AMLO critica que Suprema Corte vaya contra prisión preventiva: “Se busca impunidad y corrupción”
El presidente instruyó al secretario de Gobernación y a la consejera jurídica a posicionarse ante el proyecto del ministro Luis María Aguilar
Carlos MontesinosEl presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se posicionó en contra de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. Adelantando que Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y la consejera jurídica María Estela Ríos fijarán la postura de su administración.
“Les pedí al secretario de Gobernación y a la consejera jurídica que fuesen muy claros porque hay veces, con todo respeto, que se usan tecnicismos y se habla de tésis y jurisprudencia y del debido proceso, etcétera y no se entiende la esencia del asunto. La esencia es que se busca impunidad y corrupción, claro”, dijo en su conferencia matutina.
Creo que AMLO no ha entendido bien sobre la discusión que tendrá la #SCJN al respecto de la prisión preventiva.
No es eliminar delitos, es eliminar un modelo que mantiene en la cárcel a gente sin juicio, muchas veces, inocente. pic.twitter.com/v9Z4EgleWq
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 24, 2022
Refiriéndose al proyecto que propondrá el ministro Luis María Aguilar, el primer mandatario explicó que “hoy vamos a dar a conocer esto para que, si los ministros votan por esta reforma, pues que se sepa cuando menos de qué se trata. No ocultar nada”. Señalando que, de ser aprobada, los jueces podrían liberar a quienes ellos decidieran.
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Al ser cuestionado que por esta figura penal hay un amplio número de personas en prisión sin sentencia, algo que él mismo ha criticado, López Obrador solo dijo que “sí, pero tiene que buscarse un mecanismo para que la justicia sea expedita, no utilizar esto como un pretexto para liberar a diestra y siniestra. Además, hay delitos graves”.
Esto a la vez que criticó que el candado que impide a exfuncionarios públicos incorporarse a la iniciativa privada durante un periodo de 10 años fue impugnado por el Poder Judicial luego de que su Ley de Austeridad Republicana fue aprobada por el Poder Legislativo para impedir actos de “promiscuidad política-económica” como los ocurridos en sexenios anteriores.