Apareciendo desaparecidos

El infierno que viven los familiares de un desaparecido alcanza dimensiones ilimitadas cuando no hay confianza en las autoridades.

A tres años de la desaparición de Brenda Damaris González Solís, los presuntos restos de la joven, clasificados como “Prueba 166” por el mismo número de huesos encontrados, han sido considerados por sus parientes como un invento de la Procuraduría para cerrar el expediente. 

La familia recibió un cuerpo del que no están seguros corresponde a la joven desaparecida y sospecha que buscan engañarlos por varios aspectos.

Primero, no los dejaron ver los restos. Se les entregó una bolsa oscura y les prohibieron abrirla. 

Segundo, la ropa encontrada junto al cadáver no corresponde a la que llevaba puesta Brenda Damaris.

Tercero, los restos fueron entregados directamente a la funeraria y con la orden de que no habría funeral, sino que solicitaron que los incineraran.

 Y cuarto, aseguran que la antigüedad de los restos es anterior a la desaparición de la joven.

Por estas irregularidades, los tres hermanos y los padres de Brenda Damaris rechazan expedir la declaración de fallecimiento, porque no aceptan el documento de la identificación del cadáver. 

“Ya eran puros restos, ya ni olor tenían. Fue la funeraria quien recibió la bolsa negra con los huesos. Y se le dio la orden de que no se iban a velar”, explicó Juana Solís Barrios, madre de la víctima. 

“O sea fue inducido todo, no puedes velar. Mis hijos igual, todavía, haz de cuenta que el día que sepultamos la cajita, mi hijo se tiro a la fosa y quería sacar la caja. Y él decía que no era su hermana”.

Ante la duda razonable de los restos de Brenda Damaris, su familia hizo caso omiso a la instrucción de la Procuraduría del Estado para incinerar los restos y dio sepultura a los fragmentos recibidos en noviembre del año pasado, por respeto y dignidad a la persona que le pertenecían. 

Y es que las irregularidades que presenta el caso de la joven, que cumpliría 28 años en el próximo noviembre, también son contradictorias. No coinciden las anotaciones del expediente entregado con los hechos. 

La autoridad les entregó unos restos de 10 a 12 meses más antiguos de lo que Damaris tenía de desaparecida.

“Haz de cuenta que estos restos ya van a cumplir tres años ahora en noviembre, y Damaris acababa de cumplir dos años (desaparecida) cuando nos entregaron los restos”, dice la madre de la víctima. 

“Además, dicen que ella traía un bóxer verde, y ella jamás uso un bóxer verde. Ella traía un short negro y una blusa strapless”. 

La familia exigió al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz la autorización para realizar una segunda prueba de ADN, con personal externo a la Procuraduría para tener certeza de los resultados entregados por la autoridad.

“Lo que estamos siguiendo son los pasos legales. El pedírselo al Ministerio Público para que el ministerio acepte o autorice a hacer la exhumación”, explica Juana Solís.

“Exigimos al Estado mexicano cese en sus actos de tortura en contra de las familias de víctimas de desaparición forzada”, se lee en la carta dirigida al gobernador el 31 de julio de 2013. 

El caso de la joven marca un antes y un después para todas aquellas familias que han denunciado la desaparición forzada de su seres queridos.

Pues más allá de confirmarse si la entrega del cuerpo corresponde o no a Brenda Damaris, los familiares de las víctimas exigen cumplir con los protocolos internacionales de la Cruz Roja para la entrega de cuerpos. 

La cual establece en su Artículo 21 un trato con respeto y dignidad, con derecho a una exhumación por parte de la autoridad si así se desea. 

También fija que los exámenes post mortem emitan un dictamen definitivo de la identidad y la causa de muerte de los restos humanos. 

“Yo creí que me los iban a entregar en una caja o en algo, pero me los entregaron en una bolsa. Porque como no era un cuerpo, fue una bolsa que el de la funeraria dijo que no era necesario ocupar una caja, que se había pedido grande”, comentó Juana Solís. 

 “Más que jugar con los sentimientos de los familiares de las víctimas, no los están respetando”, explicó la señora Leticia Hidalgo, integrante de la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL).

“Sabemos que si se estableciera el protocolo internacional de restos que deben respetar, pues sería respeto para nosotros y para ellos. Todo mundo estaría protegido”, agrega. 

El día de la llamada

El 17 de noviembre de 2012, después de un año de espera, le entregaron a Juana Solís Barrios el presunto cuerpo de su hija. Mismo día en el que tuvo que sepultarla por la tarde.

“(Ese día) fue puro trámite, trámite, porque tenía que ser el mismo día. Yo a las 6:00, 6:30, yo ya estaba ahí esperando bien desesperada.

“Me entregaron el papel que decía que había sido encontrado en el kilómetro 92 de la Carretera Monterrey-Saltillo.

“Y fue la funeraria quien recibió la bolsa negra con los huesos”.

Las autoridades les comentaron que desde hacía un año habían dado con los restos, pero que no habían detectado a quién pertenecían porque no habían hecho los cruces de ADN.

“No sé por qué tardaron tanto, pero todos los días nosotros estábamos ahí, todos los días.

“Me decían: ‘otra vez señora’ y que qué quería. Y yo: ‘sí, otra vez, porque no se me perdió un perro, se me perdió mi hija’”.