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El Congreso de la Unión ya trabaja en subsanar la omisión del Ejecutivo de etiquetar recursos para la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Pablo Escudero, presidente de la mesa directiva del Senado, presentó su proyecto de presupuesto para la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana, dos de los componentes del SNA que verá la luz en los próximos meses.
Aunque no corresponde al Senado asignar el presupuesto para el SNA, pues es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, Escudero armó una propuesta después de varias consultas con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), y la Secretaría de la Función Pública (SFP), además de la sociedad civil.
Reporte Indigo publicó el 13 de septiembre pasado que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2017 no contemplaba ningún recurso para el SNA, a pesar de ser uno de las aprobaciones más importantes del Congreso este año.
El Senado también lanzó las convocatorias para elegir al comité de notables -que se conformará por cuatro miembros de la sociedad civil y cinco académicos-, encargado de nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA.
El Comité de Selección debe integrarse a más tardar el 19 de octubre.
Presupuesto austero
Para el arranque de operaciones de la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana del SNA, Pablo Escudero planteó un presupuesto de 143 millones 724 mil 847 pesos.
Este monto es independiente del que tendrán para las actividades del SNA las dependencias que forman parte del Sistema.
Esos recursos deben ser estudiados en cada una de las secretarías de Estado y órganos participantes y llevar hasta la Cámara baja sus proyecciones para ser consideradas en la negociación presupuestal.
Por lo pronto, el Senado se concentró en dos componentes del Sistema: la Secretaría Ejecutiva del SNA, que es el brazo ejecutor de todo el Sistema. Será la encargada de poner en acción las decisiones que se tomen en el máximo órgano del SNA, el Comité Coordinador.
El titular de la Secretaría Ejecutiva estará encargado de desarrollar la Plataforma Digital Nacional.
Y de crear y poner en marcha mecanismos para medir los niveles de corrupción en el país y si funcionan o no las políticas que se aplican.
Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana será el rector del SNA y es donde la sociedad
civil participa en la lucha contra la corrupción. Estará compuesto de cinco representantes, elegidos por un Comité de notables electo por el Senado.
Esos 143 millones de pesos estarían distribuidos en ambos componentes: 71.8 millones en servicios personales, 13.4 millones para materiales y suministros, 53.6 millones para servicios generales, y 4.7 millones para bienes muebles e inmuebles.
Se contempla que los miembros del Comité de Participación Ciudadana tengan ingresos por un millón 200 mil pesos anuales, lo que significa percepciones por 100 mil pesos mensuales, por honorarios.
Reporte Indigo publicó el 21 de septiembre que de acuerdo con una proyección del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, la remuneración de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana podría ser de 3 millones 45 mil 564 pesos cada uno.
Esa cifra de honorarios para el Comité de Participación Ciudadana es porque sus funciones se compararían con los consejeros profesionales de Pemex, quienes tienen ese ingreso anual.
El Senado no está de acuerdo con esa cifra y decidió proponer que sea un 60 por ciento menor.
El titular de la Secretaría Técnica tendría un ingreso de 2 millones 240 mil pesos anuales. Habría siete direcciones de área, que significarían 8 millones al año; 17 subdirecciones, que costarían 12 millones de pesos; 38 jefes de departamento, con un total de 17 millones de pesos; y 82 enlaces con un costo de 25 millones de pesos.
Se trata de 150 nuevas plazas que costarían 71 millones 815 mil pesos. Esta propuesta será enviada a la Cámara de Diputados, única facultada para la asignación de recursos presupuestarios.
Forzar garantía en los estados
Aunque a nivel federal ya se puso en marcha el inicio y fondeo del Sistema Nacional Anticorrupción, el siguiente reto será garantizar que en las entidades no se le nieguen recursos o se quiera bloquear su arranque.
Ayer los titulares de varios órganos y de la sociedad civil alertaron sobre la necesidad de dar seguimiento a la lucha anticorrupción en los estados.
“Que los sistemas estatales o locales no actúen en contra, ni del espíritu de la ley o de las leyes aprobadas en el ámbito federal, ni tampoco que retrasen estos temas atendiendo a cálculos políticos que cada uno de los gobiernos subnacionales podría hacer.
“Es una preocupación, pero estamos claros que ya dos acciones de inconstitucionalidad en contra de dos acciones de Congresos locales, muestran una señal de que se va a buscar por todos los medios, por supuesto jurídicos, políticos, cívicos, que los Congresos locales aprueben sistemas estatales acorde a lo que dispone la Constitución, las dos leyes generales y las otras cinco modificaciones”, comentó Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana y representante de la sociedad civil.
Piden que los gobiernos estatales asignen un piso de presupuesto para los órganos del SNA en sus entidades, y que los Congresos locales emitan leyes anticorrupción en consonancia con el sistema federal.
