El abasto energético en la península de Yucatán pende de alfileres. Aunque la autoridad ha intentado minimizar la contingencia tras los recientes apagones y fallas en el suministro eléctrico y la declaratoria de una posible emergencia por parte del Centro Nacional de Control de Energía, lo cierto es que estos hechos no son aislados.
El origen de la crisis que se está gestando en la región, advierten fuentes del sector energético, se encuentra en la falta de presión necesaria para bombear y hacer llegar el gas natural que requieren las plantas generadoras de la Comisión Federal de Electricidad, debido a que la actual infraestructura de interconexión está resultando insuficiente para surtir de este insumo a las termoeléctricas.
Como agravante, una pugna entre el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) y particulares, mantiene detenida una ambiciosa obra que mitigaría en gran parte la insuficiencia de gas natural en la región peninsular debido, aparentemente, a motivaciones políticas y a un supuesto desconocimiento de los procesos de contrataciones y licitaciones públicas por parte de los principales directivos.
Actualmente son tres centrales de CFE en la Península de Yucatán las encargadas de generar energía eléctrica mediante el uso de gas natural
La obra, de acuerdo con el contrato CENAGAS/OBRA/025/2019-P, tiene como objetivo el Suministro, Instalación, Pruebas y Puesta en Operación de Dos Turbocompresores y un Sistema de Regulación, así como la Modernización de los Sistemas de Medición, Sistemas Antisurge, Compresores Centrífugos y Sistemas de Control de la Estación de Compresión Cempoala, la cual en teoría debió empezar a ejecutarse en septiembre de 2018.
Con este proyecto se optimizaría y modernizaría la estación de compresión en Cempoala, Veracruz, para incrementar el flujo y presión de gas natural proveniente de Texas, EU, del gasoducto procedente de Tuxpan y Reynosa hacia la región centro y sureste del país.
Tras un largo proceso de licitación iniciado con la convocatoria emitida el 1 de junio de 2018, la nueva dirección de Cenagas, a cargo de Elvira Daniel Kabbaz Zaga, decidió terminar anticipadamente el contrato que ya se había firmado con el consorcio integrado por Operaciones Internacionales de Servicios, S.A. de C.V., Oil International Services Inc y Construcciones Rodriguez de Aguascalientes, S.A. de C.V por un monto de 691 millones de pesos para la ejecución de la obra.
La terminación anticipada del contrato con fecha del 17 de abril de 2019 fue notificada el 8 de mayo a las empresas que integran el consorcio.
El argumento de Cenagas fue que las compañías, por intermediación en la compra de los turbocompresores para la obra, estaban cobrando entre un 29 y 34 por ciento más de lo previsto, lo que le representaba al Estado un sobrecosto de 140 millones de pesos.
Sin embargo, según los contratistas, el supuesto sobreprecio fue calculado erróneamente por el órgano, debido a que no se estaban contemplando diversos requerimientos económicos como trabajos y servicios adicionales para el transporte, impuestos de importación, pagos aduanales y ensamblaje de los turbocompresores, los cuáles fueron incluidos en la propuesta inicial bajo los rubros de costos indirectos y que convierte a los contratistas en integradores tecnológicos, capacidad con la que Cenagas no cuenta.
Al momento de esta publicación, el consorcio que ganó el contrato cuenta con una suspensión provisional por parte de un Juzgado de Distrito, y está en espera de la resolución definitiva para saber si continuará o no con la obra en Cempoala, Veracruz.
Avisos de una crisis
Cenagas anunció a finales de mayo que el proyecto para instalar un sistema de regulación en la Estación de Compresión de Cempoala sigue en pie, por lo que dio a conocer que habría una nueva licitación para la obra, en donde no estará incluida la compra y la instalación de los dos turbocompresores, los cuáles pretende adquirir directamente con la empresa estadounidense Solar Turbines, único proveedor calificado técnicamente de acuerdo a la licitación en cuestión.
No obstante, el tiempo juega en contra del sector energético. El acto de fallo por Cenagas, según el primer cronograma, estaba programado para el 28 de agosto, por lo que los trabajos en Cempoala debieron iniciar en septiembre de 2019; nueve meses después, continúa la incertidumbre.
En lo que va del año se han registrado al menos tres apagones importantes en Yucatán, el último de ellos apenas el 18 de junio y el cual coincidió con la notificación por parte del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de una emergencia eléctrica
La razón de la declaratoria fue que la demanda de electricidad superaría la capacidad de generación durante los próximos meses por la carencia de gas natural en las termoeléctricas.
Anteriormente se registraron fallas y apagones en el suministro de marzo y de abril, mismo en el que Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló que el apagón del día 5 de abril se debió a una supuesta quema de cañaverales que afectaron la infraestructura de transmisión.
Sin embargo, fuentes del sector energético e industriales de la región aseguran que el fondo del asunto es la escasez de infraestructura para transportar el gas natural, insumo que requieren las plantas generadoras de CFE para producir electricidad.
Actualmente son tres centrales de CFE en la Península de Yucatán las encargadas de generar energía eléctrica, y en pocos meses podrían comenzar a presentar mayores problemas al no tener suficiente gas natural para alimentarse.
Tortuoso proceso
El 1 de junio de 2018 fue publicada en Compranet la convocatoria para la licitación pública de la obra más ambiciosa en la corta historia de Cenagas con el número LO018TON999-E54-2018.
El objetivo de la licitación fue contratar a las mejores empresas para que desarrollaran un proyecto de infraestructura que permitirá surtir a las termoeléctricas de la península de Yucatán con gas natural y así garantizar el suministro de energía y evitar los apagones.
El 6 de junio los interesados visitaron el sitio de los trabajos y a partir del 22 del mismo mes se llevaron a cabo las juntas de aclaraciones.
Los dos consorcios finalistas en la licitación realizada por Cenagas tuvieron que atravesar por un calvario previo a la determinación final del Centro Nacional de Control de Gas Natural, donde finalmente, ninguno resultó completamente victorioso
Posteriormente, el 1 de agosto, se realizó el acto de presentación de propuestas donde cinco compañías entregaron sus ofertas técnicas y económicas.
Las empresas que presentaron proposiciones fueron Bonatti, S.P.A.; Rengen Energy Solutions, S.A. de C.V.; Operaciones Internacionales de Servicios, S.A. de C.V. en conjunto con Oil International Services Inc y Construcciones Rodriguez de Aguascalientes, S.A. de C.V.; Ica Fluor Daniel, S. de R.L. de C.V. en conjunto con Ica Stork S. de R.L. de C.V.; Fluor Daniel Holdings, Inc; y Flour Daniel Eurasia, Inc; y Taylor Servicios Técnicos, S.A. de C.V. en conjunto con MAJA Consulting Group, S.A. de C.V.
El 28 de agosto de 2018, Cenagas emitió el fallo original de la licitación, donde resultó que las empresas Bonatti, Rengen Energy Solutions y el consorcio de Ica Fluor Daniel fueron descalificados por no cumplir con diversos requerimientos técnicos de la convocatoria.
El 1 de agosto de 2018 se llevó la presentación de propuestas para la licitación de Cenagas en la que 5 compañías entregaron sus proyectos
Por lo que los consorcios integrados por Operadores Internacionales de Servicios y el formado por Taylor Servicios Técnicos fueron los únicos evaluados en la parte económica.
A pesar de que la propuesta de Operadores Internacionales de Servicios (691 millones de pesos) era inferior en 35 millones de pesos a la presentada por Taylor Servicios Técnicos (726 millones de pesos), esta última obtuvo una mejor calificación total en la evaluación de puntos y porcentajes de Cenagas.
En este acto, Cenagas aclaró que existieron errores aritméticos en las propuestas y modificó los importes entregados.
Sin embargo, el consorcio integrado por Operaciones Internacionales de Servicios presentó el 5 de septiembre una inconformidad ante el Órgano Interno de Control (OIC) de Cenagas, argumentando que Taylor no había tomado en consideración modificaciones a la volumetría de algunas partidas, las cuales habían sido solicitadas en las juntas de aclaraciones como lo mandata la Ley de Obras y Servicios; y que es causal de descalificación.
En febrero de 2019, el OIC resolvió de fundada la inconformidad, y decretó la nulidad de la adjudicación del 28 de agosto.
El 1 de marzo, Cenagas procedió a la reposición del fallo, descalificando a Taylor y adjudicando el contrato al consorcio integrado por Operaciones Internacionales de Servicios
Taylor interpuso un incidente el 15 de marzo, y el OIC ordenó la suspensión de cualquier acto relacionado con el proceso de contratación hasta no resolver el fondo del asunto.
El 2 de abril de 2019 se llevó a cabo una segunda reposición del fallo realizado el 1 de marzo y se adjudicó nuevamente el contrato al Consorcio integrado por Operaciones Internacionales de Servicios y dos empresas más. Por tanto, la firma del contrato debió haberse realizado el 17 de abril de 2019 (15 días naturales siguientes al Acto de Fallo).
Una semana después, el 9 de abril, el Consorcio al que se le adjudicó el contrato fue notificado que se había diferido la firma del mismo en virtud de existir un acta administrativa por un error en el monto adjudicado derivado de correcciones realizadas por Cenagas el 1 de agosto de 2018, la nueva fecha límite para la firma sería el 25 de abril.
Costosa austeridad
Entre el 9 de abril y el 7 de mayo de 2019, representantes de Operaciones Internacionales de Servicios, Oil International Services Inc y Construcciones Rodriguez de Aguascalientes, fueron convocados a distintas reuniones de carácter informal, en las que no se levantaron minutas de lo ahí tratado, confirmaron fuentes de ambas partes de la negociación.
Sería en estas reuniones donde directivos de Cenagas, encabezados por el Jefe de la Unidad de Finanzas y Administración, Gustavo Álvarez Velázquez, comenzaron a tratar con los empresarios la modificación del contrato a fin de que fuera Cenagas quien comprara directamente a la empresa estadounidense Solar Turbines (fabricante) los dos turbocompresores para ahorrar dinero.
En primera instancia, el Consorcio expresó su aceptación siempre y cuando la modificación del contrato fuera acorde a la legalidad.
La clave de las diferencias entre Cenagas y los empresarios radica principalmente en la partida 4.4 de propuesta económica relativa al suministro e instalación de los turbocompresores, que ascendía a la cantidad de 465 millones de pesos.
En la propuesta original, se contemplaba el costo del gasto directo de ambos turbocompresores, los cuáles fueron cotizados por Solar Turbines a Operaciones Internacionales en 20 millones de dólares, con un tipo de cambio a junio de 2018 de 18.75 pesos por dólar. Lo que daba un total de 375 millones de pesos
El resto lo componía no solo la compra de los turbocompresores, sino el transporte desde San Diego California (donde los entrega Solar) hasta Cempoala, Veracruz, así como honorarios aduanales, impuestos de importación, materiales necesarios para su instalación y el ensamblado de los equipos en el sitio de la obra, ya que el fabricante únicamente entrega los turbocompresores ensamblados en un 70 por ciento.
Entre los costos extras también están incluidos un total de 70 millones de pesos por concepto de gastos indirectos (los cuáles son obligatorios según la Ley de Obra Pública) y que considera erogaciones como fletes y acarreos; seguros y fianzas; trabajos previos y auxiliares y el suministro de todos los materiales necesarios para el desarrollo completo de la actividad, entre otros
Todos estos gastos necesarios para la ejecución de la obra serían los que al parecer considera Cenagas que estarían generando un sobrecosto, partiendo de que el gasto por la compra de los turbocompresores sería únicamente de 375 millones, pero sin tomar en cuenta las erogaciones requeridas para su transporte y ensamblaje.
Otro factor a tomar en cuenta es que la cotización de 20 millones de dólares para los compresores, incluida en la propuesta económica, estaba vigente a junio de 2018, por lo que el costo a junio de 2019 podría ser entre un 3.5 y 4.5 por ciento más caro.
Lo que dejaría el precio de compra entre 20.7 y 20.9 millones de dólares. Al tipo de cambio actual el costo estimado sería de entre 397 y 401 millones de pesos, sin contar los gastos extras, por lo que al final, el costo de la obra, en caso de continuar, podría resultar más elevado.
El intento por parte de Cenagas para evitar los costos indirectos necesarios para poder realizar el proyecto podría resultarle en más gastos, pues no se respetaría el primer precio negociado por los dos turbocompresores debido al tipo de cambio actual
