Aprehenden al abogado del juez casinero

El abogado del juez Luis Armando Jerezano Treviño fue encarcelado ayer por negarse a presentar un acta, o poder legal, con el que presuntamente se despojó al casino La Fortuna de sus dueños legítimos.

Antes de ser privado de su libertad, el litigante Erick Garza Treviño responsabilizó en su comparecencia a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, de sustraer ese documento durante un cateo.

Javier Estrada Javier Estrada Publicado el
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Está ligado a Jerezano Treviño y es parte del grupo que integran el exalcalde de Miguel Alemán, Manuel Balderas, su hijo Antonio Balderas, Antonio Ramírez Voguel y Jerónimo Garza Chaib
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El abogado del juez Luis Armando Jerezano Treviño fue encarcelado ayer por negarse a presentar un acta, o poder legal, con el que presuntamente se despojó al casino La Fortuna de sus dueños legítimos.

Antes de ser privado de su libertad, el litigante Erick Garza Treviño responsabilizó en su comparecencia a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, de sustraer ese documento durante un cateo.

El detenido se ostenta como apoderado legal de Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V., la exoperadora de la casa de apuestas que fue arrebatada a sus propietarios por un grupo encabezado por el juez federal suspendido.

El Juzgado Segundo de lo Penal en Nuevo León, a cargo de Raymundo Martínez González, giró ayer la orden para detener al abogado y trasladarlo a las celdas de la Delegación Norte de Seguridad Pública del Estado, ubicadas sobre la avenida Aztlán, en la colonia San Bernabé.

El abogado está ligado a Jerezano Treviño y es parte de la gente que operó para apropiarse de La Fortuna, grupo que también integra el exalcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas, Manuel Balderas Ramírez, su hijo Antonio Balderas Martínez, Antonio Cuauhtémoc Ramírez Voguel y Jerónimo Garza Chaib.

Todos ellos, a excepción del litigante, fueron denunciados por el casinero Arturo Cardona Calderón, por los delitos de robo, secuestro, extorsión y delincuencia organizada, pero la Procuraduría del Estado no ejercitó la acción penal contra ellos, a pesar de que había pruebas en audio y en video.

Ayer, la autoridad judicial decretó el arresto del abogado por 36 horas, debido a que se negó a cumplir un requerimiento girado desde el 27 de diciembre del año pasado, en el que se le ordenó exhibir un documento original.

Se trata del acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V., celebrada el 14 de mayo de 2012, que el grupo utilizó para desalojar del casino a sus propietarios.

La falta administrativa fue determinada durante la comparecencia de Garza Treviño en el Juzgado, al que fue trasladado por el agente ministerial Félix Medina Escareño y donde declaró dentro del proceso penal número 115/2013.

Éste se instruye en contra de los hermanos Arturo y Pedro Cardona Calderón, y de Jesús Andrés González González – los dueños legítimos de La Fortuna-, por el delito de despojo de inmueble agraviado.

Durante su comparecencia, el abogado aseguró que no podía exhibir el acta porque supuestamente fue sustraída durante un cateo que la SEIDO realizó en el centro de apuestas el 18 de diciembre de 2013.

Afirmó que durante el operativo, encabezado por el fiscal federal Juan Francisco Vera Ayala, se sustrajeron documentos del negocio y dinero en efectivo.

“Por tal razón me es imposible exhibir dicha documental, aclarando que ese mismo día el suscrito también fui llevado a las instalaciones de la SEIDO y no supe qué uso o qué fin se le dio a toda la documentación a la fecha”, se lee en la constancia de la diligencia a la que tuvo acceso Reporte Indigo.

Con ese argumento, el fiscal adscrito al Juzgado solicitó que no se girara el arresto, pero la defensa señaló que no estaba comprobado que en el cateo se hubieran decomisado o asegurado documentos.

“Erick Garza Treviño ha hecho manifestaciones que no corresponden a la realidad y sólo pretende seguir entorpeciendo la marcha del presente procedimiento y el sistema de administración de justicia”, manifestó el defensor de los casineros.

Así, el juez penal determinó que se debía decretar la orden de detención, pues el compareciente no había cumplido con el requerimiento de la autoridad de exhibir el acta de asamblea de la empresa.

“(Debido a que) en este momento no justifica el impedimento que dice tener para representar o exhibir la documental que se le requiere, se ordena girar el oficio correspondiente al encargado de las celdas de Seguridad Pública del Estado.

“A fin de que reciba al compareciente Erick Garza Treviño y se cumpla el arresto de 36 treinta y seis horas que se deberán contar a partir de su ingreso a dichas celdas”, se lee en la diligencia, que concluyó a las 11:03 horas.

Alrededor de una hora y media después de haber concluido su comparecencia y acompañado de dos elementos de la Policía Ministerial, el litigante fue trasladado y procesado en calidad de detenido por la falta administrativa.

Puesto que a la misma diligencia estaba citado Jerónimo Garza Chaib –otro de los operadores del juez federal-, la defensa solicitó su arresto como medio de apremio.

El operador de Jerezano Treviño también incumplió a la cita y con anterioridad había sido advertido que en caso de desobediencia sería arrestado.

Este otro personaje fue a quien se le restituyó el inmueble de la Fortuna, pues se ostenta como el supuesto administrador único del casino.

El operador del juez casinero

Erick Garza Treviño es uno de los hombres de confianza del juez federal suspendido, Luis Armando Jerezano Treviño.

El abogado, de 37 años, se ostenta como apoderado de la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V., la exoperadora del casino La Fortuna.

El litigante estuvo presente durante un cuestionado operativo de la Agencia Estatal de Investigaciones, el 7 de agosto de 2013, en el que detuvieron a los socios del centro de apuestas, los hermanos Arturo y Pedro Cardona Calderón, y Jesús Andrés González González.

También acudió a la diligencia del 23 de agosto del mismo año en la que la banda del juez federal se apoderó del casino y desalojó a sus propietarios, con el apoyo de la autoridad judicial y la Policía del Estado.

Hasta la fecha, es el único de esa agrupación que no ha sido denunciado penalmente, pero fue arrestado por no exhibir documentación que fue requerida en el proceso que se sigue por el presunto despojo del inmueble.

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