A nivel nacional existe un importante problema de atención médica: las ambulancias “patito”, las cuales, a pesar de que la mayoría son irregulares, ayudan a subsanar las carencias en los servicios de urgencias públicos donde existe un déficit.
Su funcionamiento se encuentra regulado legalmente tanto a nivel federal como en las entidades; sin embargo, continúan operando al margen de la ley por la falta de supervisión.
Especialistas afirman que el funcionamiento de estos servicios se tiene que regular de manera efectiva, así como supervisar la calidad que ofrecen.
Víctimas de este tipo de servicios revelan que las ambulancias privadas carecen de preparación, realizan cobros injustos y tienen arreglos con autoridades para llegar primero a las emergencias.
“Es necesario para que los usuarios tengan la certeza de que, si se traslada a un familiar en una unidad particular, cuenta con el aval para ofrecer sus servicios: no solo de traslado, sino con personal capacitado para brindar el auxilio necesario”, detalló al dar el anuncio del operativo Olivia López Arellano, titular de la dependencia capitalina.
No obstante, también la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), advirtió que la problemática proliferó durante la pandemia de COVID-19.
El 9 de septiembre de 2020, el órgano federal publicó en su portal electrónico un llamado a la población para evitar abusos por parte de ambulancias privadas irregulares.
Según la Cofepris, durante ese año, al inicio de la emergencia sanitaria, realizó a nivel nacional dos mil 257 verificaciones a unidades móviles de atención prehospitalaria.
Derivado de esas revisiones, la Comisión encontró que los servicios de ambulancias privadas carecen de acreditación académica del personal que opera; no cuentan con el protocolo de atención médica prehospitalaria ni con el aviso de funcionamiento como ambulancia.
Además, tampoco tienen el equipamiento que se requiere de acuerdo con los distintos tipos de ambulancia, que pueden ser de terapia intensiva, urgencias, traslado, entre otros; a las unidades no se les dan mantenimientos preventivos; utilizan insumos con caducidad vencida; y no tienen contrato con una empresa para la disposición final de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos.
Víctima de servicio irregular de las ambulancias patito
En 2017 Abraham Méndez perdió a su padre por un fallo cardiovascular derivado de una insuficiencia renal que padecía.
La tarde del 27 de mayo, Abraham recibió la llamada de su madre diciendo que regresando del mercado a su casa, su papá se desvaneció y no reaccionaba.
Fue así como tomó un taxi desde Buenavista, donde trabajaba en ese entonces en una tienda departamental, hasta una unidad habitacional en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.
Al llegar vio a una patrulla y a una ambulancia particular en el estacionamiento y, junto a ellas, a varios vecinos que consolaban a su madre.
“Mi papá estaba tirado en el piso, muerto, solo con una máquina para checar el pulso en el dedo”, relata.
Minutos después, un policía se acercó y le dijo que tenían que llevarse el cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), pues el señor murió en la vía pública y era necesario hacer una necropsia.
Después de que aceptó que se llevaran a su papá al Incifo, los paramédicos de la ambulancia privada con un rotulado que decía “Medical Services”, se acercaron para pedir una cuota de recuperación de 100 pesos.
“Me dijeron que ya habían hecho el viaje y gastado gasolina, que si les podíamos dar 100 pesos”, afirma.
A lo que se negó rotundamente porque su papá no fue puesto en una camilla ni atendido como lo necesitaba.
Los paramédicos quisieron quejarse con los policías pero no les hicieron caso.
“Los policías nos dijeron que no era nuestra obligación darles nada y que seguramente ellos llegaron primero porque interceptaron señales de radio”, indica.
Resignación pese a negligencia
Días después del fallecimiento, la mamá de Abraham Méndez le dijo que los paramédicos particulares no trataron de realizar maniobras de resucitación.
Sin embargo, no atribuye el deceso de su padre a la mala atención de los paramédicos del servicio privado porque ya estaba muy delicado de salud.
“Muy rápido empeoró, pasaron meses de cuando se le detectó insuficiencia renal a cuando necesitó diálisis, entonces, aunque fue doloroso, creemos que tenía que pasar”, detalla.
Agrega que su familia no presentó ninguna denuncia por negligencia porque los paramédicos nunca se identificaron.
“No nos dijeron sus nombres, nada más querían que les diéramos la cooperación”, cuenta.
Casos como el de Abraham fueron los que ocasionaron que, apenas en febrero de 2022, el Gobierno de la Ciudad de México publicara el “Reglamento para regular los vehículos de uso como ambulancia que circulan en la Ciudad de México, así como del personal técnico que presta sus servicios en la materia”.
Asimismo, obliga a los operadores a hacer el reporte de los faltantes, mantener una bitácora de insumos utilizados y cumplir con las disposiciones normativas para el manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos.
Además, cada ambulancia debe contar con un dictamen técnico, su aviso de funcionamiento y de Responsable Sanitario, y un holograma que obtendrá respecto de la verificación para poder circular.
De igual forma, define las tarifas máximas para los distintos tipos de servicios de emergencia que brindan.
Continúa leyendo: