"Estos magistrados van a ser los encargados de tener sentados frente a sí a un gobernador acusado de un acto de corrupción, a un secretario de Estado acusado de un acto de corrupción, a un senador acusado de un acto de corrupción”
Senadores de oposición y académicos que participan en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción pidieron dotar de herramientas a la autoridad encargada de investigar y sancionar los actos de corrupción para que sea “potente y fuerte”.
Durante las mesas de diálogo para la legislación secundaria anticorrupción se puso sobre la mesa la necesidad de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sea un ente autónomo y esté protegido para llevar a juicio a quienes cometan actos de corrupción.
Esta petición se suma a la que se ha hecho en días recientes de crear una Fiscalía Anticorrupción independiente y que actúe con autonomía.
Este miércoles concluyeron las cuatro mesas de trabajo que fueron acordadas el lunes para que los senadores trabajaran junto a representantes de la sociedad civil, en la construcción de las leyes anticorrupción.
Ayer, luego de que el INE validó las firmas que presentaron los ciudadanos para ingresar la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3 de 3, ésta fue turnada en el Senado a las comisiones que analizan el tema, con lo que ahora sí será parte formal del debate.
Finalizaron, sin embargo, sin acuerdos sobre las modificaciones que se le harán a la propuesta que presentaron el PRI y el PVEM, ni sobre la fecha en que comenzará la discusión final del tema aunque se prevé que el lunes próximo las comisiones vuelvan a reunirse para otro debate.
Debido a la cercanía del fin del periodo ordinario de sesiones, el 30 de abril próximo, todo indica que las leyes secundarias anticorrupción no estarán listas antes de esa fecha, pues la Cámara de Diputados ya había advertido que no aceptaría ninguna minuta del Senado que fuera aprobada después del 15 de abril.
Van por súper tribunal
Tanto la oposición como los participantes de la sociedad civil destacaron la importancia de que al final del camino de todo el Sistema Nacional Anticorrupción se cuente con una autoridad judicial que determine los castigos y sentencias contra quienes hayan cometido actos indebidos.
Para Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), la fuerza de los magistrados del Tribunal debe estar respaldada por una fuerte estructura institucional.
“Estos magistrados van a ser los encargados de tener sentados frente a sí a un gobernador acusado de un acto de corrupción, a un secretario de Estado acusado de un acto de corrupción, a un senador acusado de un acto de corrupción”, expuso Kaiser.
El Tribunal de Justicia Administrativa será el encargado de imponer las sanciones a los servidores públicos y a los particulares que incurran en responsabilidades administrativas.
También deberá fijar las indemnizaciones, las sanciones y el resarcimiento de los daños.
Por ello, el Tribunal debe ser autónomo, fuerte, imparcial, transparente y con procedimientos legales suficientes para llevar a cabo su labor, consideraron senadores.
Como se encuentra en el proyecto de trabajo, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa solo recibirán los recursos de apelación que se generen en las salas regionales; es decir, no habrá una diferenciación entre grandes casos de corrupción y otras quejas que se presenten contra la administración pública.
“Quiere decir que los grandes casos de corrupción que se van a dar en el país, van a ser resueltos por magistrados de salas ordinarias, que hoy resuelven temas que tienen que ver con no tener acceso a la derechohabiencia en el IMSS o no tener sus recursos de devolución de impuestos a tiempo.
“Es decir, no hay especialización, no hay nada que tenga que ver con la independencia, con la autonomía, con la profesionalización”, comentó Kaiser.
Senadores del PAN pidieron la creación de salas regionales especializadas en casos de corrupción para poder atacar el problema de forma más efectiva.
“Estamos generando un sistema que promueva la denuncia y que privilegie el hecho de que tengamos más asuntos procesados ante los tribunales, que haya más sanciones administrativas, que efectivamente se termine con la impunidad y en ese sentido la respuesta que esperaríamos es que el número de casos se eleve”, sostuvo Pilar Ortega, senadora de Acción Nacional.
Uno de los impedimentos que el PRI y el PVEM señalaron para llevar a cabo la creación de estas salas regionales es el presupuesto, pues se requerirían muchos recursos para instalarlas.
Sin embargo, los congresistas insistieron en que se debe dotar al tribunal de mejores herramientas y profesionalizar a su personal en el tema del combate a la corrupción, porque actualmente solo el 1.6 por ciento de los casos que atiende esa instancia están relacionados con faltas de servidores públicos.
Senadores del PRD advirtieron que aunque en la reforma constitucional sobre corrupción el fin es perseguir este flagelo, en las leyes secundarias podría diluirse esa intención, pues no se advierten grandes cambios en el último eslabón de la impartición de justicia.
“El Tribunal tendría que ser autónomo, así lo dicta la Constitución, fuerte, imparcial, transparente, con procedimientos ágiles, y sería sólo así una herramienta para el combate a la corrupción y para reducir la impunidad.
“¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la litis que aquí se discute? Pues que hay otras iniciativas que achican la reforma de gran envergadura que se estableció en la Constitución. Que los alcances de la reforma constitucional son unos y se pretende que en la ley reglamentaria haya otros. Que se opta, pues, por mantenerlas cosas como están, con más palabras o distintas palabras pero no se cambia en esencia el planteamiento de cómo hoy trabaja el Tribunal”, acusó Dolores Padierna, senadora del PRD.
Debate ¿sin prisas?
Aunque hasta hace unos días parecía que el tiempo se agotaba para analizar y aprobar las leyes secundarias anticorrupción, ahora parece que el debate avanzará sin pausas, pero sin prisas.
Este martes, el INE notificó al Senado que la iniciativa ciudadana de la llamada Ley 3 de 3 sí cumplió con el requisito constitucional de las firmas, con lo que se le dio entrada formal a su debate. Ayer se turnó a las comisiones.
Sin embargo, una vez que senadores de todos los partidos cuestionaron algunas medidas contempladas en la iniciativa ciudadana, como la intervención de llamadas de personas involucradas en una investigación, es poco probable que el documento se tome como base de la discusión.
Al final de las mesas de discusión donde participaron miembros de la sociedad civil, se acordó que estos días se revisará la parte técnica de las propuestas y se integrarán en un tercer documento de trabajo que será analizado a partir del próximo lunes, cuando faltarán solo 12 días para que termine el periodo ordinario de sesiones.
Pablo Escudero, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, afirmó que no se aprobará ningún dictamen que no sea consensado con las otras fuerzas políticas, por lo que no habrá ningún “madruguete” en el asunto.
