Américo Villarreal: un mal comienzo y con muchas anomalías

Aunque el Gobierno de Tamaulipas que encabeza el mandatario Américo Villarreal Anaya, asegura que tiene como uno de sus ejes prioritarios el combate contra la corrupción, los hallazgos que ha tenido hasta ahora en esa entidad la Auditoría Superior de la Federación muestran anomalías que se han estimado en cientos de millones de pesos.

Las auditorías realizadas sobre el gasto público ejercido por las distintas instancias gubernamentales de Tamaulipas, como parte de la Segunda Entrega de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, arrojaron un monto observado total por las irregularidades detectadas en el estado de 149 millones 731 mil 800 pesos, incluyendo aquí también el ámbito municipal y universitario.

Sin embargo, las dos auditorías que detectaron las mayores anomalías se practicaron sobre entes gubernamentales de naturaleza estatal, en primer lugar, la que analizó el ejercicio del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas, y donde se generaron observaciones totales por 74 millones 449 mil pesos.

Y en segundo, la que se practicó sobre el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, donde se emitieron observaciones por un total de 41 millones 920 mil 900 pesos, también derivadas del ejercicio desaseado de los recursos públicos que tuvo a su disposición.

En el caso de la revisión que se hizo sobre el gasto del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, la Auditoría rastreó anomalías de muy diversa índole, desde la utilización de estos recursos en zonas que no se correspondían con la población objetivo (personas en pobreza), hasta obras públicas que fueron pagadas pese a que, en realidad, no fueron realizadas.

Por ejemplo, en la Auditoría se hacen señalamientos como el siguiente: “Adicionalmente, se realizó la verificación física a una selección de 337 acciones, de las cuales se determinó que 30 acciones no fueron ejecutadas, por un importe de 433.8 miles de pesos, y 20 no pudieron ser localizadas físicamente, por un importe de 281.0 miles de pesos”.

Por causas como la anterior, el órgano fiscalizador generó observaciones por decenas de millones de pesos contra el Gobierno de Villarreal Anaya.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 43,557,915.44 pesos (…), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los pagos realizados con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades del ejercicio fiscal 2022 para los proyectos y acciones que no cumplieron con el criterio de beneficio a la población objetivo del fondo, y de aquellas acciones que no fueron ejecutadas y las que no fueron localizadas físicamente, en incumplimiento de la Ley…”, señala una de las observaciones.

Desde octubre de 2022, el mandatario, Villarreal Anaya, lleva las riendas del Gobierno de Tamaulipas, por lo cual las revisiones sobre la Cuenta Pública 2022 ya resultan de su competencia.

Obras deficientes

El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) que se distribuye entre los Gobiernos estatales debe ser invertido en beneficio de la población en pobreza, según lo expone la Auditoría Superior de la Federación en el “Marco de Referencia” sobre dicha bolsa de recursos públicos.

“El FISE tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de las localidades que presenten los mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad”.

Sin embargo, pese a esta relevancia del Fondo, los hallazgos del órgano fiscalizador evidencian que en Tamaulipas se ejerció durante el año 2022 con una gran cantidad de irregularidades, incluyendo obras que nunca funcionaron, o que lo hicieron pero defectuosamente; o incluso otras que terminaron realizándose en localizaciones distintas a las que debían tener.

Por eso, otra de las observaciones generadas en este caso sobre “contratos por el suministro y colocación de sistemas de almacenamiento de agua potable”, indica:

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 29,722,475.93 pesos (…), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los pagos realizados con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades del ejercicio fiscal 2022 en proyectos y acciones que no cumplieron con el criterio de beneficio a la población objetivo del fondo, y las acciones que no fueron concluidas o no se encontraron en operación, las que operan deficientemente, las que no se ejecutaron y las que se realizaron en un lugar distinto al contratado”.

Dichos y hechos

En contraste con estos resultados obtenidos por la Auditoría Superior de la Federación, el mandatario de Tamaulipas, Villarreal Anaya, ha aseverado que el combate a la corrupción tiene un lugar central en su agenda de Gobierno; así se indicó, por ejemplo, el 27 de Abril de 2023, cuando fue presentado el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028.

“Para el Gobierno de la Transformación en Tamaulipas, la honestidad es un principio absoluto y el combate a la corrupción es de estricta aplicación, afirmó el gobernador Américo Villarreal (…). Reiteró que el PED 2023-2028 plantea las respuestas éticas, preventivas, de control, vigilancia y rendición de cuentas para evitar que la corrupción siga deteriorando la imagen de la política y la función pública.

“La corrupción -todos los sabemos- es lo que más daño le ha hecho al país y a Tamaulipas. Debilita la capacidad del Estado y desvía los propósitos para los que fue concebido”.

No obstante, en sus apartados finales, la auditoría al FISE destaca que se determinaron 74 millones 449 mil 023.35 pesos pendientes por aclarar.

“En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, ya que no se apega a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos”.