Por unanimidad, el Senado de la República aprobó a las 23:22 horas, la declaratoria que remitió el Ejecutivo federal, en la que se reconoce la competencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para recibir e investigar denuncias por desaparición forzada de personas en México, ocurridas a partir de diciembre de 2010, año en el que el Estado mexicano no lo avaló.
La declaración contribuye a fortalecer al Comité contra la Desaparición Forzada, previsto en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, vigente para México desde diciembre de 2010, al ampliar su competencia para recibir comunicaciones de las víctimas o de sus representantes, coincidieron en señalar todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara alta.
Es un instrumento de justicia internacional para las desapariciones forzadas, para sus familias y amigos de quienes han desaparecido en la última década, que hasta 2019 se han documentado a cerca de 62 mil personas, hombres y mujeres, donde están periodistas, luchadores, ambientalistas o simplemente dirigentes sociales en distintas partes del país, que reclaman justicia, apuntó el senador Ricardo Monreal.
“Una lucha de muchos años; ya no más Tlatlayas, ni Ayotzinapas, subrayó el también presidente de la Junta de Coordinación Política del senado, al resaltar que como parte de la atención a víctimas se contempla la restitución, readaptación, satisfacción y las garantías de no repetición, la indemnización rápida, justa y adecuada de las personas afectadas.
✅ Por unanimidad, con 107 votos a favor, se aprobó la Declaración de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para atender los casos de personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas.https://t.co/gZFcrBQmBF pic.twitter.com/DxtQWILIB2
— Senado de México (@senadomexicano) September 2, 2020
Con 107 votos a favor, su aprobación le permite a la ONU examinar de manera urgente toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como todo aquel que tenga un interés legítimo, a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida.
Emilio Álvarez Icaza lamentó que la aprobación haya llegado 10 años tarde; sin embargo, celebró el apoyo unánime de los legisladores que representa un acto de justicia para que las víctimas no tengan que decirnos: “dónde están nuestros hijos, hermanos, familiares…”.
Al igual que todos los senadores que subieron a la tribuna, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos manifestó que por fin llegó la hora en que México convoca genuinamente a organismos internacionales, en este caso al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, para que coadyuven en el combate a la violación de los derechos humanos, en particular a una de las violaciones más atroces: la desaparición forzada.
Subrayó que el gobierno que busca la cuarta transformación de la vida nacional no tiene nada que esconder y, por tanto, acepta cualquier colaboración, venga de donde viniere, siempre y cuando ésta pueda fortalecer y abreviar el proceso de combate a la delincuencia, ya sea de cuello azul o blanco, la corrupción, el encubrimiento y la impunidad.
Su aprobación, por consiguiente, perfecciona los mecanismos previstos en dicho tratado para el seguimiento de las obligaciones pactadas en la misma por los Estados Miembros. Asimismo, por el ejemplo que representa para otros Estados, es también un acto de especial significación internacional.
