El Senado de la República ratificó, por unanimidad, la reforma que reconoce a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La minuta aprobada por 127 legisladores de Morena, PAN, PRI, MC, PT y PV modifica diversos artículos de la Constitución, enviados por la Cámara de Diputados al Senado de la República.
El documento establece la creación de una jurisdicción indígena que se ejercerá por las autoridades comunitarias, de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, dentro del orden jurídico vigente, en los términos de la Constitución y las leyes aplicables.
La senadora por Morena, Ernestina Godoy, destacó que el texto incluye las propuestas de representantes de este sector de la población y cuenta con el respaldo de 630 mil 986 firmas de autoridades y ciudadanos recabadas en asambleas generales comunitarias.
Luis Donaldo Colosio Riojas de Movimiento Ciudadano, afirmó que los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas de nuestro país son un baluarte social, cultural e histórico para México.
Sin embargo, dijo, hoy en México ser joven y ser indígena significa vivir en desventaja. Por eso la reforma que se plantea el día de hoy, no solo es necesaria, es un ejercicio urgente de justicia, y las deudas históricas de la nación se les debe encarar de frente para corregirlas.
Enfatizó que “no podemos cometer el error de darles la espalda, sino por el contrario, es momento de sumarnos a la lucha que desde hace décadas han librado nuestros pueblos originarios para demostrar que los derechos humanos se exigen, no se mendigan”.
Del PAN, Ricardo Anaya Cortés dijo que luego de la aprobación del proyecto de decreto es necesario dar paso a una serie de acciones dirigidas a alcanzar la igualdad sustantiva de los pueblos indígenas y afromexicanos, “porque si queremos cambiar la realidad, nos tenemos que hacer cargo” de su implementación.
Las y los senadores del PRI reconocieron que con la reforma se da un paso adelante hacia la justicia social y el pleno reconocimiento de la dignidad de los pueblos originarios.
La reforma garantiza el derecho a decidir de los pueblos indígenas y afromexicanos conforme a sus sistemas normativos a sus representantes y sus formas internas de gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, con excepción de no limitar los derechos político-electorales.
También fija el derecho a ser consultados y cooperar de buena fe para adoptar y aplicar las medidas que puedan causar impactos significativos en su vida o entorno, para lo cual les brinda asistencia jurisdiccional idónea.
Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer las partidas específicas presupuestales para los pueblos y comunidades que administren y ejerzan conforme a las leyes de la materia.
Además, les permite conservar su derecho a impugnar determinaciones por las vías legales pertinentes.
Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena, con lágrimas en los ojos agradeció al presidente López Obrador por hacer visibles a los pueblos y comunidades indígenas que por años los neoliberales dejaron en el olvido.
