Anaya la indignación selectiva
El candidato de Por México al Frente cuestiona una vez más a las instituciones de justicia. Sin embargo, sus objeciones han sido incongruentes con respecto a decisiones que tomó en el pasado
Imelda GarcíaRicardo Anaya ha expresado su indignación por el uso político de la PGR, pero poco ha hecho en realidad por consolidar las instituciones de justicia.
Hace unos años, cuando era diputado federal, Anaya aprobó la reforma político-electoral en donde se establecía el pase automático de la PGR a la FGR.
Después, ya como presidente del PAN, enfocó sus baterías a la remoción de Raúl Cervantes como procurador para evitar que se convirtiera en fiscal, tomando la bandera del #FiscalCarnal.
Fernando Dworak, politólogo y catedrático del ITAM, señala que esto da cuenta de que Anaya usa estos temas como bandera electoral.
“Me parece interesante que se use como argumento para defender a Anaya que el PRI-gobierno esté usando a las instituciones porque, en agosto, Anaya se desentendió de años de negociaciones para consolidar la Fiscalía General con un argumento falaz: #FiscalCarnal.
“En lugar de poner en el debate la revisión y aprobación de la ley secundaria, cuya minuta se había aprobado en la Cámara de Diputados cuando Anaya era diputado, llegaron incluso a boicotear la instalación de la Cámara de Diputados a manera de presión”, expuso el académico en entrevista.
El amago al Congreso llegó al inicio del anterior periodo de sesiones, que comenzaba el 1 de septiembre. Los partidos del todavía Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) no dejaron que se instalara la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hasta que se eliminara de la Constitución Política el pase automático de la PGR a la FGR.
Durante los días que duró la tensión por el tema, los tres partidos acusaron que se intentaba que el entonces procurador, Raúl Cervantes, pasara a la Fiscalía y se quedara ahí por nueve años.
Ante el amago de no permitir la instalación de la Cámara baja el PRI accedió a quitar el pase automático. Sin embargo, no se tomó en cuenta la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil que solicitaban mejorar la ley de la FGR para fortalecerla.
Los llamados senadores “rebeldes” del PAN acusaron en ese entonces directamente al presidente de su partido, Ricardo Anaya, de provocar el boicot.
“Ricardo Anaya apostó por una crisis constitucional que no tenía remedio visible y que traería consecuencias funestas para el país. Nosotros actuamos con frente a una estrategia que buscaba el colapso de las instituciones para sacar tajada”, señalaron Ernesto Cordero, Roberto Gil, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega y Javier Lozano —quien hoy es integrante de la campaña de José Antonio Meade—.
A pesar de todo ello, el tema de la Fiscalía sigue detenido, apuntó Dworak, aún cuando el escenario del pase automático quedó anulado cuando Raúl Cervantes renunció.
“La razón: mantener el tema como bandera electoral”, sentenció el experto.
Segob niega intervención; piden juicio
Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, negó ayer que la dependencia a su cargo esté interviniendo en el proceso electoral, como le han acusado los partidos del Frente.
“La Secretaría de Gobernación no tiene las manos metidas en el proceso electoral (…) no tenemos las manos metidas en el proceso electoral.
“Sí tenemos obligaciones constitucionales en el proceso electoral de protección, de ayuda y de colaboración para que este se desarrolle por los actores polí- ticos de la mejor manera”, afirmó Navarrete.
En una conferencia conjunta que ofreció ayer Navarrete, el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, dio a conocer que la investigación por el caso de lavado continúa, y que se han hecho ya algunas diligencias con otras personas que podrían estar involucradas.
“Es una investigación que se está llevando en contra de las personas que hemos señalado, como cualquier otro caso de lavado de dinero o posible comisión de un delito de lavado de dinero, se realizan las investigaciones, de manera conforme a lo que nos establece la Constitución y la legalidad y las mejores prácticas que en manera de lavado de dinero nos exige la comunidad internacional.
“Porque como ustedes recordarán, se ha señalado en medios, que estas operaciones de lavado de dinero tocan también sistemas financieros internacionales. Por lo tanto, tenemos que hacer una investigación, como siempre lo ha hecho la Procuraduría, respetando los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia, pero también cumpliendo con la ley, con la Constitución y los estándares internacionales”, afirmó Elías.
Ricardo Anaya respondió de inmediato afirmando que todo el asunto se trata de una guerra sucia orquestada por el PRI.
“(Son) vulgares mentiras y una guerra sucia orquestada por el PRI y el Gobierno federal (…) Que se proceda en contra de quienes realmente han cometido actos de corrupción”, acusó Anaya.
Esto ocurrió apenas horas después de que diputados de los tres partidos que postulan a Ricardo Anaya a la Presidencia de la República ingresaran a la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra Elías Beltrán, acusándolo de uso faccioso de las instituciones de justicia.
“No existe más ciego que el que no quiere ver: la manipulación, el dolo, el uso faccioso de las instituciones para atacar a un contrincante político por parte del gobierno federal.
“Enrique Peña Nieto se equivocó, la PGR se equivocó, cayeron en lo absurdo de lo doloso. Cuando muestran el video en el cual los dirigentes de los partidos acuden con nuestro candidato a presentar un escrito para el encargado de despacho de la Procuraduría, y lo dan a conocer como de interés público, no siendo consistentes con otros temas que sí son de interés público, quedan más que evidenciados”, sostuvo Marko Cortés, coordinador de los diputados del PAN.
La solicitud de juicio político se presentó en la secretaría general de la Cámara de Diputados, que deberá turnarla a la Sección Instructora —a cargo del priista Ricardo Ramírez Nieto—, órgano encargado de darle cauce.
Los legisladores pidieron que se trate el asunto en la Cámara de Diputados con responsabilidad y se le dé celeridad para frenar el uso político de las instituciones de justicia; pidieron al PRI no frenar el trámite de esta solicitud.
Cuestiona los desvíos; bloquea la ASF
Ya como candidato presidencial, Anaya y los partidos de la coalición Por México al Frente han pedido cuentas por los señalamientos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hecho a las dependencias que ha encabezado José Antonio Meade, su oponente.
“No se ha nombrado al titular de la Auditoría Superior de la Federación, aún cuando había un acuerdo durante la presidencia de Anaya, el cual fue desconocido por Damián Zepeda”, expuso Fernando Dworak.
En diciembre pasado, la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados había votado una terna para de ella elegir al nuevo titular de la Auditoría. Los diputados del Frente habían aprobado la terna.
Sin embargo, al momento de llegar a la aprobación en el pleno, los tres partidos decidieron dar marcha atrás el acuerdo y dejar acéfala a la ASF.
En ningún momento de la negociación, ni el PAN, ni el PRD ni Movimiento Ciudadano pugnaron por mantener en el cargo a Juan Manuel Portal, el auditor saliente, a pesar de que fue en su periodo de ocho años cuando se realizó el mayor número de hallazgos de irregularidades del mal manejo de los recursos públicos.
Aun ahora, la ASF se mantiene sin titular y solo bajo el mandato de Juan Javier Pérez Saavedra, encargado de despacho de la Auditoría.
Ambas posiciones, indicó Dworak, tanto la falta de compromiso real para construir una mejor Ley de la Fiscalía General de la República, como el nulo interés de los partidos del Frente de acelerar el nombramiento del nuevo auditor, hablan de que al candidato presidencial solo le molestan algunas cosas y otras no.
“No estoy negando la posibilidad de que, en efecto, el PRI estuviese usando facciosamente las instituciones. Simplemente hay que denunciar la indignación selectiva”, señaló el especialista.