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En tres meses, Amnistía Internacional ha documentado cinco casos de tortura en los que habría autoridades implicadas
La organización operará desde Jalisco un proyecto que pretende consolidarse como una oficina de enlace con otros movimientos
"El occidente del país es una zona prioritaria, y si queremos que los derechos humanos sean una realidad en este país, tenemos que estar presentes en estas áreas"
Con más de cinco décadas de historia, presencia en más de 150 países y un ejército activista de 3.5 millones de personas en todo el mundo, Amnistía Internacional decidió desde hace tres meses abrir una oficina en Guadalajara. Aquí documentará casos de desapariciones, de tortura y de violaciones a los derechos reproductivos y sexuales, comunes en el occidente de México.
La idea de abrir una representación fuera del Distrito Federal se gestó en diciembre de 2013.
Y no fue hasta septiembre pasado que se hizo oficial tal extensión de la organización no gubernamental, relata el director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz.
“Para nosotros el occidente del país es una zona muy prioritaria: concentra a la segunda cantidad de población más importante y si queremos que los derechos humanos sean una realidad en este país, tenemos que estar presentes en éstas áreas que concentran una gran población”, describe el activista.
La densidad demográfica, además de representar un cúmulo de personas a las que les puede llegar información sobre este movimiento global, presenta otra cara de la moneda: la violación sistemática a derechos humanos muy específicos.
“Las violaciones a los derechos humanos que nos llegan por los reportes de otras organizaciones se han invisibilizado en la perspectiva nacional. Eso nos parece muy preocupante y una cuestión prioritaria para la oficina en Guadalajara, y es empezar a visibilizar estas violaciones”, añade Perseo Quiroz.
De acuerdo con Quiroz, a Amnistía Internacional llegan regularmente informes de las organizaciones locales que trabajan en pro de las garantías individuales.
En esos informes se describe una preocupación por la tortura como un método empleado por los cuerpos policiales, la violación de los derechos sexuales y reproductivos (tanto en mujeres como en miembros de la diversidad sexual) y las desapariciones (incluyendo las forzadas, cometidas por funcionarios públicos).
“Aunque no se habla mucho de ello, Jalisco ocupa el segundo lugar en desapariciones; es el estado con más desapariciones. Los derechos sexuales y reproductivos son violados, y el tema de la tortura son una realidad en el occidente del país y se han vuelto invisibles en Jalisco.
“Ahora se consolida además la Fuerza Única en el estado, y tenemos que poner especial atención a los protocolos que se cuentan para llevar a cabo tales tareas de seguridad pública”, agrega el director ejecutivo de AI en México.
Para Quiroz, las razones anteriores han bastado para que la organización mundial haya decidido operar desde Jalisco un proyecto que pretende consolidarse en el 2015 como una oficina de enlace con otros movimientos; un programa piloto que en el futuro pueda replicarse en otros puntos de la nación.
Desapariciones, la mancha de Jalisco
Las desapariciones en Jalisco se traducen en 2 mil 113 casos, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. La entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional, sólo por debajo de Tamaulipas.
“No tenemos aún un análisis pormenorizado de la situación, por la corta presencia que tenemos en Guadalajara. Pero hay varios casos de colectivos de personas, que manifiestan que en Jalisco la desaparición es una realidad”, expresa Perseo Quiroz.
La cabeza visible en México de Amnistía Internacional pone además el dedo en el tema de las desapariciones forzadas, aquellas que son cometidas por servidores públicos, como policías o agentes investigadores.
“Hay una participación de las policías estatales, municipales, es un poco siguiendo el mismo patrón que sucede en toda la República Mexicana; desafortunadamente Jalisco no es la excepción en estos temas, ojalá lo fuera, pero no lo es”, añade.
En 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió un pronunciamiento contra las desapariciones forzadas.
El presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, dijo en aquella ocasión que durante el 2012, la anterior Procuraduría General de Justicia del Estado había documentado, solo en la zona metropolitana de Guadalajara, mil 288 denuncias por desapariciones, de las cuales una estaba relacionada con un servidor público.
Derechos sexuales y reproductivos
Durante el sexenio pasado, los derechos sexuales y reproductivos fueron un tema que enfrentó a organizaciones no gubernamentales con la administración del exgobernador panista Emilio González Márquez.
La aprobación de reformas al Código Penal estatal para sancionar a las mujeres que interrumpan su embarazo (hasta con año de prisión, según el artículo 228 de la norma) y el discurso discriminatorio del exmandatario hacia miembros de la comunidad gay, marcaron el conflicto entre autoridades y organismos civiles en este tema.
Por el contrario, el nuevo gobierno del priista Aristóteles Sandoval Díaz, ha permanecido callado ante tales derechos, según AI.
“Hay prácticamente una actitud callada del Estado, no es un tema al que se le ponga prioridad. Más allá de eso, hay una tema de mucha discriminación a las personas con preferencias sexuales diversas”, de acuerdo con Quiroz.
El director ejecutivo de AI en México añade que las ONG’s locales han manifestado que hay una criminalización hacia aquellas mujeres que eligen el número de hijos que pretenden tener y la manera en que quieren llevarlo a cabo.
Tortura, la crueldad latente
En siete años, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha emitido 27 recomendaciones por tortura.
En todo este tiempo, ningún funcionario ha sido sancionado de forma ejemplar; a lo mucho, quienes han cometido tortura han sido castigados con una suspensión de 30 días sin goce de sueldo.
Por si fuera poco, el fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, ha negado que la tortura exista en la entidad, aun cuando la CEDHJ ha emitido tres recomendaciones hacia la actual administración estatal.
“Vemos que la tortura está presente y que se ha negado sistemáticamente la existencia de esta problemática.
“Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con el gobernador de Jalisco, para hablar de esto. Nos mencionaba que es un problema en el que están trabajando, pero no vemos cuestiones específicas y acciones concretas”, afirma Perseo Quiroz.
En tres meses, Amnistía Internacional en Guadalajara ha documentado cinco casos de tortura, en los que estarían implicadas autoridades estatales.
2015, año de la consolidación
El año próximo será crucial para AI en Guadalajara. Durante 2015, el programa piloto local pretende consolidarse para poderse replicar en otros estados, así como en regiones de Centroamérica y El Caribe.
En Jalisco, la oficina de Amnistía Internacional trabaja con tres áreas: una de financiamiento, otra dedicada al activismo y una más a la incidencia (interlocución con autoridades, organizaciones y prensa).
“Vamos a trabajar en un diagnóstico de los principales temas que nos interesan, como el de la tortura, el de los derechos sexuales y reproductivos, y las desapariciones.
“También está el tema de los derechos de migrantes en tránsito, como vemos, el estado es paso de migrantes y entonces estaremos acercándonos mucho a otras organizaciones”, detalla Jacqueline Galaviz, responsable de incidencia de AI en Guadalajara.
De acuerdo con Galaviz, el diagnóstico que hará Amnistía Internacional sobre esos temas estará listo hacia el segundo semestre del año próximo.
