Ante crisis de derechos, mujeres exigen a las y los candidatos romper el pacto patriarcal

La crisis de derechos humanos en México se agravó durante el proceso electoral: campañas misóginas, propaganda discriminatoria y disparidad de género en las candidaturas. Contra eso, la sociedad civil lanzó el Pacto Feminista por los Derechos Humanos de las Mujeres, para exigir a los y las candidatas que se posicionen en puestos de elección popular romper el pacto patriarcal y garantizar a las mexicanas una vida libre de violencia.

El acuerdo es impulsado por los colectivos Frente Feminista Nacional, Las Constituyentes Mx, Mira-Pensadoras urbanas, Nosotras tenemos otros datos, Red de Género y Medio Ambiente, Red Nacional de Alertistas y la Red Nacional de Refugios (RNR).

“Surge de la reflexión colectiva de diversas feministas organizadas frente a la impunidad y el menosprecio que ha mostrado el Estado mexicano ante los altos índices de Violencias contra las mujeres y niñas”, explicó a Reporte Índigo Wendy Figueroa, psicóloga feminista y directora de la RNR.

El pacto es un grito de protesta contra el 40 por ciento de la plantilla de candidatos que han sido acusados por diversas agresiones contra mujeres y que, aún así, siguen contendiendo en el proceso electoral.

Uno de los casos más emblemáticos es quizá el de Félix Salgado Macedonio, a quien la candidatura se la tuvo que retirar el Instituto Nacional Electoral (INE) porque su partido decidió omitir las más de cinco denuncias por abuso sexual y violación en su contra.

Otros nombres que resaltan por abuso sexual, acoso o violencia política que no fueron removidos de sus candidaturas son Isaac Pérez Esparza, candidato a diputado federal por el PVEM; Edgar Salomón Escorza, candidato de Puebla por el PAN; Gabino Cruz Díaz, de Morena, Tito Maya de la Cruz, del PRD y Gabriel Quadri, candidato a diputado en Coyoacán por la alianza Va Por México, entre otros.

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— Red Nacional de Refugios, AC (@RNRoficial) June 3, 2021

Las demandantes también acusan el borrado de las mujeres que participan en la política, atentados contra su libertad y derechos; así como el uso de estereotipos de género que denigran y discriminan a las mujeres, niñas y ancianas. Señalan asimismo que sólo el 0.83 por ciento de las candidaturas han cumplido con su declaración 3 de 3 contra la violencia.

“Ante la ausencia de un estado de derecho y la crisis de derechos humanos, exigimos a todos los candidatos y candidatas, sin importar el color del partido, garantizar los derechos humanos de todas las mujeres y niñas”, continúa Wendy Figueroa.

Las elecciones del 6 de junio, explica, son pieza clave para que la ciudadanía escoja un modelo de gobernanza que defienda “el derecho de las mujeres y niñas a tener derechos”. Por eso, también exigen a las personas que resulten electas promover, mantener y ejecutar políticas públicas con las que las mujeres, por fin, podamos acceder a una vida justa.

Estos son los retos para las y los futuros funcionarios públicos

Las organizaciones de la sociedad civil exigen a las personas electas en cargos de elección popular orquestar acciones, en primer lugar, contra el tipo de violencia más brutal que las mexicanas estamos propensas a sufrir todos los días: el feminicidio.

El año pasado, en México se registraron 2 mil 793 víctimas mujeres de asesinato; mientras que de enero a abril de 2021 van 933 mujeres asesinadas, de las cuales, sólo 311 casos se investigan como feminicidio y el resto como homicidio doloso, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Como parte de la política pública para prevenir feminicidios y restituir derechos les solicitamos fortalecer y garantizar la operación de los mecanismos de protección para mujeres víctimas de violencias y sus hijas e hijos”, a través de refugios, casas de emergencia y de transición, pues 40 por ciento de los feminicidios ocurren en los hogares.

Otras exigencias son el reparto igualitario del empleo y los cuidados, garantizar la inclusión y participación horizontal de las organizaciones de la sociedad civil; así como la creación de presupuestos participativos con perspectiva de género, “pues cualquier acción o programa que no vaya acompañado de un presupuesto es demagogia”.

“Las mujeres y nuestros derechos no son temas coyunturales”, señala Figueroa.

Para las mujeres organizadas, también es prioritario abolir la prostitución, la trata de mujeres y niñas, la venta de niñas y adolescentes, los matrimonios infantiles y el alquiler de vientres, “los cuales deben ser tratados como delitos, juzgados con perspectiva de género, así como la abolición de la explotación sexual, con una visión de progresividad y transparencia”.

Feminización de la pobreza e inseguridad en espacios laborales y escolares

Ante la feminización de la pobreza, los colectivos piden al Estado fomentar programas de empleo y salario digno para todas las mujeres; licencias de ausencia laboral ante situaciones de violencia de género y espacios laborales libres de acoso laboral, sexual y discriminación.

En el ámbito educativo, donde se han registrado más de 5 mil casos de violencia sexual, exigen programas de educación escolarizada y no escolarizada para la promoción de la cultura para la paz y de la igualdad de género; así como la no violencia y nuevas masculinidades en todos los niveles.

Además, solicitan la intervención de las personas electas para legalizar la interrupción del embarazo de forma segura y gratuita en todo el país y todas las políticas públicas necesarias para “hacer visible lo que se busca invisibilizar y exigiendo ¡ni una más, ni una menos!”, finaliza la directora de la Red Nacional de Refugios.

@ItsMonseOrtiz

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