La guerra del tomate

El Fideicomiso para el Desarrollo del Sur (Fidesur), perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado, pretende tumbar un contrato legal vigente firmado entre particulares que, aseguran, sólo exhibe un interés oscuro para beneficiar a otros productores agrícolas.

El pasado 10 de agosto, Macario Núñez Grapaín, representante legal de Fidesur, denunció a través de la Subprocuraduría Anticorrupción supuestas anomalías en la elaboración del convenio entre productores agrícolas con la empresa Marroko.

La acusación es contra el extitular de Fidesur, Jesús Martínez de la Cerda; Jorge Lara, representante de los productores, y Silvia Alanís, representante de Marroko.

El convenio está aterrizado en la comercialización de productos como tomate, jitomate, pepino, chile habanero y chile morrón.

Según el abogado, el acuerdo se firmó con condiciones desventajosas para los productores de tomate, que solo beneficia a la empresa Marroko, además, que no se siguieron los protocolos debidos.

Pero en realidad es todo lo contario.

El contrato en poder de Reporte Indigo revela que el Fidesur, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado, solo actuó como testigo del convenio, y se firmó el 13 de febrero del 2015, con una vigencia de 5 años.

“Que Fidesur comparece a efecto de hacerse sabedor del alcance, fuerza y efectos legales del presente contrato, a fin de promocionar, incentivar y concientizar el desarrollo regional sur.

“Estando las partes (particulares) y Fidesur conforme con las declaraciones que anteceden en su voluntad sujetarse al presente contrato en los términos y condiciones contenidas”, señala el contrato.

Es decir, el Fidesur no tiene ninguna obligación y no tiene ningún compromiso para desembolsar recursos económicos, que pudieran ocasionar un daño al patrimonio del Estado.

Además, este fidecomiso sólo está para la promoción a la economía y crecimiento agrícola en la zona sur del estado.

El abogado es señalado por productores agrarios del municipio de Galeana, como el autor intelectual de perpetrar una estrategia legal para perjudicar a varios ejidatarios.

El gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco”, originario del municipio de Galeana, cuenta con muchas amistades en esta entidad. Esto podría ser el origen de esta guerra desatada por el tomate.

Asegura pérdidas; pero regalan tomate

Macario Núñez Grapaín, representante legal de Fidesur de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estatal, asegura que los productores de tomate tienen pérdidas millonarias, pero lo cierto es que en septiembre del año pasado ellos realizaron una donación de este producto.

El funcionario dijo que debido a las pérdidas de 10 y 20 millones por ciclo de producción, se tuvo que poner una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

No obstante, los mismos comerciantes continúan trabajando sin quejas contra la empresa Marroko, detallan abogados de los exfuncionarios denunciados.

Y es que, los mismos productores donaron el año pasado dos toneladas de tomate a la organización Cáritas de Monterrey, para el apoyo a familias de escasos recursos.

Entonces todo apunta a que no existen pérdidas millonarias, como lo asegura el litigante.

En el municipio de Galeana pareciera que se está registrando una guerra sin cuartel por la producción de tomate, donde resurgió un grupo de ejidatarios que busca entrar a este negocio.

Según versiones de campesinos de este municipio, Macario Núñez Grapain estaría apoyando a unos productores para cancelar el contrato vigente, y con esto firmar uno nuevo para incluir a nuevo grupo comerciantes agrícolas.

¿Fiscalía investigará a Macario?

Durante la administración de Rodrigo Medina, Macario Núñez Grapaín fue el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, responsable del Fidesur y del proyecto de la comercialización agrícola.

El abogado debió estar enterado de que el contrato se firmó en las condiciones desventajosas para los productores de tomate, y que no se siguieron los protocolos debidos, según él mismo denunció.

Pero tuvieron que pasar más de seis años para que Macario se diera cuenta de la supuesta irregularidad de este convenio, pues ahora como representante legal del Fidesur está denunciando ante la Fiscalía Anticorrupción actos irregulares.

Ahora, abogados del extitular de Fidesur, Jesús Martínez de la Cerda, Jorge Lara, representante de los productores y Silvia Alanís, representante de Marroko, quienes están denunciados, pedirán que también se investigue a Macario.

Todo apunta que pudiera ser denunciado por ejercicio indebido de funciones, y abogados consultados por este medio dijeron que pudiera haber cometido el error de autodenunciarse en la demanda que presentó en la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

Según Macario Núñez Grapaín, representante legal de Fidesur, el acuerdo se firmó con condiciones desventajosas para los productores de tomate y solo beneficia a la empresa Marroko.