El plan anticorrupción, uno de los ejes principales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rindió resultados en su primer año como presidente.
En los primeros 12 meses, figuras políticas de alto nivel que laboraron principalmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fueron investigadas y algunas presentadas ante los jueces para explicar el motivo de su enriquecimiento, el cual no corresponde a sus salarios como funcionarios, por supuestos actos de corrupción en la entrega de contratos y otras actividades irregulares que los colocaron en la mira de la Cuarta Transformación.
A partir del principio de honestidad, el gobierno morenista se ha valido de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Secretaría de la Función Pública (SFP) para seguirle la pista a los recursos mal habidos y al mal ejercicio de funciones
Sin embargo, la actual administración también es blanco de críticas y cuestionamientos por actuar en la mayoría de los casos en contra de opositores o adversarios, por lo que tanto a la UIF como a la SFP se les ha calificado de ser instrumentos del Estado utilizados con fines políticos.
La corrupción no ha sido exclusiva de exfuncionarios, servidores públicos de la actual gestión como algunos superdelegados, gobernadores o titulares de secretarías están involucrados en investigaciones llevadas principalmente por la Unidad de Inteligencia Financiera, así lo ha revelado su titular Santiago Nieto.
Para Pablo Montes, coordinador Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el primer año del gobierno de López Obrador en esta materia estuvo marcado por la inconsistencia.
“Hay esfuerzos esporádicos un tanto individualizados, pero todavía hace falta atajarlos con una estrategia integral que se aplique a todos por igual. En lo que más se ha concentrado el Gobierno federal es en afianzar su discurso contra la corrupción, pero no necesariamente hemos visto acciones concretas.
“Vimos una UIF muy activa de manera selectiva contra aquellos que son opositores o incómodos para el gobierno, pero muy conservadora frente a sus cercanos. Existe un desbalance entre el discurso y los hechos”, explica el especialista.
Por su parte, Clemente Castañeda, presidente de la Comisión Anticorrupción en el Senado, dice que la estrategia del Gobierno federal no es clara para contener el fenómeno de la corrupción.
Veo mucho compromiso discursivo pero pocos resultados en la práctica. Tan es así que hoy por hoy, a más de un año, no tenemos una política nacional anticorrupción. Lo que tenemos es una declaración constante de los compromisos (del presidente), pero en términos de política pública y del Sistema Nacional Anticorrupción está incompleto
SFP y UIF se unen
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la SFP y la UIF anunciaron su incorporación a un instrumento de cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que tiene como objetivo la divulgación y transparencia de los beneficiarios finales de la corrupción.
“Es fundamental levantar el velo a las personas jurídicas para identificar quiénes son los beneficiarios de los actos de corrupción pública y privada”, expresó Santiago Nieto, desde el Centro Cultural Los Pinos.
El titular de la UIF agregó que en su unidad hubo 27 vistas de casos en sedes administrativas de las cuales cuatro llegaron a vinculación a proceso, además de que 178 personas integraron la lista de bloqueos bancarios por un monto de mil 415 millones de pesos que resultaron de las investigaciones en esta materia.
Por su parte, Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, destacó los cambios legislativos durante el primer año relacionados con catalogar las actividades consideradas corrupción como delito grave, además de la publicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana y la eliminación de la condonación de impuestos a grandes contribuyentes.
“Durante el primer año de nuestro gobierno redimensionamos el combate a la corrupción teniendo como los mejores aliados en esta lucha a la sociedad civil organizada y a los ciudadanos que de forma valiente se acercan a nosotros a combatir este cáncer social”, comentó Sandoval.
La titular de la SFP también presentó cifras sobre el desempeño de su dependencia como la declaración patrimonial de todo el Gabinete Presidencial, la conformación del portal Nómina Transparente y el incremento de un 42 por ciento de servidores públicos que decidieron transparentar su patrimonio.
Entre otras acciones anticorrupción, la secretaria resaltó sanciones a 187 empresas a las que se les impusieron multas que sumaron un total de mil 432 millones de pesos.
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Exfuncionarios en la mira
En los últimos años los escándalos de corrupción en los que se vieron envueltos secretarios de Estado de sexenios anteriores mermaron aún más la mala imagen del país ante el mundo.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2018, elaborado por Transparencia Internacional, colocó a México en la posición 138 de 180 países evaluados
Durante el año pasado, el país obtuvo 28 puntos y retrocedió tres lugares con respecto al Índice de 2017. Bajo ese contexto, el gobierno de López Obrador hizo la promesa de combatir este fenómeno.
Una de las instituciones que mayor protagonismo ha tenido por indagar los actos indebidos es la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda.
Su papel ha sido fundamental para la investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita que cometan los funcionarios públicos u otras figuras como líderes sindicales y empresarios.
Uno de los casos más emblemáticos que la Unidad que encabeza Santiago Nieto investiga es el de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien en la actualidad está involucrado en delitos como asociación delictuosa y cohecho por la compra millonaria de dos plantas consideradas chatarra (Grupo Fertinal y Agro Nitrogenados).
A este exfuncionario también se le acusa de haber recibido sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de contratos.
Derivado de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por parte de la UIF, la autoridad giró una orden de aprehensión en contra de Lozoya Austin pero no ha sido detenido.
A la lista de exsecretarios se suman nombres como el de Rosario Robles, quien se encuentra en prisión preventiva oficiosa por el ilícito de ejercicio indebido del servicio público. Robles fue acusada de participar en el desvío de 5 mil millones de pesos durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, también es indagado por la UIF. A inicios de noviembre la Unidad dio a conocer que se revisan los procedimientos de la entrega de contratos a la empresa española OHL.
Después de que Eduardo Medina Mora renunciara a su cargo como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a inicios de octubre, se dio a conocer que era investigado por la UIF.
Días después el organismo confirmó que había solicitado el congelamiento de sus cuentas por operaciones irregulares en sus recursos, bajo la sospecha del delito de enriquecimiento ilícito.
La Unidad de Inteligencia Financiera se ha convertido en uno de los principales instrumentos para el combate a la corrupción, prueba de ello son las investigaciones que ya se iniciaron en contra de figuras de sexenios pasados
En su ejercicio como ministro, a Medina Mora se le cuestionó ser cercano a los Gobiernos federales de las gestiones calderonista y peñista, al reservar documentos de información relevante sobre instituciones de justicia y brindar protección a funcionarios de alto nivel.
Carlos Romero Deschamps, exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), es otro de los personajes que presentó su renuncia luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera presentara denuncias por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
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Ejes legislativos anticorrupción
La corrupción en México es un problema enquistado en diversas esferas del país, como las instituciones públicas, la política, el sector privado y el ámbito social.
A un año de la llegada de la Cuarta Transformación se efectuaron cambios en materia legislativa con los que el Gobierno federal y la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión pretenden acabar con esta problemática.
No obstante, casos cercanos al gobierno ya han manchado la honestidad con la que Morena dice conducirse, tal como ocurrió con Carlos Lomelí, exdelegado de Jalisco a quien se le investigó por conflicto de interés en la entrega de contratos a empresas farmacéuticas de su propiedad.
En semanas recientes, Santiago Nieto confirmó que también son investigados por al UIF y la SFP delegados estatales de la actual gestión, gobernadores y exgobernadores.
Entre las herramientas que creó Morena para erradicar la corrupción están la eliminación de la condonación del pago de impuestos a grandes contribuyentes, considerar los actos corruptos como delito grave, la evasión y elusión fiscal como delincuencia organizada y la Ley de Austeridad Republicana
Entre los nombres que surgieron, se encuentran Cuauhtémoc Blanco gobernador de Morelos; Jaime Bonilla, de Baja California; y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas. Estos tres mandatarios estatales son investigados por transacciones inmobiliarias.
En el Poder Legislativo, Morena con su mayoría impulsó reformas para crear algunos de sus instrumentos de combate a la corrupción como la eliminación de la condonación del pago de impuestos a grandes contribuyentes, considerar los actos corruptos como delito grave, la evasión y elusión fiscal como delincuencia organizada o la Ley de Austeridad Republicana.
Para Citlalli Hernández, senadora de Morena, uno de los puntos más relevantes para contener el fenómeno de la corrupción es la unificación de las compras del gobierno y en un inicio el atacar las redes de robo de combustible en el país.
“El concentrar las compras en la Oficialía Mayor de Hacienda creo que tuvo el objetivo de poner orden en las adquisiciones gubernamentales. La nueva lógica distributiva de destinar menos presupuesto superfluo a las instituciones y combatir privilegios por supuesto que abona al combate a la corrupción”, comenta la también secretaria de la Comisión de Anticorrupción de la Cámara alta.
Con respecto a las políticas anticorrupción, Clemente Castañeda, asegura que uno de los grandes pendientes de la Cuarta Transformación es la puesta en marcha con todas sus herramientas del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
“Necesitan explicarle a la nación cuál es su política de combate a la corrupción y fortalecer institucionalmente el SNA que es lo que tenemos para combatirla y avanzar en otros temas que me parecen fundamentales como la protección a testigos, la transparencia y publicidad de las declaraciones 3de3 de carácter fiscal y de conflicto de interés”, opina el senador de Movimiento Ciudadano.
Para Pablo Montes, coordinador Anticorrupción del IMCO, una de las mayores preocupaciones en materia anticorrupción es la entrega de contratos mediante adjudicación directa a privados o instancias públicas.
Datos del IMCO revelan que en los primeros 12 meses del gobierno lopezobradorista el 77 por ciento de los contratos fueron entregados sin licitación
“Nos preocupa en materia de transparencia cómo ha aumentado la asignación de contratos a cuerpos militares. Lo vemos en el Aeropuerto de Santa Lucía que la construcción fue entregada a mandos militares y cuando pedimos datos sobre el proyecto, lo reservan bajo el argumento de seguridad nacional. Se está abusando de esta figura”, agrega el especialista del IMCO.
Entre los momentos más difíciles que AMLO enumeró se encuentra lo ocurrido en Culiacán, episodio que el mandatario describió como “la guerra más breve, una que duró cuatro horas” https://t.co/TFsvOdzKU6
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) November 27, 2019
