La Ciudad de México enfrenta una lucha a contrarreloj para combatir el rezago en el que se encuentra el Sistema Local Anticorrupción (SLA).
A casi dos años de que venciera el plazo para que se conformara, éste es el más atrasado de las 32 entidades del país, seguido de Campeche y Chiapas.
Ricardo Alvarado, especialista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), señaló que la Ciudad de México podría salir en septiembre del rezago que tiene.
El reto que tienen es ponerse a trabajar a destiempo, ponerse de acuerdo en varios temas, en cómo van a trabajar
De acuerdo en la experiencia de otros estados, el tiempo de funcionamiento del SLA ha sido de un año, periodo que podría tardar la Ciudad de México en replicar su ejemplo.
“La idea del sistema es que se haga una mesa en la que todas estas oficinas, magistrados, fiscalía, el órgano de transparencia, el comité ciudadano, se sienten y juntos definan prioridades y establezcan planes de trabajo con la intención de que se pongan de acuerdo y combatan la corrupción de forma sistémica”, explicó.
Dichos acuerdos tendrán que verse reflejados en mejores métodos de investigación contra la corrupción así como policías y jueces que puedan afrontar mejor la problemática.
“La apuesta mexicana para resolver la corrupción descansa en el supuesto de que todas las oficinas que ya combatían la corrupción de manera segregada diseñen políticas anticorrupción y creen mecanismos anticorrupción entre ellos para tener mejor armados los procesos”, puntualizó.
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Avances tardíos
El Congreso de la Ciudad de México espera que para agosto o septiembre de este año esté listo el Sistema Local Anticorrupción (SLA) de la capital que lleva casi dos años de atraso.
Durante la sesión ordinaria del órgano legislativo del 28 de mayo de 2019 se votó y aprobó la convocatoria para la creación del Comité de Selección, uno de los seis eslabones del sistema.
A casi dos años de que venciera el plazo para que se conformara, el SLA de la CDMX es el más atrasado de las 32 entidades del país con ningún nombramiento de seis; le siguen Campeche y Chiapas
El diputado Carlos Castillo, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, justificó que el retraso se debió a que la última legislatura de la Asamblea Legislativa (ALDF) no respetó requerimientos y empantanó la conformación del sistema.
“Se violentaron diversos procesos que hicieron que se empantanara y se pospuso esta discusión. Recién entramos y la Comisión que yo presido, que es la de Transparencia y Combate a la Corrupción, empezamos a trabajar y recayó en nosotros la responsabilidad de construir el sistema local”, dijo
El legislador mencionó que la ALDF cometió errores jurídicos al momento de crear las leyes para el SLA y por ello se tuvieron que volver a adaptar.
“Cuando llegamos había un atraso de ocho meses en los nombramientos InfoDF, de cinco integrantes teníamos solo uno y emitimos la convocatoria desde la comisión”, refirió Castillo
Aseguró que desde el año pasado, cuando comenzó el primer Congreso de la capital, se ha avanzado considerablemente en el SLA.
“De septiembre a la fecha tomamos protesta a las personas responsables del InfoDF, también emitimos la convocatoria para el Comité de Selección. Igualmente, armonizamos la Ley de Transparencia, la Ley de Fiscalización y Auditoría de tal manera que el 11 de diciembre nombramos al secretario de la Contraloría local que es un eslabón del sistema local.
“Y después de eso llevamos a cabo la modificación a la Ley de del Tribunal de Justicia Administrativa dónde dimos vida a los magistrados anticorrupción”, indicó.
El especialista de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), indicó que las leyes para dar paso a la creación del SLA tenían una serie de deficiencias, por lo que se retrasaron procesos.
“La ley tenía un montón de deficiencias y mecanismos, por ejemplo, hay cosas que se nombran desde la autonomía del sistema local anticorrupción, como la cabeza del Secretariado Ejecutivo, esa es tarea del Comité de Participación Ciudadana que propone una terna, pero la ley decía que eso lo nombraba el jefe de Gobierno y normalmente no debe ser así, pero ahora se parece más a lo federal”, dijo Ricardo Alvarado.
A su vez, la diputada Guadalupe Aguilar Solache indicó que a pesar de que no se recibió un amplio número de candidatos para el Comité de Selección, ya que sólo hubo cinco propuestas de cinco lugares por parte de las organizaciones de la sociedad civil, estará listo el SLA en septiembre.
“Tenemos que evaluar muchos más perfiles y necesitamos mayor participación de la ciudadanía”, apuntó.
Los avances en los últimos ocho meses
>> Nombramientos de los comisionados del InfoDF
>> Designación del titular de la Contraloría General de la CDMX
>> La terna de los magistrados anticorrupción
>> Convocatoria del Comité de Selección
>> La armonización de la ley anticorrupción
El proceso
Los sistemas anticorrupción tienen seis órganos: la Comisión de Selección, el Comité de Participación Ciudadana, un Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Comité Coordinador, el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva y Magistrados anticorrupción. Pero ninguno tiene nombramientos.
De septiembre a la fecha se han realizado acciones pendientes como la designación de cuatro comisionados del InfoDF, del titular de la Contraloría, la culminación de la transición de Procuraduría a Fiscalía ( prevista para septiembre) así como la terna para magistrados y la convocatoria para el Comité de Selección.
Una vez que estén conformados los comités, ratificada la terna de magistrados y la Fiscalía, se dará paso a la elección por parte del SLA del secretariado ejecutivo y el fiscal especializado.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso de la capital la terna de los magistrados que deberá ser ratificada
Las propuestas son el actual subprocurador de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos de la procuraduría de la ciudad, Irving Espinoza Betanzo; Mariana Moranchel Pocaterra y Miriam Lisbeth Muñoz, académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; Andrés Ángel Aguilera, colaborador y asesor de la Presidencia de México; Erwin Flores Wilson, juez de la Quinta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa; y la abogada Rebeca Gómez Martínez.
“Son personas que cumplen los requisitos (…) no creo que haya problema en ser ratificada”, puntualizó el legislador Carlos Castillo.
