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El acuerdo aprobado por los legisladores contiene también un llamado para que las autoridades federales transparenten información sobre la situación financiera que guardan los entes privados asentados en Jalisco. Foto: Especial

Ante ola de fraudes, Jalisco solicita intervención de la UIF

Miles de personas han perdido los ahorros de toda una vida al ser víctimas de estafas financieras, algunas orquestadas por el crimen organizado

El Congreso de Jalisco aprobó realizar un llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México, para que investigue los múltiples esquemas de defraudación detectados en la entidad que han ocasionado la pérdida de todos los ahorros de miles de víctimas. Algunos han sido operados por la delincuencia organizada.

Desde 2022 han salido a la luz pública múltiples casos de estafas masivas en Jalisco cometidas por empresas como Asesores Jurídicos Profesionales y a los cuales se han sumado los fraudes de las compañías con “tiempos compartidos“, estos últimos vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según el Gobierno estadounidense.

Estos dos esquemas de defraudación que se están extendiendo en el estado, además de los que podrían generarse en cajas de ahorro con irregularidades, están considerados en el acuerdo legislativo que contó con el respaldo de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, y que fue presentado por la legisladora Hortensia María Luisa Noroña Quezada.

Dice el artículo primero del acuerdo: “Se envíe un respetuoso exhorto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Fiscalía del Estado de Jalisco se investigue respecto a las operaciones financieras y económicas de las empresas financieras, cajas de ahorro y empresas turísticas que ofertan ‘tiempos compartidos’, que han sido denunciadas por miles de víctimas en Jalisco, conforme a lo expuesto en el presente documento”.

Con el objetivo de proteger el patrimonio de los jaliscienses, el acuerdo aprobado por los legisladores contiene también un llamado para que las autoridades federales transparenten información sobre la situación financiera que guardan los entes privados asentados en Jalisco, que administran los ahorros y las inversiones de los ciudadanos.

Así lo establece el documento: “Se envíe un respetuoso exhorto a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a fin de que publique las cajas de ahorro y empresas financieras con domicilio en Jalisco, que se encuentran en peligro de quiebra”.

El crimen organizado: autor de los fraudes de Jalisco

Los legisladores de Jalisco no omiten mencionar en el acuerdo legislativo que aprobaron, y en el que se solicita la intervención de la UIF que encabeza Pablo Gómez Álvarez, que uno de los esquemas de defraudación que ha cobrado mayor notoriedad en las últimas semanas se trataría, en realidad, de otro de los métodos que utiliza el CJNG para hacerse de recursos ilícitos:

“Para acentuar la gravedad de los fraudes que se están presentando en Jalisco, es necesario referir el anuncio de marzo de este año, de la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que indicó: ‘En destinos turísticos como Puerto Vallarta, el CJNG se ha involucrado mucho en el fraude de tiempos compartidos, que a menudo tiene como objetivo a los ciudadanos estadounidenses. Este delito, que puede defraudar a las víctimas de los ahorros de toda su vida, genera otra importante fuente de ingresos para el cártel (…)'”.

La operación de estas empresas que estarían defraudando con “tiempos compartidos”, se colocó ampliamente en la agenda pública de Jalisco, luego de la desaparición en mayo pasado de ocho jóvenes que laboraban en un call center que, presumen las autoridades, estaría vinculado con esas actividades ilícitas.

El 6 de junio de 2023, el Gobierno de Jalisco confirmó que había encontrado los restos de los ocho jóvenes. Las pruebas periciales aplicadas “a las víctimas localizadas en la colonia Mirador Escondido confirman que corresponden a los jóvenes que laboraban en un centro de operaciones en Zapopan”.

Las pesquisas

Debido a que los mega-fraudes que se han detonado en  Jalisco durante los años 2022 y 2023, entre los que destacan los de las empresas Asesores Jurídicos Profesionales, Green Oceans, DDC, Financiera Bicentenario, Creso, Novus y La Borra de Café, han dejado miles de víctimas, el acuerdo conmina a la Fiscalía local para que acelere sus indagatorias en la materia.

El llamado para la Fiscalía estatal busca que: “A través de su Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros, intensifique las acciones necesarias para esclarecer las carpetas de investigación relacionadas con las miles de víctimas de fraude, conforme a lo expuesto en el presente Acuerdo”.

Los legisladores jaliscienses consideran que esta proliferación de los fraudes en el estado, evidencia que el marco normativo de las empresas financieras y cajas de ahorro amerita ajustes; sin embargo, al tratarse de un ámbito federal, enviaron una comunicación a la Cámara de Diputados:

“Para que analice la pertinencia de legislar a fin de prohibir el funcionamiento de cajas de ahorro y empresas financieras que no se encuentren reguladas y autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, además de establecer la obligatoriedad de contar con un seguro de depósito”.

¿Tiempos compartidos? Cuidado

En el caso de los fraudes con “tiempos compartidos”, presuntamente vinculados con el CJNG, el Gobierno de Jalisco ya había previsto que intervinieran las autoridades federales, aunque no la UIF, sino la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El 29 de mayo pasado, cuando aún se desconocía el paradero de los jóvenes del call center, el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, indicó:

“Esta mañana tuve comunicación con la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, al existir la posibilidad de que en este caso haya delitos del ámbito federal, particularmente en el tema fiscal”.

Su Gobierno expuso: “Este caso podría estar vinculado con las empresas ilegales que fueron señaladas el pasado 27 de abril del año en curso por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las cuales realizaban fraudes a través de la venta de tiempos compartidos en inmuebles de Puerto Vallarta”.

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