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El debate que determinará cuál será la estrategia del nuevo gobierno para acabar con la grave crisis de violencia e inseguridad por la que atraviesa el país ya comenzó.
El ejercicio que se llevará a cabo en diversas rondas de discusión con sede en la Cámara de Diputados -previo al inicio del periodo extraordinario legislativo- le brinda al Gobierno federal una oportunidad de mostrar una faceta más incluyente para la construcción de un plan que finalmente logre resolver la más sentida exigencia de los mexicanos.
En los foros que arrancaron el día de ayer, el principal tema a tratar será la aprobación de la Guardia Nacional, la bandera del gobierno de la cuarta transformación para combatir la inseguridad, pero también se tocarán rubros como la seguridad ciudadana en los estados, el federalismo, estrategias municipales, derechos humanos, seguridad y construcción de paz y seguridad humana
De acuerdo con el calendario programado, estos ejercicios continuarán hasta el sábado 12 de enero con la finalidad de que los legisladores escuchen las opiniones de diversos sectores de la población antes de que se aborde, en el periodo extraordinario de sesiones, la reforma constitucional que avalaría la creación de la Guardia Nacional, ya que tanto la oposición política como especialistas y distintos colectivos y organizaciones civiles han acusado no haber sido tomados en cuenta.
Su principal inquietud es que sus planteamientos no sólo sean escuchados, sino que se incluyan en la política que emprenda el gobierno y que su participación no sirva únicamente para legitimar decisiones que parecen fueron tomadas de antemano
En este sentido, Lisa Sánchez, directora General de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), la cual forma parte del colectivo #SeguridadSinGuerra junto con cerca de 300 organizaciones más, dice no tener duda de que estas audiencias públicas organizadas por el Gobierno federal son una completa simulación.
“El ejercicio es una simulación por no llamarlo de una forma más fea, en el cual básicamente se nos está otorgando la posibilidad de asistir a la Cámara de Diputados sabiendo de antemano, porque así lo dijo el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, que la Guardia Nacional va porque va”.
Además, la experta en temas de seguridad aclaró que en donde ellos quieren participar en un ejercicio de parlamento abierto real es en las sesiones de las comisiones, dejando en claro que en las reuniones deben estar también las víctimas de esta problemática para que su voz sea escuchada, un segmento de la población olvidado por las autoridades a la hora de crear la estrategia.
Discusión polarizada
Mientras la oposición a la nueva administración, la sociedad civil, los académicos y expertos en la materia pelean por una estrategia que no esté basada en la militarización de las tareas de la seguridad pública, los aliados de Morena y los militantes del partido guinda buscan aprobar cuanto antes el plan anunciado por Andrés Manuel López Obrador.
“Sabemos que es un debate entre la ideología, entre la dura realidad, entre la urgencia, entre fobias, entre prejuicios, convicciones, temores; todos válidos. Pero lo que no se vale es perder tiempo, porque el tiempo en esta materia no se cuenta en horas, minutos y segundos, se cuenta en extorsiones, en muertos, en desaparecidos”, indicó Mario Delgado en su llamado a los demás legisladores para agilizar la aprobación de la Guardia Nacional.
Durante la primera ronda de discusión, la cual trató el tema de seguridad ciudadana en los estados y en la cual estuvieron presentes gobernadores, diputados, senadores, académicos y sociedad civil, las confrontaciones políticas no tardaron en suscitarse.
Entre los reclamos que más destacaron estuvieron los emitidos por los integrantes de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes acusaron de ingenuos y dóciles a los gobernadores que apoyaron la creación de la Guardia Nacional.
No obstante, no hubo ningún mandatario estatal que, a pesar de haber mostrado su apoyo para la creación de la Guardia Nacional, no señalara su preocupación en torno a temas como el respeto al pacto federal, a la autonomía de los estados en materia de seguridad, en la importancia de capacitar a las corporaciones policiacas y de dotar a la Guardia Nacional, en caso de que se apruebe su creación, de un mando civil y no militar
“La Guardia Nacional no debe ser una institución clonada de las fuerzas armadas ni conducir a la militarización del país. Hay que formar policías, hay que garantizar el respeto a la soberanía estatal privilegiando coordinación, trabajo conjunto y pleno respeto a los derechos humanos […] la seguridad es un tema compartido entre la federación, estados y municipios y como es normal ningún orden de gobierno está dispuesto a renunciar a su competencia, soberanía interior y autonomía”, afirmó el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, también presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Por su parte, Laura Rojas, diputada del PAN, principal partido de oposición, dijo en entrevista para Reporte Indigo que lo que busca su partido es que la Guardia Nacional cuente con un mando civil, que no se transgreda el federalismo, que se establezca un periodo de tiempo para que el Ejército realice tareas de seguridad y que se fortalezcan las policías.
Ignorados alzan la voz
No es la primera vez que las recomendaciones y advertencias de las organizaciones de la sociedad civil, los académicos y expertos en temas de seguridad respecto al peligro que conlleva legar la seguridad de la ciudadanía a las Fuerzas Armadas son ignoradas por el Gobierno federal.
Previo a que se votara en diciembre de 2018 el dictamen pasado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la administración actual organizó una serie de mesas para discutir junto con algunas de las organizaciones que conforman el colectivo #SeguridadSinGuerra la estrategia planteada por el nuevo gobierno.
Sin embargo, al final del día, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados aprobó el dictamen sin tomar en cuenta todo lo que se abordó en las reuniones, incluidas las recomendaciones que emitió la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en México.
Ahora, en las audiencias públicas que comenzaron el día de ayer, la historia parece repetirse, pues los diputados no sólo ignoraron la petición del colectivo #SeguridadSinGuerra de incluir también en el debate a las víctimas de la violencia, sino que el comunicado que les enviaron donde exponen sus preocupaciones fue pasado por alto.
La falta de capacitación de los cuerpos policiacos y de los ministerios públicos podría provocar que las tareas de la Guardia Nacional en materia de seguridad se vuelvan ineficaces
“Hoy acudimos nuevamente con el comunicado que sacamos el lunes para insistir que esta deliberación debe estar basada en datos, evidencia y no en concesiones a dos o tres puntos marginales sobre el dictamen y la respuesta fue clara: se interpretó como un cuestionario y ante nuestra petición de incluir a las víctimas se nos dijo que posiblemente se podrían incluir el sábado pero que los trabajos legislativos continuarán como estaban planeados.
“Van a modificar la constitución, el orden institucional, van a trastocar las relaciones cívicomilitares y la imposibilidad de tomarnos en cuenta está en cambiar el programa de trabajo ya establecido que incluía a gobernadores, alcaldes y expertos”, señala Lisa Sánchez en tono irónico.
Ante esta realidad, la directora general de MUCD asegura que es muy importante dejar en claro que ni como colectivo ni como organización independiente están esperando algún tipo de negociación con el Gobierno federal porque el tema del dictamen y de la posible aprobación de una reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional no es un asunto en el que estén dispuestos a participar para negociar cambios cosméticos al dictamen.
“Lo que estamos haciendo es un ejercicio de exigencia ciudadana en donde lo que pedimos es que nos comprueben con datos y evidencia que la decisión que están tomando es la única posible en contra de la inseguridad y que se van a hacer responsables de las consecuencias que las operaciones de la Guardia pueda tener no sólo en materia de incidencia delictiva o de violencia, también en cuanto al debilitamiento institucional y atropello de las instituciones existentes y del marco legal que es el encargado de operar no sólo para los temas de delincuencia organizada, sino de delitos del fuero común”.
Además, Sánchez aseguró que la posición del Colectivo y de México Unido Contra la Delincuencia es que no debe haber una reforma constitucional que habilite que los militares participen en las tareas de seguridad pública.
“Para nosotros no hay modificaciones cosméticas al dictamen que en realidad mejoren o vuelvan potable el hecho de que lo que nos están recetando es un cambio de paradigma donde se abandona la seguridad ciudadana y se entrega por completo la responsabilidad a la autoridad militar”.
Por último, la directora general de MUCD comentó que han detectado ciertos errores en el diagnóstico en el tema de la inseguridad.
“El 95 por ciento de los delitos en este país corresponden al fuero común, por lo tanto la gran amenaza no viene de la delincuencia organizada, ante lo cual es innecesaria la creación de una fuerza federal con alto poder de fuego, eso es lo primero.
“Lo segundo es que incluso considerando que ante grandes problemas se necesitan grandes remedios, de todas maneras el componente de procuración de justicia queda tan débil en esta nueva solución que todos aquellos casos que puedan procesarse en el sistema judicial a partir de la creación de la Guardia Nacional van a seguir cayendo en las mismas manos débiles de procuradurías estatales poco capacitadas sin infraestructura y con presupuesto insuficiente; por lo tanto nos parece que al final del día, incluso en presencia de la Guardia Nacional, no veríamos grandes resultados”.
Académicos, expertos en seguridad, partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil acusaron al Gobierno federal y a los legisladores de Morena de no tomar en cuenta sus recomendaciones y de intentar aprobar una reforma constitucional a modo
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