Ahora se pretende legalizar un modelo de comunicación que se ha caracterizado por el uso excesivo y discrecional de los recursos públicos con el único fin de mantener el control de los medios de comunicación y legitimar la imagen de un presidente que ha alcanzado los niveles más altos de reprobación por parte de la ciudadanía”, criticó Alejandro Encinas, senador sin partido.
Mi posición, es en contra de la #LeyChayote porque los “Chayoteros” del PRI y del PVEM pretenden aprobar una ley que lo único que hace es legalizar la práctica perversa de controlar los medios de comunicación a su antojo dejando a la deriva las exigencias de la sociedad civil. pic.twitter.com/YPmR0otqhA
— Medios Martha Tagle (@MarthaTagleMed) 26 de abril de 2018
Defienden la Ley
Al contrario, senadores del PRI y el PVEM defendieron el contenido de la nueva Ley y aseguraron que con ello se da un paso adelante para regular el gasto en comunicación social.
“Esta Ley responde cabalmente a la exigencia ciudadana de garantizar el acceso a una información completa, oportuna y veraz en el marco de un ejercicio eficaz, eficiente, transparente y responsable en el uso de recursos públicos.
“No tenemos la menor duda de que fortalecerá la cultura de transparencia y gobierno abierto, generando las condiciones para que la promoción de las acciones gubernamentales sea utilizada estrictamente con fines institucionales”, aseguró José Ascención Orihuela, senador del PRI.
“Estamos convencidos de que esta Ley es perfectible, pero es un primer paso para la conformación de normas claras y eficaces que sujetan a los entes públicos e instituciones del estado de los tres niveles de gobierno”, dijo Verónica Martínez, senadora del PRI.
“Con la Ley de Comunicación Social, el Poder Legislativo federal salda una deuda con el pueblo de México”, comentó Jorge Aréchiga, senador del PVEM.
“Decir aquí que somos los chayoteros más grandes del país es lamentable y no abona a la discusión seria de este tema (…) pareciera que todos los medios de comunicacion están controlados por el gobierno, y ustedes ven en todos los medios que hay señalamientos contra el gobierno (…) y es increíble que aquí se venga a señalar que los medios están controlados por el gobierno”, criticó Juan Gerardo Flores, senador del PVEM.
Una vez aprobada por el Senado, esta nueva Ley fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.
