La decisión de Margarita Ríos-Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de otorgar un amparo para detener el juicio político por abuso de autoridad en contra del secretario de Gobierno, Javier Navarro, daña aún más el interés público fundamental.
La publicación de 56 decretos legislativos en el Periódico Oficial estatal es una de las obligaciones constitucionales del funcionario. La omisión de Navarro al no publicarlos ocasionó que los diputados del Congreso local le quitaran el fuero, tras una petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Dichas iniciativas se tratan de decretos en favor de los neoleoneses, por ejemplo, la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas, así como 8 decretos de municipios que solicitan financiamiento para su operación, entre otros más.
Sin embargo, pese a las afectaciones que causó el secretario de Gobierno, pareciera que pesó más la amistad que Ríos-Farjat mantiene con Navarro que resolver el atasco de decretos legislativos.
La ministra aparece como integrante de la Coalición Anticorrupción, al igual que el funcionario del gobierno de Samuel García, en el portal de internet. Este organismo está considerado como el brazo político del Consejo Cívico, que representa los grandes consorcios regios.
Navarro renunció al Consejo Cívico para convertirse en secretario de Gobierno, tras la toma de protesta de Samuel García como gobernador. Ríos-Farjat, junto con el secretario de Gobierno, escribieron el capítulo 20 del Libro Doing Business in México, de Baker & McKenzie.
Todo apunta a que la decisión de la ministra no se enfocó en reducir el daño al interés público fundamental, ni a resolver la situación causada por Navarro tras su omisión de no publicar los decretos.
La Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León establece que esta figura es procedente cuando los actos u omisiones de los servidores públicos dañen gravemente los intereses públicos fundamentales, de acuerdo al artículo 8 de este ordenamiento.
Se considera un daño al interés público cuando se perturba la vida jurídica y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Nuevo León.
“(Asi) como cualquier acción u omisión intencional que origine una infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del Estado o a las leyes estatales, cuando cause perjuicios graves al Estado, a uno o varios de sus Municipios o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”, dice esta Ley.
Otra de las razones por las que procede el juicio político contra Navarro, es por las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos o las garantías sociales. Incluso Verónica Dávila, exdirectora del Periódico Oficial, fue vinculada a proceso por abuso de autoridad después de no publicar estos decretos del Congreso.
Como medida cautelar un juez de control determinó que Dávila debe presentarse a firmar cada 14 días y estableció que el 20 de abril de 2023 se cumplirá el plazo de cierre de las investigaciones correspondientes.
El juguete de Samuel
El presidente de la mesa directiva del Congreso local, el panista Mauro Guerra, aseguró que el Periódico Oficial del estado es utilizado como un juguete por el gobernador Samuel García, quien durante la noche del pasado 1 de enero anunció la publicación del presupuesto del 2022 para aplicarse este año.
“El periódico oficial y el presupuesto no puede ser el juguete del gobernador, que busca hacer lo que quiere. Le exigimos al gobernador que sea serio y que deje de jugar a las escondidas”, dijo el legislador del PAN.
Guerra advirtió que esta publicación pone en riesgo a funcionarios de su administración, pues existen varios procesos penales, donde podría ser acusado ante un juzgado del Poder Judicial del estado.
“Está poniendo en riesgo al tesorero, a la secretaria de administración y a toda su administración de caer en responsabilidad penal. Ya hay procesos penales por esos juegos infantiles del gobernador contra varios funcionarios.
“Y su secretario de Gobierno, le pedimos que cuide el cumplimiento de la ley por parte de todos sus funcionarios”, señala Guerra.
Cabe recordar que el Congreso promueve una controversia constitucional a través de la dirección jurídica del proyecto, ya sea en el ámbito local o federal según se determine por ejercer el presupuesto del 2022 para este año.
“La omisión de presentar el proyecto de presupuesto y pretender emplear el del año actual, dolosamente y sin sustento legal, no sólo quebranta el orden constitucional, sino que tiene efectos negativos profundos sobre la vida de los neoleoneses”, dijo el pasado 21 de diciembre el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente.
Para eso quiere @samuel_garcias el presupuesto 2023 para sus viajes de lujo, llevar a sus familiares y amigos cercanos. Los @DiputadosPANNL estamos del lado de los ciudadanos y vamos a apoyar un presupuesto municipalista #presupuestoresponsable
— Carlos de la Fuente (@chaledelafuente) December 12, 2022
