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No es controvertir con el poder. No se trata de no ser político. Tenemos que leer los tiempos que ya llegaron; el combate a la corrupción ya llegó y no se va a ir”
Una vez que se concretó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a nivel federal, el siguiente reto es construir el andamiaje contra la corrupción en los estados.
Ahí, el mayor reto estará en vencer las presiones –externas y propias- que ya se sienten para que el combate a la corrupción no sea tan eficiente y haya resquicios de impunidad.
Estas presiones vienen no solo de los gobernadores, sino de los propios partidos y de otros actores que puedan ver dañados sus intereses; se incluyen también las aspiraciones políticas de los propios diputados locales que estarán encargados de esta construcción.
Para el 19 de julio del 2017, cada una de las 32 entidades deberá contar con un Sistema Local Anticorrupción funcional que permita combatir los delitos de corrupción en la esfera estatal.
El principal desafío será que los sistemas locales sean un reflejo del Sistema Nacional, sin que los Congresos estatales o los gobernadores creen recovecos y salidas que sean contrarios al espíritu de la ley: castigar a los corruptos.
Ya ocurrió. En meses recientes, los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, impulsaron reformas para supuestamente lanzar la legislación anticorrupción en sus entidades, pero lo hicieron sin respetar lo que dispone la ley nacional. Buscaban protegerse.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que indicar que se diera marcha atrás en esos cambios.
La aprobación del SNA fue el logro de la sociedad civil y los grupos empresariales que empujaron el tema. Es, por mucho, la reforma más importante aprobada por el Congreso en el 2016.
En el Congreso de la Unión ya se comenzó a trabajar con los congresos locales para armonizar la legislación de todas las entidades del país.
Ayer se instaló la primer mesa de trabajo en el Senado de la República, en la que trabajaron tanto legisladores federales como locales.
Los trabajos arrancaron a unas horas de conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, este 9 de diciembre.
Vencer presiones
Luis Miguel Barbosa, coordinador de la bancada del PRD en el Senado, reconoció que tanto el Congreso de la Unión como los Congresos locales no han alcanzado la autonomía necesaria para aprobar leyes que lastimen intereses particulares.
El senador perredista llamó a los legisladores locales a no ser comparsas del poder, pensando que es su obligación alinearse a los mandatos externos, sino a asumir su papel como constructores de un andamiaje institucional que permita atacar el cáncer de la corrupción.
“No es controvertir con el poder, por favor. No se trata de no ser político. ‘Es que no es político el que no se adecúa al poder’. No, no, no. Yo creo que de verdad tenemos que leer los tiempos que ya llegaron; el combate a la corrupción ya llegó y no se va a ir. ¡No se va a ir!
“Nos está costando mucho trabajo en el Congreso de la Unión construir los pilares fundamentales de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, el fortalecimiento de una Función Pública verdaderamente autónoma y no pelele del gobierno, del Poder Ejecutivo, y el Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción”, reconoció Barbosa.
Una tarea impostergable
Marcela Torres Peimbert, senadora por el PAN, sostuvo que los Congresos locales tienen un compromiso con sus ciudadanos y no con los gobernadores.
“Esta resistencia grande que hay a que realmente las fiscalías sean autónomas, que los auditores en sus estados no dependan del nombramiento del gobernador, a que los sistemas anticorrupción, rápido y al vapor para proteger las espaldas de los gobernadores salientes, no sucedan; ese es el reto que ustedes en lo local estarán enfrentando de una manera más concentrada de como pasa en lo federal.
“En los estados, el control de los gobernadores –independientemente del partido político- es mucho mayor”, dijo la panista, e insistió en que la tarea es impostergable.
Según datos de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, los 32 Congresos estatales tienen pendiente la armonización de su legislación en anticorrupción. La fecha límite es el 19 de julio del 2017.
Sistema espejo
En su propuesta de Ley Modelo para la construcción de los sistemas locales, la sociedad civil establece que éste sea un espejo del que operará a nivel federal.
Al igual que a nivel federal, el Sistema tendrá un Comité Coordinador en el que participará un Comité de Participación Ciudadana, elegido por ciudadanos.
Tanto Estados como Municipios entrarían en el Sistema Local de Información, encargado de recopilar la información de los servidores públicos, como sus bienes y sus ingresos, y cruzarlos con bases de datos gubernamentales que ayuden a saber si son congruentes.
El Sistema deberá estar conectado con la Plataforma Nacional Digital, con los datos de todos los servidores públicos.
Cada estado deberá tener una Entidad Estatal de Fiscalización y una Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Corrupción. La intención es que estos órganos se conformen con autonomía e independencia del poder estatal.
