Luego de la adquisición de las propiedades en México y los departamentos en Estados Unidos, la DEA inició su investigación
El mismo cuestionado Notario Público Número 44 protocolizó la compraventa de uno de los terrenos
Uno corresponde a un terreno que costó 11 millones de pesos con una superficie de 26 mil 81 metros cuadrados
El juez suspendido Luis Armando Jerezano Treviño comparte más que un lazo familiar con la madre de su esposa: el gusto por adquirir propiedades millonarias.
La suegra, Thelma Guadalupe Treviño Clemente, una ama de casa sin ingresos propios, se habría convertido en la prestanombres del juzgador en tres terrenos que adquirió en menos de un año por casi 15 millones de pesos.
El periodo en que compró los bienes inmuebles, entre diciembre de 2008 y octubre de 2009, corresponden al momento posterior en que Jerezano Treviño obtuvo dinero proveniente de un abogado ligado al narcotráfico.
De hecho, su liga con ese litigante provocó que el juez de Distrito fuera investigado por la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA, por lavado de dinero.
Esto, tras recibir depósitos bancarios que sumaban cerca de 1 millón de dólares de Enrique Adolfo Gutiérrez Falcón, representante legal de Juan Chapa Garza.
Este último personaje fue uno de los operadores financieros del narcotraficante Juan García Ábrego, el creador del Cártel del Golfo.
Jerezano Treviño otorgó en esa época un amparo que le permitió al intermediario del capo recuperar propiedades que el Gobierno Federal le había incautado una década atrás, cuando fue extraditado a Estados Unidos en 1994.
A pesar de que se dedica al hogar, la suegra del juez suspendido tiene a su nombre inmuebles que compró en efectivo y con cheques, que aparecen en los libros del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León.
La madre de la esposa del juez aparece en todas las operaciones como la única compradora de los bienes.
Uno corresponde a un terreno que costó 11 millones de pesos con una superficie de 26 mil 81 metros cuadrados, ubicado en el Municipio de Santa Catarina.
El predio fue adquirido el 26 de mayo de 2009, mediante un contrato de compraventa que pasó ante la fe del Notario Público Número 44, Arnulfo Gerardo Flores Villarreal, quien como Jerezano Treviño, está ligado a casinos.
El fedatario y su padre, el también notario Arnulfo Flores Rodríguez, se vieron involucrados a finales del año 2000 en una red de fraudes a empresas, mediante hipotecas ilegales.
Flores Villarreal además dio fe del oficio apócrifo que permitió otorgar una suspensión provisional a la clausura del casino Foliatti, que contenía firmas falsas del exsecretario de Desarrollo Urbano de Monterrey, José Garza Gallardo.
La suegra de Jerezano adquirió el terreno a los particulares María Aurora Tijerina y Limón, Serafín Garza Villalón, María Elena Villarreal Esquivel, Luciano Gerardo Galindo Ruiz y Lilia Guillermina García Muller.
El acto fue inscrito con la escritura pública número 16 mil 927.
Según el documento, el inmueble es una tierra de labor, llamada “La Casa” o “San Roque”, ubicada en las márgenes del Río Santa Catarina, que colinda con un camino vecinal y otras propiedades rústicas.
Compró dos lotes en Valle Alto
A través de su suegra, el juez casinero también habría adquirido otros dos lotes contiguos en la colonia Privada Valle Alto, en la capital regia.
Cada porción de tierra mide 400 metros cuadrados y están ubicadas en la manzana número 18 del fraccionamiento.
El mismo cuestionado Notario Público Número 44 protocolizó la compraventa de uno de los terrenos, situado en el lote número 9, según la escritura 17 mil 576.
En la operación, registrada el 26 de octubre de 2009, la suegra adquirió el predio por 1 millón 900 mil pesos a la empresa Inmobiliaria de Bienes ADC, S.A. de C.V.
Otro lote contiguo, marcado con el número 8, fue comprado por la madre de la esposa del juez, al matrimonio de María Guadalupe Llaguno Farías y Rubén Ortiz Álvarez.
Ese terreno se vendió el 18 de diciembre de 2008 por 2 millones de pesos, de acuerdo con la compraventa protocolizada en la escritura 4 mil 569, que pasó ante la fe del Notario Público Número 77, Raúl Lozano Medina.
Las propiedades compradas en Nuevo León por la suegra del juez se suman a los dos departamentos que Jerezano Treviño y su esposa, Claudia Zulema Alanís Treviño, tenían en el exclusivo Condado de Orange, en Orlando, Florida.
Ahí, la pareja enfrentó un juicio hipotecario que culminó con la subasta de una de las unidades y enfrentó otra acción de ejecución hipotecaria por no pagar un crédito con el que adquirió los inmuebles.
Tanto él como su cónyuge fueron demandados en Estados Unidos por la empresa Marriot Ownership Resorts, Inc., la operadora de los Condominios Lakeshore Reserve, donde tenían los departamentos.
Capital de dudosa procedencia
Los bienes que Jerezano Treviño tiene en Nuevo León, presuntamente a través de su suegra, suman exactamente un total de 14 millones 900 mil pesos.
Este capital lo empezaría a formar meses después de que circularon cientos de miles de dólares en una cuenta en el banco IBC que el juez tenía en McAllen, Texas.
Para el momento en que empezó a formar el patrimonio, a partir de diciembre de 2008, el saldo reflejado a su favor ya superaba el millón de dólares.
Poco antes de las compraventas de terrenos, en julio de aquel año, el IBC había cuestionado las transacciones de Jerezano Treviño y su esposa, así que los movimientos posteriores en esa cuenta fueron menores a los 10 mil dólares y de forma remota.
Después de la adquisición de las propiedades en México y los departamentos en Estados Unidos, la DEA inició oficialmente su investigación internacional por lavado de dinero.
La indagatoria fue abierta el 6 de diciembre de 2011 por dos agentes antinarcóticos de Houston, Texas, y culminó con el aseguramiento de los recursos que tenía el juez en ese instrumento financiero.
Toda esta trama de complicidades deriva del amparo número 1190/2006, que Jerezano Treviño otorgó cuando era titular del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila.
Ese recurso le permitió entonces al capo Juan Chapa Garza recuperar bienes que el Gobierno Federal le había asegurado cuando fue extraditado.
La DEA precisó en su investigación que incluían casas, vehículos, terrenos y empresas, según documentación asegurada al abogado Enrique Adolfo Gutiérrez Falcón, cuando fue detenido en la ciudad texana de Eagle Pass, hace dos años.
Desde un lavado de autos, hasta compañías especializadas en biotecnología, fueron algunas de las posesiones que el litigante recuperó a su cliente, ligado con el narcotraficante Juan García Ábrego.
