La polémica por los dichos de algunos gobernadores que amenazan con salir del Pacto Fiscal es sólo una “politiquería”, ya que el reparto de estos recursos se realiza con base en métricas como el número de población, afirma Edgar Ortiz Arellano, especialista de la consultoría Bismarek.
“Las participaciones que reciben los estados de la República esta normadas. Es decir, no son una entrega de manera discrecional. Están normadas y el principio básico es el tamaño de la población, es decir, el número de habitantes que tienen, y otra variable importante tiene que ver con el desarrollo económico de cada estado”, explica el también académico de la UNAM.
El politólogo asegura que las fórmulas de las participaciones federales del Pacto Fiscal están claramente establecidas por la ley y no son prerrogativas otorgadas de manera discrecional por parte del Poder Ejecutivo o del Presidente. Además, están contempladas en el Presupuesto de Egresos de cada año, y los estados ya saben cuánto les va a tocar.
“Se les da de acuerdo con su población y también de acuerdo con sus necesidades. El sistema de participación es un sistema de carácter federal donde lo que se busca también es compensar a los estados que tienen mayores niveles de pobreza y la gran queja de estados que dicen ser económicamente muy sólidos, como es el caso de Nuevo León y Jalisco e incluso la Ciudad de México, es que lo que aportan en términos de recaudación fiscal es mucho más alta con respecto a otros estados”, expone.
Afirma que la distribución de estos recursos se da de manera equitativa, mas no igualitaria, y aquellas entidades que tienen mayor población obviamente reciben mayores cantidades de recursos.
El especialista afirma que esta vía de las participaciones federales no es la única fuente de financiamiento. Otro grave problema es que la mayoría de los estados de la República muy poco se preocupan realmente por ser autosuficientes económicamente.
“Hay estados que de antemano todavía no reciben sus presupuestos, todavía no reciben sus partidas presupuestales, y ya tienen endeudados o comprometidos por deuda esos recursos. Esto les genera ciertos problemas en su viabilidad económica, es decir, las finanzas públicas de los estados necesitan una gran reorganización y tienen que aprender a ser autosuficientes en términos económicos”, explica Edgar Ortiz Arellano.
“La realidad es que el sistema de las finanzas públicas mexicano le da a los estados, vía otros canales, vía subsidios, vía programas, vía otro tipo de ingresos, otros recursos, no es la única manera en la que los estados reciben dinero a partir de las participaciones, hay una serie de subsidios y de programas de diferente índole por los cuales los estados reciben recursos”.
Las áreas de finanzas de los gobiernos y las Tesorerías de los estados ya tienen calculado cuánto reciben en función al tamaño de la población, el Producto Interno Bruto, su actividad económica, los resultados del INEGI y además de otros datos históricos.
“Si no hubiese un proceso distributivo por parte de la Federación, la brecha entre estados ricos –y pongo ricos entre comillas–, y están los estados pobres –estos sí, sin comillas–, generaría todavía aún mayor desigualdad”, expone el experto.
Considera que, para los gobiernos estatales y municipales, señalar a la Federación y al Pacto Fiscal es una buena estrategia para eludir las responsabilidades que tienen como servidores públicos.
“También hay que recordar que parte de este dinero no pasa por los gobiernos estatales o se van directos a los municipios y también ahí en los municipios tenemos un gran problema de que los municipios manejan no de manera clara y eficiente los recursos que reciben directamente de la Federación.
“Esto se mezcla con política porque siempre es un buen discurso decir que la Federación no dio los recursos y con eso evadir las responsabilidades que como gobernadores y gobernantes locales tienen con la población”
Explica que si se revisa con detenimiento la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación, se entiende que es un tema eminentemente de carácter técnico.
“Las fórmulas para la repartición de los recursos están claramente estipuladas y además son publicadas. Están publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Y en todo caso, si las fórmulas están incorrectas, existen los foros pertinentes de los gobernadores para presentarlos ante la Secretaría de Hacienda”, expone.
Si hubiera un verdadero ánimo de hacer cambios en las participaciones federales, la vía sería ante reformas de ley en el Congreso de la Unión.
“Yo creo que desde el Congreso de La Unión podría hacerse una reforma suponiendo que están incorrectas las fórmulas de participación del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal y, si efectivamente ellos tienen la razón, pues yo creo que el Congreso podría aprobar estos cambios”, considera.
“En realidad, si uno lo revisa a detenimiento, no hay ningún estado más beneficiado. Si lo revisamos a simple vista vamos a darnos cuenta de que no es un asunto de carácter político, el estado más beneficiado en términos de participación en términos absolutos, aclaro, incluso relativos, es el Estado de México, que es un estado priista”, explica Ortiz Arellano.