Apoyo a víctimas indirectas del Covid-19
En el Congreso de Nuevo León existen propuestas en favor de familiares que han perdido a una persona a causa del coronavirus como la del derecho al luto, la condonación de actas de defunción y becas para niñas y niños cuyos padres fallecieron
Luz RangelEn Nuevo León han fallecido 3 mil 806 pacientes por COVID-19, de acuerdo con la conferencia de prensa de actualización de casos del miércoles 7 de octubre. La pandemia llegó al estado que gobierna Jaime Rodríguez el 11 de marzo y, desde entonces, los decesos no se han detenido.
Un día antes, el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, rechazó cambiar de metodología para reportar muertes por asociación epidemiológica y casos de coronavirus, como el Gobierno de México a nivel federal. Argumentó que la entidad tiene certeza en las cifras por las más de 211 mil pruebas que ha aplicado.
Del total de decesos, 38 por ciento son de mujeres y 62 por ciento de hombres. Pero las víctimas no nada más son números y no sólo se trata de aquellas que quedan sin vida. En el Congreso de Nuevo León hay propuestas en favor de familiares que han perdido a una persona a causa del coronavirus.
El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, busca que los trabajadores tengan derecho al luto. El 23 de septiembre fue aprobada por unanimidad la iniciativa de reforma al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo que presentó.
El derecho al luto es independiente a la designación de beneficiarios para reclamar las prestaciones que generó el trabajador que murió
Así, los empleadores tienen la obligación de otorgar mínimo tres días posteriores al fallecimiento de un familiar de primer grado, por consanguinidad o afinidad, para ausentarse con goce de sueldo. El coordinador de la bancada emecista planteó esta licencia también en la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León al evidenciar un rezago de su reconocimiento.
“Quedando a consideración del patrón o del contrato colectivo de trabajo, otorgar más tiempo para que el trabajador se recupere del fallecimiento de su familiar”, mencionó en el Pleno del recinto legislativo.
El derecho al luto es independiente a la designación de beneficiarios como esposa, concubina, hijos o padres para reclamar las prestaciones que generó el trabajador que murió.
El PRI por condonación de actas y becas educativas por COVID-19
Dos diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también han hecho propuestas para los familiares que han perdido a una persona a causa del coronavirus.
En la sesión del martes 6 de octubre, el legislador Álvaro Ibarra Hinojosa exhortó al Gobierno de Nuevo León a que condone el pago de la inscripción y expedición de actas de defunción a quienes hayan fallecido por la pandemia de COVID-19.
“Es oportuno que como representantes populares velemos porque los ciudadanos, además de todo lo que deben de sufrir por los estragos de esta pandemia, no tengan un cargo excesivo al momento de perder a un ser querido y que un fallecimiento por esta enfermedad no se vuelva un tema recaudatorio”, expuso en tribuna.
De acuerdo con el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS), el pago de Derechos del Acta Certificada de Defunción es de 52 pesos. El costo de inscribir en la Institución del Registro Civil la Defunción es variable, pues va desde 407 hasta 727 pesos. Las tarifas están basadas en las cuotas aprobadas por el Congreso y fueron publicadas en el periódico oficial mediante la Ley de Hacienda para el Estado y Municipios de Nuevo León.
Los diputados aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo y añadieron que el beneficio también se aplique a los decesos de personas con neumonía atípica.
El 15 de septiembre, el coordinador del Grupo Parlamentario priista, Francisco Cienfuegos, propuso la creación de un fondo de becas que permita a niñas, niños y adolescentes de hasta 17 años y 11 meses cuyos padres fallecieron por coronavirus COVID-19 continuar con su educación básica.
Cienfuegos calcula cerca de 25 o 30 millones de pesos de una partida especial en el presupuesto 2021. Las becas serían entregadas a través de la Secretaría de Educación.
“Para la correcta aplicación, se propone que los beneficiarios sean menores que se encuentren inscritos en escuelas públicas, de nivel preescolar, primaria, secundaria y medio superior, bajo un sistema escolarizado, semi escolarizado y educación en línea”, detalló en el Congreso.
