Amnistía para minorías en la capital

La Ciudad de México emprenderá los trabajos para crear su Ley de Amnistía que tendrá el objetivo de atender a los reclusos que a nivel local no han tenido acceso a la justicia, como las minorías sociales.

Cada entidad del país tiene necesidades distintas para sus presos del fueron común, con sentencias bajo los códigos penales estatales.

Según datos sobre del Sistema Penitenciario de la ciudad, hay 25 mil 41 personas privadas de su libertad en los Centros de Reclusión locales de los cuales, 22 mil 316 cometieron delitos del fuero común y 2 mil 725 del federal.

Por ello, legisladores indican que se requiere comenzar los trabajos para dar la posibilidad del perdón a reos cuyo proceso tuvo irregularidades o padecieron discriminación al ser una minoría poblacional, como las mujeres transexuales.

Y los estados tienen un año para armonizar su ley local con la federal.

Minorías rezagadas en Amnistía

El análisis de lo que será la Ley de Amnistía de la ciudad para los delitos del fuero común debe centrarse en atender a las minorías sociales cuyos derechos están rezagados o fueron ignorados al enfrentar un proceso judicial.

Así lo señala el diputado local y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Temístocles Villanueva.

“Hay personas que por la discriminación sistemática que existe no tuvieron el derecho a un juicio justo”, explica.

Por un lado, está la comunidad transexual, que considera Villanueva, ha padecido históricamente discriminación.

“Hay un sector de mujeres transgénero sentenciadas sin tener una posibilidad de que la cárcel en que fueron encerradas corresponda a su identidad de género. O que por no tener recursos, su abogado de oficio posiblemente incurrió en actos de discriminación”, señala.

El otro sector poblacional son los “dreamers”, jóvenes mexicanos hijos de migrantes que fueron deportados de Estados Unidos en los últimos años.

Villanueva Ramos detalla que también han sufrido arbitrariedades en los procesos de justicia al no poder contar con un traductor o un defensor que ayude a que su juicio sea en su idioma.

“Llegan a un país que conocen muy poco, un idioma que ya no dominan e incurren en un incidente en el que no tuvieron una defensa en inglés”, argumenta.

También estaría diseñada para atender las necesidades de los habitantes de pueblos originarios que por su situación de marginalidad incurrieron en un delito no grave y tampoco pudieron tener un proceso en su lengua.

No obstante, el representante popular explica que será al final del análisis y la revisión de casos en el Congreso local, que se definirá la cifra, a qué tipo de sentenciados y a qué delitos ira centrada la Ley de Amnistía.

Considera que dicho estudio respecto a la población carcelaria es necesario para la ley porque hay delitos que en el fuero local, a diferencia del federal, no son sancionables.

Temístocles Villanueva pone de ejemplo el caso del aborto que en lo federal se sigue penalizando. Sin embargo, en la capital se permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) antes de las 12 semanas de gestación desde el 2007.

Además, considera que la Ley de Amnistía a nivel nacional está hecha para atender las necesidades de la zona del norte del país, la más afectada por la violencia y el crimen organizado.

“Principalmente, donde el narcotráfico ha ejercido el poder”, comenta.

El legislador añade que el análisis permitirá conocer el universo real de sentenciados injustamente que pueden obtener el perdón con el marco legal local.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos espera que esta semana se reúna el pleno del Congreso para aprobar reformas al Reglamento Interno para sesionar virtualmente y comenzar los trabajos de la Ley de Amnistía.

Por lo que también podría iniciar la creación de la ley y a finales de 2020 estar lista.

Reposición del proceso sí, perdón no

Héctor Barrera, diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), afirma que él y su institución están en contra de la Ley de Amnistía porque en algunos casos libera reos que cometieron delitos graves.

“Hablan de los indígenas que hayan cometido cualquier ilícito y no se les respetó el proceso podrían quedar libres. Nuestra propuesta es que haya una mejor defensa, en su lengua y que el procedimiento o juicio sea repuesto, pero libertad casi automática no”, enfatiza.

Considera que a nivel nacional el PAN se opone a la ley y en el Congreso local será lo mismo porque podría agravar la inseguridad.

Barrera menciona que 2019 fue el año con más homicidios en la capital y la situación se podría agravar si se liberan reclusos sin políticas públicas de readaptación social.

De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, en 2019 se reportaron mil 625 víctimas de homicidio doloso.

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