Mientras que en Latinoamérica se castiga a los malos gobernantes con cárcel sin importar el cargo que ejercieron, en México parece ser que sigue siendo el país donde “no pasa nada”.
El miércoles pasado, el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a nueve años y medio de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, para ser exactos, fue encontrado culpable de aceptar sobornos de la constructora OAS por más de un millón de dólares.
El dinero, según la investigación judicial, fue utilizado en la remodelación y amueblamiento de un departamento de lujo localizado en la localidad costera de Guarujá, en el estado de Sao Paulo.
Lula, de 71 años y quien fuera presidente de Brasil de 2003 a 2010, negó los cargos por lo que dijo que apelaría la sentencia.
La sentencia dictada por el juez Sergio Moro, encargado de la investigación sobre la corrupción es histórica, ya que por primera vez un expresidente de Brasil es condenado por corrupción.
En Perú, la expareja presidencial descansa en prisión, Ollanta Humala, presidente del 2011 al 2016 y su esposa, Nadine Heredia, fueron encarcelados en prisión preventiva luego de verse involucrados en un escándalo de corrupción.
El exmandatario y su mujer permanecerán 18 meses en la cárcel, luego de que el juez Richard Odebrecht comenzara la investigación por lavado de activos y de asociación ilícita para delinquir.
Los encarcelados son investigados por haber recibido dinero de empresas venezolanas y brasileñas para su campaña electoral simulando aportes fantasmas.
En México las investigaciones por corrupción se han centrado principalmente entre exgobernadores.
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se encuentra preso en Guatemala y se espera que hoy sea extraditado a México para ser procesado por desvío de recursos y peculado.
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, tiene orden de aprehensión presuntamente acusado de desviar recursos hacia el PRI.
El exmandatario Guillermo Padrés, de Sonora, se encuentra recluido en la Ciudad de México.
El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, ha sido imputado por los delitos de daño patrimonial, peculado y abuso de funciones.
En México, la justicia es lenta. Lenta para castigar a los gobernantes involucrados en casos de corrupción y lenta en comparación con América Latina.
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