Este casino ha vivido diversas escaramuzas en el Ministerio Público, en los juzgados, pero también en el mismo local, hasta donde ha llegado gente armada
El secretario del Juzgado Primero de Distrito en Coahuila violó un amparo y una orden de la fiscalía, al revocar las atribuciones del apoderado legal de la empresa que controla el casino La Fortuna.
Y es que esa revocación de poderes emitida por el secretario del juzgado René de Hoyos Martínez, quien actuó como juez en funciones, se dio con base a una escritura pública.
Documento que presentó Erick Garza Treviño como supuesto apoderado de la compañía Recreaciones de Habilidad y Destreza S.A. de C.V., la cual controla La Fortuna.
Sin embargo, esa escritura no fue inscrita el Registro Público de Nuevo León, precisamente por el amparo que concedió un juez federal y por el acuerdo cautelar que así solicitó el Ministerio Público.
No fue inscrita porque es parte de una denuncia interpuesta por quienes están en posesión del casino, que además denunciaron penalmente al juez Jerezano Treviño y a un grupo de personas desde el año pasado.
Acusan al juez suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal, porque busca apropiarse del centro de apuestas La Fortuna.
De hecho, la escritura que validó el secretario del Juzgado Primero de Coahuila es parte de una denuncia penal por falsificación de firmas, por amenazas y por privación ilegal de la libertad.
Es por esta razón que en mayo de 2012 el agente del Ministerio Público Número Cuatro, Especializado en Delitos Patrimoniales de Nuevo León, solicitó como medida cautelar que esa escritura no fuera registrada.
Medida que fue avalada en una suspensión definitiva, emitida en septiembre de 2012, por el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal de Nuevo León, Zenaido Orozco Contreras.
Sin embargo, esa misma escritura fue la que presentó Erick Garza Treviño en el Juzgado Primero de Coahuila, para ostentarse como apoderado de la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza S.A de C.V.
Y el juzgador en funciones la hizo válida para revocar las atribuciones del apoderado Francisco Sergio Jiménez Escobar, quien tenía los poderes de parte de quienes están en posesión del casino La Fortuna.
Uno de los socios, Arturo Cardona, es precisamente quien denunció que el juez Jerezano Treviño, junto a un grupo de la delincuencia organizada, trataron de despojarlo de su sociedad en el casino.
Lo hicieron privándolo de su libertad el año pasado, para presentarlo bajo amenazas en una supuesta asamblea general de accionistas, donde trataron de que firmara una sesión de sus acciones.
Esa querella de Cardona fue interpuesta ante el Ministerio Público y también ante el Consejo de la Judicatura Federal.
Instancia que hace dos años suspendió al juez Jerezano Treviño, debido a que éste emitió resoluciones para beneficiar a la compañía Atracciones y Emociones Vallarta S.A. de C.V.
Empresa ligada a la apertura del trágico casino Royale, donde murieron 52 personas inocentes el 25 de agosto de 2011, luego de un ataque del crimen organizado que incendió todo el recinto.
En la denuncia del socio de La Fortuna, además del juez Jerezano Treviño, están señalados el exalcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas, Manuel Balderas, y Gerónimo Garza Chaib.
Éste último es el mismo personaje que supuestamente concedió los poderes a Erick Garza Treviño para revocar los del apoderado de los socios que poseen La Fortuna.
Este es otro episodio por la disputa de ese casino localizado en la avenida Fidel Velázquez, en Monterrey, el cual funciona a través de una resolución judicial.
Este centro de apuestas ha vivido diversas escaramuzas en el Ministerio Público, en los juzgados, pero también en el mismo local, hasta donde ha llegado gente armada para tratar de apropiarse del casino.
Pero lo más extraordinario de todo, es que sea precisamente un juez cuestionado, suspendido por la Judicatura Federal, ligado a la apertura del trágico Royale, quien busca adueñarse de un casino.
Y lo hace al mismo tiempo que durante los dos años de su suspensión, ha percibido del Poder Judicial cerca de unos 3 millones de pesos sin trabajar.
