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Pese a la negativa del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para iniciar un proceso de regularización de los vehículos ilegales de procedencia extranjera, organizaciones campesinas y de defensa del patrimonio familiar no quitan el dedo del renglón en ese tema.
Insisten en que es urgente una medida oficial para poner en regla cerca de 7 millones de vehículos ilegales, los llamados carros “chocolate”, que circulan por todo el territorio nacional.
Organizaciones como la Unión Campesina Democrática (UCD) y la Organización Nacional Para la Defensa del Patrimonio Familiar (Onappafa), con el respaldo de la bancada de Morena, presentarán este jueves una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados para empujar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a ceder en su postura.
“Es urgente que el Gobierno federal vea también por los que menos recursos tienen. No todos los mexicanos tienen la posibilidad de tener un auto nuevo, de esos que salen de las plantas ensambladoras que se han puesto en operación en los últimos días, y una de las formas que el gobierno puede hacer para que los mexicanos de escasos recursos tengan un auto, es mediante la legalización”, dijo el líder nacional de Onappafa, José Guadalupe Barrios Núñez.
Por esa razón, un grupo de diputados de la fracción parlamentaria de Morena presentarán una iniciativa de ley.
“Para posibilitar que al menos 7 millones de familias, que a la fecha tienen un auto de procedencia extranjera, que se considera ilegal, puedan estar dentro de la ley con su patrimonio regularizado, pagando debidamente los impuestos correspondientes”, dijo Barrios Núñez .
De acuerdo al censo nacional de Onappafa, el que no es distante de las cifras que maneja la propia UCD, en todo el país circulan 7 millones 410 mil vehículos de procedencia extranjera.
“Cuyos propietarios están expuestos al acoso de la corrupción de algunos agentes de tránsito, que no pierden la oportunidad de hacerles cobros ilegales para permitirles la libre circulación”, explicó Barrios Núñez.
De acuerdo a la versión del empresario Juan Pablo Arriaga, representante en Michoacán de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), una virtual legalización de autos “chocolate” pone en riesgo no solo a la economía del país, también al entorno ecológico debido al usual mal estado mecánico de esas unidades.
Derecho de los pobres
Para el dirigente de la Organización Nacional Para la Defensa del Patrimonio Familiar, la población de bajos recursos debe tener acceso a comprar un auto.
“La legalización de los autos de procedencia extranjera, que con muchos esfuerzos logra comprar una familia de pocos recursos, es un derecho al que también deben tener acceso los pobres”, dijo José Guadalupe Barrios Núñez.
Los distribuidores en contra
La iniciativa de Morena para buscar la posibilidad de un periodo de regularización de autos de procedencia extranjera enfrenta el rechazo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA).
Los argumentos más fuertes que esgrimen es la afectación económica que eso podría generar a la planta manufacturera de automóviles nuevos, que de acuerdo a la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA) es uno de los pilares de la economía mexicana.
Solo en el mes de septiembre del 2016, la planta automotriz en México reportó la venta de 131 mil 443 unidades nuevas.
Durante el primer semestre de este año, las ventas de automóviles nuevos fueron de 721 mil 856 unidades, de un total de un millón 673 mil 970 autos fabricados.
De acuerdo con la AMDA, solo entre los años 2014 y el 2015 fueron más de 980 mil los vehículos que ingresaron al país; casi el 95 por ciento procedía de Estados Unidos.
De todos los autos nuevos vendidos, los datos de la AMIA hasta julio del año pasado reportan que 3 mil 724 unidades fueron de tecnología avanzada contra la contaminación.
Según la AMDA, un año de importación de vehículos extranjeros en mal estado mecánico contamina más de lo que hacen los autos nuevos en seis años, aun con la aplicación de las normas que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los empresarios consideran que al ingresar dichas unidades al país tienen que circular sin placas o con palcas caducas, “lo que contribuye significativamente a la inseguridad pública”, explicó Juan Pablo Arriaga.
