Con el argumento de aprovechar las herramientas tecnológicas de la actualidad, diversas dependencias de gobierno, tanto federales como estatales, se han aprovechado de la carencia de
regulaciones en materia digital para emprender proyectos millonarios con recursos públicos.
La falta de leyes en México que indiquen las condiciones para la correcta inversión del dinero del erario en esta clase de plataformas, así como la falta de una auditoría especializada que permita evaluar los proyectos de informática o innovación para comprobar que las aplicaciones cumplen con necesidades auténticas de las dependencias, brindan un espacio muy amplio para el dispendio y la discrecionalidad.
Esta realidad se hace presente a casi seis años de la implementación de la Estrategia Digital Nacional (EDN) –uno de los planes insignia de la administración de Enrique Peña Nieto- con la que se pretendía impulsar la tecnificación del país mediante herramientas de innovación e internet.
En una revisión a más de 40 aplicaciones del Gobierno federal activas hasta abril de 2019, Reporte Índigo encontró una serie de disparidades entre el costo de los proyectos, el número de descargas que mantienen y las justificaciones u objetivos que pretendían alcanzar a la hora de su implementación.
No hay ningún otro tipo de directriz que pueda ser impuesta a nivel nacional para saber qué sí amerita una nueva aplicación móvil y qué realmente no. Ese es el problema que tenemos hoy en día.
Sobrecostos en un click
Dentro de los problemas principales que encierra la falta de regulación en el terreno digital, está el desconocimiento sobre los costos reales para la creación de una herramienta móvil o “app”.
La falta de tabuladores gubernamentales evitan que se tengan precios máximos establecidos para la adquisición de este tipo de plataformas, dando lugar a que se adquieran a sobrecostos y que éstos pasen desapercibidos.
Una de las dependencias que destacó en este tipo de prácticas fue la Comisión Federal de Electricidad (CFE), organismo que el 19 de marzo de 2018 lanzó la app “CFE Contigo” con el objetivo de
mantener una plataforma oficial “dirigida a sus consumidores finales que permita asegurar una experiencia de usuario de primer nivel”, como lo mencionan en la justificación oficial en atención a la solicitud de información con folio 1816400104419 promovida por este medio de comunicación.
Para el desarrollo de la aplicación, la CFE invirtió la cantidad de 55 millones 200 mil pesos, con un aproximado de 1 millón 500 mil descargas reportadas al mes de abril del año en curso.
“Cualquier proyecto gubernamental que no esté mostrando una necesidad objetiva, métricas y para el cual además no se abre a una licitación pública, sino que es una adjudicación directa, pues
básicamente huele a corrupción.
“A través de este tipo de proyectos sí se puede filtrar muchísimo dinero, porque además son proyectos caros. Estamos hablando de que el costo de una aplicación en promedio es de entre 1 y 2 millones de pesos”, co- menta Cynthia Solís Arredondo, socia directora de la agencia Lex Inf IT Legal Advisory, especializada en materia digital.
Desde el punto de vista de la experta, algunos de los problemas más serios que enfrentan esta clase de proyectos son precisamente la falta de un marco regulatorio que obligue a los funcionarios encargados de aplicar los recursos en las áreas de innovación a comprobar la utilidad real y el cumplimiento de los objetivos iniciales para los cuales se crea una nueva herramienta digital.
“El problema es que no hay un documento o una estrategia federal, o algo que siente las bases para el desarrollo d aplicaciones. Lo único que más o menos se parece a una regulación a nivel federal sobre este tipo de aplicaciones es la obligación que tienen ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI) como sujetos obligados de hacer un análisis de impacto a la privacidad cada vez que quieran lanzar una plataforma gubernamental nueva.
“Pero de ahí en fuera no hay ningún otro tipo de directriz que pueda ser impuesta a nivel nacional para saber qué sí amerita una nueva aplicación móvil y qué realmente no. Ese es el
problema que tenemos hoy en día”, detalla.
Dentro de los problemas principales que encierra la falta de regulación en el terreno digital, está el desconocimiento sobre los costos reales para la creación de una herramienta móvil
Bajo rendimiento
Otro de los aspectos que dan cuenta de un proyecto digital fallido es un bajo número de des- cargas o muy poca actividad por parte de los usuarios.
Esto ocurre con los datos que reporta el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) en torno a su aplicación “Espacios.gob”, creada en 2016 y cuya finalidad es permitir que los servidores públicos “puedan ubicar la oficina compartida más cercana, verificar su disponibilidad y solicitar una reservación del espacio.
El desarrollo costó 4 millones 950 mil 361 pesos y sólo está siendo utilizada por 361 usuarios al día de hoy, como lo reportó la propia dependencia a través de la solicitud de información con folio 2700100008519.
Basurero digital
En el campo de las aplicaciones móviles desarrolladas tanto por el Gobierno federal como por los estatales, llama la atención el periodo de vida de los proyectos emprendidos.
Desde el cambio de gobierno, al menos 30 de las aplicaciones consultadas por Reporte Índigo registraron su última actualización durante el año 2018. Siendo pocas
de ellas las que aún se mantienen activas o resultan funcionales para el usuario común.
A consideración de Cynthia Solís, este fenómeno se explica desde dos ángulos: la falta de interés del usuario por tener múltiples aplicaciones del gobierno que sirven para cosas similares y la tendencia actual a mantener una interacción más funcional con plataformas que permiten diversas acciones.
Desde la llegada de Morena al poder, al menos 30 aplicaciones creadas por el gobierno anterior registraron su última actualización durante el año 2018 y pocas aún resultan funcionales
“Recordemos que en la Ciudad de México el sexenio pasado sacaron tres o cuatro aplicaciones que servían prácticamente para lo mismo. Eso implica costos de desarrollo, de implementación y
de mantenimiento para que al final del día la gente no las descargue todas.
“Por ejemplo, la famosa aplicación Rosa, que era específicamente para denunciar el acoso en las calles. Entonces, si te acosaban pues tenías un botón de ayuda, pero también tenías la aplicación de Seguridad Pública en donde podías denunciar cualquier delito, incluyendo el acoso”, menciona.
Este 5 de septiembre, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lanzó la aplicación “Mi taxi”, diseñada para incrementar la seguridad al abordar los taxis libres de la capital, pero cuya principal oferta es, precisamente, un botón de pánico en caso de emergencias. Una función que ya está contemplada en la aplicación “Emergencia 9-1-1” del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“No hay una estandarización en cuanto a cómo debe llevarse un proyecto; si debe ser licitación, si debe ser un desarrollo interno, no existe una regulación general y cada gobierno o cada estado decide cómo hacerlos.
“Además no son desarrollos ni baratos ni rápidos. La mayoría de las aplicaciones, hablando de seguridad pública, llevan una planeación de entre 6 meses y a veces hasta de un año, porque obviamente tienen que hacer pruebas antes de liberarlas. Entonces hay mucho trabajo pero poca planeación.
La tendencia es mantener menos apps en los teléfonos debido a que pueden llegar a ocupar mucho espacio, sin embargo, el gobierno sigue creando “apps” individuales en vez de ligarlas entre sí
Otro problema, acusa Cynthia, es que con cada cambio de gobierno sacan apps nuevas en lugar de mantener las que ya existen y sirven.
“Lo que hacen es invertir en un desarrollo completamente diferente y nuevo; las otras acaban literalmente en la basura por no tener mantenimiento y quedan obsoletas”, dice Solís Arredondo.
Como especialista en agencias digitales, agrega que la tendencia es mantener menos apps en los teléfonos móviles, debido a que ocupan espacio en los dispositivos, además de que no están ligadas con otras dependencias impidiendo que se haga más de un trámite a la vez o de brindar al usuario la mayor cantidad de información con pocos clicks.
“Qué sentido tiene que cada que quieras hacer un tramite distinto tengas que abrir una aplicación nueva. Por eso la tendencia ahora es el generar aplicaciones que tengan multifunciones, por ejemplo Facebook, que además de ser red social tiene plataforma de e-commerce y se conecta con otros espacios como Instagram. Pero en el aspecto gubernamental es al revés”.
Por último explica que si se detecta que un funcionario dio la orden para la adquisición o el desarrollo de una “app” que no tuvo una planeación de por medio, incluso podrían sancionarlo por destinar recursos públicos de forma irresponsable.
El dilema de crear o comprar
Existen dos caminos para que una dependencia ponga en marcha un proyecto de aplicación móvil: llevando a cabo una construcción desde casa con personal especializado o a través de un
proveedor externo.
Normalmente llevar a cabo el desarrollo al interior del organismo o instituto resulta menos común, al considerarse como una opción riesgosa y que implica la especialización de los equipos internos. Un riesgo que diversos funcionarios no están dispuestos a asumir.
“Hay una gran barrera para las áreas de sistemas en general, pues la persona que conoce mejor lo que se necesita par una aplicación suele tener muy poco nivel de tecnificación o jerarquía para la toma de decisiones”, menciona Rodrigo Álvarez Aguilera, quien hasta el pasado 31 de agosto fungió como subdirector de integración de sistemas en el Congreso de la Ciudad de México.
Desde su perspectiva, en lugar de que las dependencias del gobierno inviertan en mecanismos “caseros” para después ajustarlos sobre la marcha, deciden arrendar servicios de generación de herramientas y soporte que, a la larga, provocan mayores costos.
“Es desde la perspectiva administrativa desde donde resultan riesgosos los desarrollos ‘in-house’. Porque por el lado de los proveedores tienes gente muy capacitada pero con muy poca lealtad, mientras que del otro lado tienes gente que lleva cinco años sin actualizarse, con mucha lealtad a la empresa, pero sin capacidad para resolver”, comenta.
De acuerdo con el especialista en desarrollo de aplicaciones, cambiando de enfoque y aprovechando las bases que se tienen para trabaja desde las áreas informáticas al interior de las dependencias gubernamentales, es desde donde se pueden generan ahorros sustanciales.
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Sin embargo, las políticas de renovación o término de periodos de gestión, sumados con la ineficacia de algunos servidores públicos, son factores que disparan los precios de los proyectos.
“Siempre que llega un nuevo gobierno quiere vender la idea de que lo que hicieron antes estuvo mal para integrar un nuevo proyecto. Quitando algo que a lo mejor sí funcionaba por colgarse una flor o vender la nota.
“Como las jerarquías se ocupan por amiguismos, sueles tener en una posición gerencial de sistemas a alguien que no tiene perfil técnico. O por lo menos la suficiente preparación para entender el espectro completo de lo que implica su cargo”, dice.
Por último, menciona que si se invirtiera en la base de las organizaciones, el gobierno en general podría contar con herramientas tecnológicas mucho más avanzadas y funcionales a menores costos, algo que iría muy acorde con las políticas de austeridad emprendidas por el régimen de la Cuarta Transformación.
“A la base trabajadora les permitiría especializarse más y garantizar su permanencia con un mejor nivel. No nada más echarle aire comprimido a las PC, sino construir algo y formarse en las dependencias”.
