El problema parece no tener fin. Las autoridades insisten en retirarlos de la vía pública y ellos en “torear” a la policía bajo el argumento de que es la única alternativa para mantener a sus familias.
Tiene dos actores principales: las autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF) y los ambulantes, que viven eternamente confrontados, pero que se usan uno al otro.
Ahora los comerciantes ambulantes formaron una Coalición para hacer frente a la embestida del gobierno capitalino, que acusan, es violenta, represora y termina por fabricarles delitos, pedirles dinero y robarles la mercancía.
Cerca de 40 líderes de ambulantes sumaron fuerzas para exigir al gobierno poner fin a los operativos en el Centro Histórico, que se han convertido en una persecución diaria a quienes se atreven a “torear” a las autoridades e insisten en vender su mercancía en este perímetro.
Con el lema “Fin a la persecución policiaca, política y la discriminación laboral”, los del gremio denunciaron que en los últimos cinco meses de 2012 se han recrudecido las políticas en contra de comerciantes ambulantes no afines al gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón.
Los informales ubican al actual secretario de Gobierno Héctor Serrano como el actor más importante de las acciones en contra del ambulante, que no ha cumplido con los compromisos hechos desde el 2007, fecha en la que se llevó a cabo la acción más importante de reubicación a través de plazas comerciales.
En ese entonces, Serrano se desempeñaba como el titular de Reordenamiento de la Vía Pública y fue el brazo ejecutor de Marcelo Ebrard al encabezar las negociaciones con los comerciantes ambulantes.
Pero hoy, señalan al secretario de Seguridad Pública local, Manuel Mondragón y Kalb, como el principal responsable de los operativos policiacos en el Centro Histórico, mediante el cual los ambulantes son detenidos por los uniformados, quienes optan por acusar a los informales por el delito de resistencia a particulares a fin de llevarlos directamente al Ministerio Público y al Juez Cívico.
Encabezados por Diana Barrios, hija de la legendaria líder de ambulantes del Distrito Federal, Alejandra Barrios, los representantes relataron historias de extorsión y persecución de las que son víctimas.
Según sus cifras, suman ya alrededor de 200 comerciantes ambulantes que están tras las rejas acusados por delitos de agresión en contra de las autoridades, principalmente.
Elizabeth Velásquez Corona, comerciante informal de la delegación Venustiano Carranza, relató que al oponerse a entregar 350 mil pesos que las autoridades le exigían para permitirle a ella y sus agremiados instalarse en las calle, fue enviada por dos años al reclusorio.
Georgina de Jesús Laureno acusa que los propios servidores públicos de la delegación Cuauhtémoc son quienes instalan sus puestos en la vía pública.
Señala a un coordinador del Comercio en la Vía Pública con indicativo “JAVES” como el responsable de pedirles 30 mil pesos por puesto y de casetas de tortas en las inmediaciones del Metro Chabacano.
Max Simón, del Bloque de Organizaciones Sociales Emiliano Zapata, refiere que cuando pagan sus multas para quedar en libertad, el Juez Cívico nunca entrega recibo a cambio del dinero. ¿A dónde va a parar ese dinero?, cuestionó.
“Hemos intentado hablar con las autoridades, pero se bajó la cortina”, dijo Francisco, de la Organización de Artesanos.
“Ebrard y Camacho intentaron desde hace 20 años reubicar el comercio con políticas unilaterales que violan la Constitución y no nos toman en cuenta”, acusó Armando Becerril.
La “mesitis” no funciona, dijeron en alusión a las mesas de trabajo; las plazas comerciales son un fracaso y el INVEA, una herramienta para amedrentar a los establecidos que se solidarizan con los ambulantes, fueron algunos de los temas expuestos en la reunión de la coalición.
La administración de Marcelo Ebrard está en la recta final. ¿Cuál será la política del jefe de gobierno electo, Miguel Ángel Mancera?, se preguntan los informales. Huele a continuidad.