AMLO deja el caso ‘Ayotzinapa’ como el gran pendiente de su gobierno

Aunque esclarecer los hechos del 26 de septiembre de 2014 y conocer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue una de sus promesas centrales en 2018, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador concluye sin llegar al fondo. De paso, deja una relación desgastada con los padres y hasta con excolaboradores cercanos.

La búsqueda de los 43 y el esclarecimiento de la “verdad histórica” fue una de las prioridades de López Obrador apenas asumió el Ejecutivo federal en diciembre de 2018. Desde actos simbólicos como el pase de lista en su toma de posesión hasta acciones de Estado como crear la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj).

Seis años después, al presentar el último informe que envió a los padres de los normalistas en víspera del décimo aniversario de los hechos de Iguala, Guerrero, López Obrador se vio obligado a reconocer que “trabajamos en esto todo el tiempo, se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado”.

Esta suerte de recorrido entre un momento y otro fue señalado por la defensa legal de los padres, en voz del abogado Vidulfo Rosales, apenas semanas antes cuando sostuvieron su última reunión con López Obrador. Durante la primera mitad del sexenio, el ímpetu sí se tradujo en resultados concretos.

Sin embargo, a partir de 2021 y en concreto del primer informe de la Covaj en agosto de 2022, los avances fueron sustituidos por una serie de movimientos que como la renuncia de Omar Gómez Trejo a la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa y de Alejandro Encinas como subsecretario y, de paso, titular de la Comisión de la Verdad.

Información crucial sobre Ayotzinapa continúa en poder del Ejército

Este descarrilamiento se dio “cuando la investigación tocó los hilos del Ejército mexicano”, según expresó Rosales el pasado 27 de agosto al decir que “no terminamos bien con este Gobierno, terminamos mal”. Luego refrendó algunos señalamientos que marcaron el sexenio respecto a que mandos militares entorpecieron o incluso obstruyeron el proceso.

La labor de Encinas desde la subsecretaría de Derechos Humanos también se vio opacada por la sombra verde olivo. Pues se enfrascó en una confrontación directa con el Ejército una vez comenzaron a ser detenidos elementos, como el general José Rodríguez Pérez, por su presunta participación en la noche de Iguala y la posterior investigación.

El punto clímax llegó en mayo de 2023, cuando The New York Times publicó que Encinas había sido víctima de espionaje con el software Pegasus por parte del Ejército, señalamiento al que López Obrador simplemente pidió “no darle importancia”. Menos de cinco meses después, el subsecretario presentó su renuncia.

Aunque desde su campaña argumentó que no se podía juzgar a toda una institución como el Ejército por las acciones de unos cuantos elementos, a partir de este último año de Gobierno, López Obrador incrementó su defensa. Incluso declaró públicamente que no encontró pruebas de su participación en estos hechos.

Por el contrario, volteó las acusaciones al decir que las investigaciones se vieron afectadas por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y hasta a Vidulfo Rosales. Llegó a pedir a los padres que no asistieran a las reuniones, solicitud que rechazaron.

El compromiso del esclarecimiento de la tragedia fue heredado a Sheinbaum

López Obrador admitió que el caso Ayotzinapa era el gran pendiente que deja su sexenio. Lo dijo en el Zócalo de la Ciudad de México al rendir su Sexto y último Informe de Gobierno. Pero, por otro lado, hizo hincapié en que la administración entrante terminará las investigaciones y hará justicia a los normalistas y sus familias.

“Me voy con la tranquilidad de que la próxima presidenta, el próximo gobierno va a darle continuidad y va a seguir actuando con rectitud y va a seguir haciendo justicia”, dijo en su conferencia mañanera del 25 de septiembre. A menos de una semana de entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.

Irónicamente, la confianza en la mandataria electa fue el último punto de coincidencia con los padres. Durante su periodo de transición, Sheinbaum Pardo y su equipo comenzaron los encuentros con la comitiva para expresarles su compromiso en no dar carpetazo a las investigaciones.

Al respecto, Rosales declaró que, si bien la comunicación con la administración de López Obrador, “viene un nuevo gobierno. Esperamos que en ese se pueda reconstruir el diálogo, se pueda reencauzar el caso Ayotzinapa y se pueda trazar una nueva ruta, que nos lleve a retomar las líneas importantes que hay”.

Así, a una década de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y el laberinto que se convirtió su investigación, Sheinbaum heredará por igual la tragedia que marcó al sexenio de Enrique Peña Nieto y el compromiso que no pudo cumplirse en el de López Obrador.